“La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Me han perseguido 18 años y nunca han mostrado una prueba, y así, sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad”, escribió días atrás Keiko Fujimori en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter, cuando se encontraba detenida preliminarmente.

Habría, en realidad, muchas precisiones que hacer a su reclamo. Por un lado, poner en evidencia la confusión que hace entre persecución e investigación. Por otro, recordar que las materias de las investigaciones a las que se la ha sometido a lo largo del tiempo han sido distintas y que, por lo tanto, no es consistente entender todo como un solo proceso. Y por último, hacer notar que las pruebas son eventualmente el corolario pero nunca el punto de partida de una investigación, por lo que mal podría exigírselas antes de que esta sea emprendida.

Más allá de las objeciones que se podrían plantear en este caso a su línea argumental, sin embargo, las coincidencias entre su discurso y el modulado por otros políticos en circunstancias similares saltan a la vista. Los nombres y los detalles de las historias particulares podrán cambiar, pero cada vez que un político se ha convertido en nuestro país en objeto de una investigación con probables derivaciones penales, su defensa ha sido siempre la misma: sostener que lo que le sucede es producto de alguna venganza o conspiración de sus adversarios que, pretextando la comisión de supuestos delitos, buscan alejarlo del poder.

Revisemos, a fin de ilustrar el fenómeno, algunos ejemplos de la historia reciente. En el 2013, el ex presidente Alan García declaró sobre la megacomisión congresal que investigaba su segundo gobierno: “Ya hay un informe en el que se encuentra responsabilidad en los hechos investigados sin escucharme antes. Es una persecución política”.

En el 2016, por otra parte, en el contexto de la investigación a Nadine Heredia por presunto lavado de activos, el Congreso aprobó una moción para solicitar a la FAO que dejase sin efecto el nombramiento de la ex primera dama como jefa de oficina en Ginebra y el ex presidente Humala señaló: “Esta es una medida desproporcionada y podría ser que se vea que hoy en el Perú habría una persecución política”.

En mayo del 2017, de otro lado, en una entrevista concedida a la agencia Efe, Alejandro Toledo trató de justificar sus problemas con la justicia peruana aseverando: “Hoy día soy un perseguido político y me quieren desaparecer del cuadro para que no impida la próxima elección de Keiko Fujimori”.

Y en marzo de este año, días después de haberse visto obligado a renunciar a la presidencia para evitar ser vacado por el Congreso a consecuencia de la confirmación de sus antes negados vínculos con Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski escribió en su cuenta de Twitter: “Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país”.

Los ejemplos podrían continuar, pero lo variado y contrapuesto de la procedencia de cada una de estas argumentaciones basta para comprobar la similitud esencial que apuntábamos al principio: ningún político considera siquiera la posibilidad de que exista fundamento para investigarlo; todos son víctimas de alguna persecución de origen indeterminado pero sospechoso que tiene por fin eliminarlos políticamente para encumbrar a sus adversarios. Una pretensión, literalmente, delirante, porque supondría tantos perseguidores como perseguidos, cambiantes e instalados sucesivamente en el poder en un lapso de solo cinco años…

Con esto no queremos decir que las persecuciones políticas no existan. De hecho, en el Perú han ocurrido pero durante regímenes autoritarios o directamente dictatoriales que no respetaron la autonomía de los poderes y las instituciones. Ocurrieron, desde luego, bajo Odría y bajo Velasco Alvarado. Y también bajo Fujimori. Es decir, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial fueron intervenidos para convertirse en un brazo, ora protector ora agresor, de un gobierno golpista. Y esa, claramente, no es la situación que vivimos ahora.