Fernando Vivas

Un pedido de asilo no se saca de la manga, por más king size que sea. Tiene que ser, en una trepidante coyuntura como esta, una decisión rápida; pero nace de una historia larga, la del partido más viejo del Perú. El Apra, fundado en 1924 en México por Víctor Raúl Haya de la Torre, obliga a sus dirigentes –cuando están en trance letal– a pensar si la temeridad que cometen tiene un correlato con la épica de sus pioneros.

Fuentes diplomáticas me cuentan que el mismo sábado 17, mientras el abogado Erasmo Reyna se allanaba al impedimento de salida del país y José Domingo Pérez proclamaba “ahora sí se le va a investigar [a Alan García] como corresponde”, oyeron de emisarios apristas consultando sobre el asilo con funcionarios de Colombia, México y Chile, además de Uruguay. Solo Montevideo dijo sí y en esas estamos. Al pedir SOS al partido e invocar a Colombia, Alan García asoció su susto a la historia larga.

Volvamos a ella. La comparación con Víctor Raúl es odiosa para todos los militantes, pues tanto giro y pacto ha pasado bajo el puente, además de dos mandatos en los que el propio García puso a prueba cuán vulnerable era la economía del Perú a sus audacias nacionalistas (1985-1990) y cuán elástico era el PAP a su viraje desde el centro a la derecha (2006-2011). Es común acuerdo subrayar que la segunda vez fue mucho mejor, acusaciones de corrupción aparte.

Haya no gobernó, firmó la Constitución de 1979 en su lecho de muerte, y expiró en aura de cuasi santidad, viviendo a expensas de la organización a la que se dedicó por entero. No tuvo el estigma de haberse enriquecido o siquiera frivolizado en el poder. Por el contrario, su culto tiene distintos momentos épicos que ofrecer a su feligresía política: primero, el del precoz líder estudiantil e intelectual, deportado a México, donde fundó el Apra. Segundo, está la dramática represión durante la década del 30, cuando purgó durísima carcelería mientras sus compañeros se desangraban en la rebelión de Trujillo. Finalmente, el largo asilo en la Embajada de Colombia entre 1949 y 1954, rodeado de sus libros y alimentando a las palomas.

El tercero, sin dejar su toque romántico de martirologio entre patria y exilio es, digamos, más elegante y menos tortuoso de replicar para un García que frisa los 70 y ha adquirido costumbres más remolonas. Cuando intentó replicarlo por primera vez el 5 de abril de 1992, era suficientemente ágil como para meterse en un tanque de agua y pasar sus primeras horas de clandestinidad. Fue la misma noche del golpe fujimorista que se disolvió el Congreso y un contingente policial fue a su casa para detenerlo. Jorge del Castillo, quien, además de correligionario, era uno de sus defensores, enfrentó el operativo y contó la anécdota con un claro propósito mitificador.

—Colombia, otra vez—
Aunque su paso por el gobierno provocó denuncias de enriquecimiento ilícito, sepultadas en el Congreso por pocos votos a su favor (el trance lo cuenta Pedro Cateriano en “El caso García”), nadie dudó de que el operativo era una más de las medidas represivas que ese mismo día sufrieron varios personajes e instituciones. Incluso se denunció que encontraron armas sin licencia en su casa, lo que confirmaba la inquina persecutoria.

Por lo tanto, no fue difícil para el gobierno del presidente colombiano César Gaviria, una vez que García llegó a casa de su embajador y pidió asilo el 1 de junio, concedérselo al día siguiente. Y tampoco fue muy difícil para Fujimori extender rápidamente el salvoconducto, pues quería aquietar las aguas tras el golpe y alejar a un opositor incómodo. De Colombia, con invitaciones y permisos de rigor y de protocolo de asilado, García pasó a París, y la noticia fue aprovechada por el gobierno, la izquierda y la derecha –vaya líder para generar unidad– para difundir la leyenda de un exilio frívolo y dorado.

Más difícil que para Gaviria fue quizá en 1949 para el gobierno de Mariano Ospina, ya sumido en la época que los historiadores colombianos conocen como ‘la violencia’, recibir a Víctor Raúl. Tan complicado que, para determinar si Colombia tenía derecho a definir que se lo perseguía por razones políticas y no por delitos comunes, el caso se llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En el fallo de la CIJ, emitido el 20 de noviembre de 1950, varios meses luego de que Haya ingresara a la embajada, el 3 de enero de 1949, está el quid de esta crónica.

—Arroz amargo—
En setiembre de 1949, el Perú y Colombia decidieron elevar el lío a la CIJ. La defensa peruana la presidió Felipe Tudela y Barreda, el padre del ex canciller Francisco Tudela. Y empató con la colombiana: dieron la razón al Perú en su queja de que Colombia no debió calificar unilateralmente al asilado y, por lo tanto, el asilo era improcedente, y a la vez estableció que no había obligación de entrega. Y, ¡mucho ojo!, la CIJ falló 15 votos contra 1, declarando que el delito de alentar una rebelión militar, por lo que se buscaba detener a Víctor Raúl, no era un delito común para el espíritu de la normativa del asilo. He ahí la diferencia, elevada a fallo internacional, entre un caso y otro. El lavado de activos y la colusión, que es de lo que se investiga a García, difícilmente pasan por delitos asociados a la acción política.

El 13 de diciembre de 1950, Colombia pidió una explicación de cómo ejecutar el fallo y trasladar a Haya a Bogotá. La corte volvió a ser ambigua: ni había obligación de entregarlo al Perú ni el Perú estaba obligado a extender un salvoconducto. Pasaron 3 años más, hasta 1954, para que la controversia se dilucidara en pacto amistoso. Haya pudo viajar a México y de allí fue –señal del destino– a Montevideo, a un evento donde pudo reunirse con sus correligionarios.

García ya cometió el gesto temerario e irreversible. El Gobierno Peruano ya dijo al de Uruguay lo que tenía que decir. Todo el peso de la decisión está en el presidente Tabaré Vázquez y en sus consideraciones trasversales, humanas, políticas y estratégicas. Hasta la economía cuenta. Miren la balanza comercial en el 2017 (fuente, la Sunat): el Perú exportó por US$39,6 millones a Uruguay e importó US$192,4 millones. De estos, nada menos que US$140,3 son importaciones de arroz. O sea, quienes más podrían perder si Vázquez concede el asilo a García son los arroceros del Uruguay. Graneado dilema para su presidente.

No era común
En el comunicado de prensa que la CIJ emitió el 20 de noviembre de 1950, el mismo día del fallo, explicó que a Haya de la Torre se lo acusó de alentar una rebelión, y ello no calificaba de delito común.