Karem Barboza Quiroz

 

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó este miércoles 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori, tras aceptar la tesis fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó US$ 1 millón entregados por Odebrecht en el 2011.

El juez indicó que existe un alto grado de probabilidad de que se habría cometido el presunto delito de lavado de activo dispuesto por Fujimori Higuchi, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento, y tenencia del dinero ilícito.

“Con relación a Keiko Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave que esta persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht”, indicó.

El juez indicó también que en calidad de autora, con el asesoramiento de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, “dispuso” que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya solicitaran activo ilícitos a la empresa Odebrecht y que reciberon conjuntamente US$1 millón de dólares.

Agregó que el dinero se ingresó a la campaña electoral por intermedio de su entorno. En la región San Martin mediante el congresista Rolando Reátegui y en Lima, a través del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama.

Además, el juez acogió la tesis de que Keiko Fujimori dispuso que se realicen actos de transferencia del dinero a través de personas allegadas, usando actividades proselitistas como la “Gran Rifa” y una cena.

Así también acogió la presunción que los primeros US$500 mil entregado por Odebrecht fueron ingresados a la campaña en el año 2010 como “ingresos por actividades proselitistas” y los otros US$500 mil, en el 2011 “aportaciones individuales”.

“Sobre todos estos elementos de convicción, este despacho considera que la empresa Odebrecht habría hecho la entrega de US$1 millón a Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori con cargo a cuenta de la Caja 2 de la empresa Odebrecht. De lo que se desprende que estos fondos que habrían salido de Odebrecht y terminaron en la campaña del 2011 y habrían sido fondos de carácter ilícito”, resumió el juez Concepción Carhuancho.

-Elementos corroborados-

Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces, testigos protegidos, así como las declaraciones de los empresario brasileños, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri, y otros.

Sobre la credibilidad y corroboración de estas declaraciones indicó que documentos hallados en la casa del coinvestigado Vicente Silva Checa, las actas de diligencia fiscal, los chats de “La Botica” revelados, entre otros; demostrarían el poder de la cúpula de la presunta organización criminal.

A esto, se suma las declaraciones de los aportantes que han negado la entrega de dinero o los testigos que han reconocido haber prestado sus nombres para la “colocación” de los dinero presuntamente ilícitos.

El juez toma tomó como elemento de convicción la declaración de María Lidia Gobitz Morales (ex gerente de fiscalización de ONPE) quien señaló que Fuerza 2011 no detalló los nombres de las personas que adquirieron las “Gran Rifa” y “Cocteles” del partido mediante los que se registraron aportes.

El juez también incluyó en su análisis sobre los chats de “La Botica” y dice que sin entrar al tema político, se demuestra que congresistas iban a buscar medios afines “como los diarios chicha” para atacar al fiscal José Domingo Pérez.

Además, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori por estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro a una pena entre 10 años, como mínimo, y 13 años de prisión, como máximo.

A eso se suma, dijo el juez, el poder que tendría sobre entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry. “Es decir, un comportamiento de interferencia en el sistema de justicia y que podía tener impacto en esta investigación”, sostuvo.

Ello, indica se vuelve a poner en evidencia con la declaración del “TP 2017-55-3” de donde se concluye que “Fuerza Popular quería tener presionado al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry y blincar César Hinostroza, que esto demostraría que querían captar el sistema de justicia”.

Concepción Carhuancho indicó que los fundamentos de su resolución se plegaron al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde -agregó- una audiencia de prisión preventiva “se convirtió en un mini-juicio”.

Keiko Fujimori fue será conducida en breve al local de Medicina Legal y posteriormente a la carceleta de Palacio de Justicia a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decida a qué penal será enviada para cumplir la prisión preventiva.