Daniel Macera

Son 200 millones de bolsas de plástico las que distribuyen únicamente los supermercados en el Perú año a año, formando parte de las 336.000 toneladas métricas de residuos de este material que se acumulan en el territorio. La problemática del plástico es conocida en todo el mundo por la gran contaminación que genera en los ecosistemas, y en este sentido, más de 40 gobiernos ya cuentan con medidas –entre prohibiciones e impuestos a la producción– que buscan desincentivar su consumo.

Para ponerse a la par, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la semana pasada un dictamen que recoge siete proyectos de ley cuyas medidas van desde la prohibición absoluta de la fabricación de vasos de plástico hasta la exigencia a los establecimientos comerciales de empezar a cobrar por cada bolsa plástica. Incluye, además, la creación del impuesto al consumo de las bolsas de plástico.

Con este impuesto se busca gravar la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar bienes enajenados por los establecimientos comerciales. El cobro es por unidad adquirida y se aplicará de manera gradual: desde S/0,10 en el 2019, una subida anual de 10 céntimos hasta llegar a S/0,50 en el 2023 y los años subsiguientes.

“Un impuesto similar logró la reducción de uso de bolsas plásticas en un 90% en Irlanda y en un 30% en Colombia”, explica el congresista Alberto de Belaunde, autor de uno de los proyectos recogidos por la Comisión de Economía.

No obstante, entre las opiniones sobre esta propuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra una posición negativa, pues, entre otros argumentos, considera que no va de acuerdo a lo establecido en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2021 al no cumplir con los principios de suficiencia y simplicidad (pocos impuestos de fácil recaudación y administración).

“Si bien podría reducir el consumo en algunos casos, no impediría que las personas con mayor poder adquisitivo lo hagan y las adquiridas de origen informal sigan en el mercado”, agrega la entidad. Cabe resaltar, además, que el MEF no estaría en capacidad de aprobar tributos con fines predeterminados ni por encargo, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.

“El impuesto puede reemplazar a la prohibición total. Es positivo en la medida en que este sirva para fomentar un tema de cultura del reciclaje o que vaya más allá de la generación de un nuevo ingreso para el Estado”, sostiene Jesús Salazar, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias.

BUENAS INTENCIONES

La meta del proyecto es reducir progresivamente el uso del plástico en el país, un sector que representa en la actualidad 0,43% del PBI nacional. En este sentido, por ejemplo, al cabo de 12 meses de publicada la ley los establecimientos comerciales deberán dejar de distribuir bolsas de plástico y cañitas de base polimérica (con especificaciones en cuanto a tamaño y espesor).

Luego de 36 meses de aprobada la ley, la prohibición se amplía para bolsas, platos, utensilios, vasos y vajillas de plástico que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación genere contaminación por microplástico.

Los plazos, advierte el MEF, son excesivamente reducidos y producirían altos costos sociales. Indica también que la medida puede ser desproporcionada si se le imputa toda la responsabilidad al productor.

Cabe resaltar que el proyecto no advierte que la prohibición absoluta podría generar efectos adversos debido a la posibilidad de que un posible sustituto al plástico podría ser incluso más contaminante.

“Si se prohíbe, se ven directamente impactados los que se dedican a la fabricación de bolsas, que no son menos de 100 empresas en el país y generalmente son pequeñas”, argumenta Salazar y agrega que el sector incluye 58 mil puestos directos de trabajo, que a su vez impactan en 220 mil puestos.

EL CAMINO AL PLENO

El dictamen aprobado en Economía se suma a uno similar aprobado en junio por la Comisión de Pueblos Andinos. “Hemos conseguido que todos los voceros del Parlamento firmen para que vaya al Pleno cuanto antes, pero el fujimorismo se niega”, explicó De Belaunde.

En camino llegaría, además, la aprobación de un tercer dictamen en la Comisión de Producción (presidida por Fuerza Popular), basado en las mismas metas.