El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez pidió formalmente denunciar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el presunto delito contra la administración de justicia, en la investigación seguida a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En el documento enviado por Pérez el 21 de diciembre, al que accedió El Comercio, el fiscal detalla las razones por las que Chávarry habría cometido encubrimiento personal y real para que “fracase” la pesquisa a Fujimori Higuchi por el presunto delito de lavado de activos, y el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Asimismo, consideró que Chávarry está “afectando” las relaciones entre el equipo especial peruano con sus pares de la Procuraduría de Brasil, a cargo del Caso Lava Jato, para evitar que se recaben más elementos de convicción contra la lideresa del fujimorismo.

“Existen indicios concomitantes de la actitud desplegada [por Pedro Chávarry] para que fracase la acción persecutoria contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular”, manifestó Pérez.

En once páginas, el fiscal argumenta su denuncia con los oficios enviados por Chávarry al equipo especial y la declaración del testigo protegido TP-2017-55-03.

Pérez manifestó en su solicitud que Chávarry, a través del secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, está buscando “entorpecer u obstruir” el acuerdo de colaboración.

Una prueba de ello –según él– es el oficio enviado el 17 de diciembre, en el que Chávarry solicita a Vela que le informe sobre los “presuntos cuestionamientos” al convenio. Para Pérez, el fiscal de la Nación buscaría que el ex jefe de Odebrecht en el Perú no declare.

“Las acciones dolosas […] tienen como finalidad que los sujetos actualmente procesados logren sustraerse de la persecución penal. Por ejemplo, pretender que fracase el proceso de colaboración para que Jorge Barata no declare en juicio”, dijo.

Otro hecho que describe Pérez son las declaraciones brindadas por el testigo protegido sobre cómo la bancada fujimorista acordó no tramitar en grupo las denuncias constitucionales contra Chávarry. También incluyó como prueba el contenido del desaparecido chat La Botica, en el que los congresistas, su lideresa y los principales asesores acordaban apoyar a Chávarry.

—Responde—
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se pronunció anoche a través de su cuenta de Twitter sobre esta denuncia y dijo que es una acusación “llena de subjetividades”.

Chávarry, enfrentado públicamente con Pérez, asegura que el documento “ni siquiera refiere” los actos que se le atribuyen y “carece” de sustento jurídico penal.

“Todas las acciones que he tomado como fiscal de la Nación se enmarcan estrictamente en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Ministerio Público”, indica en su comunicado.

—Llegaría al Congreso—
Este Diario pudo confirmar que el pedido de Pérez ya fue enviado por el fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo especial del Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, para que decida si toma acciones contra Chávarry.

Como el titular del Ministerio Público no puede investigarse a sí mismo, tendría que inhibirse y pasar el caso al fiscal supremo de mayor antigüedad. Es decir, al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

“[Tras la inhibición] se elevan los actuados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin el pronunciamiento del Congreso no se puede realizar ningún tipo de proceso”, precisó el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.

El abogado constitucionalista Luciano López explicó que el delito que denuncia Pérez habría sido cometido en el ejercicio de la función. Por lo tanto, son aplicables los artículos 99 y 100 de la Constitución.

“Por eso es que tendría la inmunidad que previamente requerirá una denuncia constitucional”, indicó a este Diario.