I. INTRODUCCIÓN1

El agua era como agua del mar: bien salado. Cuando se bañaban, los niños se pelaban. […] Hubo derrames también. El crudo había bajado, dos veces esta cantidad de doble [figura el grosor de la capa de petróleo con sus dedos], por acá. Los peces no podían respirar -porque los peces también respiran-. Tenían que morir. Palometa, boquichico, liza, sábalo, zúngaro, taricaya, charapa: salían, todos cerrados sus ojos. puro crudo. Y los animales también, las aves, se embarraban: todo era bañado de crudo2.

Describiendo a los niños ?pelándose? y a los animales selváticos sofocados por el petróleo crudo, Gabriel Cahuaza3, morador de la comunidad de Capahuari, narra el impacto de la industria petrolera en los seres vivos de esta parte del río Pastaza (región Loreto, Perú). En la época en la que se produjeron estos derrames (años 1980 y 1990), no se logró hacer una denuncia pública. A inicios de los años 2010, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (fediquep), que representa a una veintena de comunidades del río Pastaza, empezó a organizar protestas. Pese a su exposición a la contaminación, Gabriel y la mayoría de los comuneros de Capahuari se mantuvieron al margen de las movilizaciones: para protestar, no son suficientes ni el daño ambiental ni su visibilidad.

A partir de un caso ?microscópico? (Sawicki 2000), pero emblemático, de las protestas ligadas a la industria extractiva y de sus ambigüedades, este artículo propone investigar las complejidades detrás de la aparente obviedad de las movilizaciones contra los daños generados por las empresas petroleras operando en territorios indígenas. En particular, se trata de estudiar la dependencia cotidiana experimentada por los pobladores vecinos de instalaciones petroleras y su influencia en las modalidades de protesta frente a la industria extractiva.

Las operaciones petroleras o mineras y su entorno social conforman un escenario cada vez más conflictivo en América Latina. Las poblaciones que se movilizan en torno a la explotación de recursos naturales en su territorio (minerales, hidrocarburos, etc.) cobran mayor visibilidad cuando reivindican una identidad indígena (Svampa 2011). Varios factores favorecen la visibilidad de esas protestas, tales como la institucionalización del ?multiculturalismo? -que permite valorar particularidades étnicas-, como resultado de las olas de democratización de los años 1990-2000 (Van-Cott 2000; Yashar 2005), o la consolidación de redes de activismo transnacionales que brindan recursos materiales, humanos y simbólicos a las organizaciones indígenas (Brysk 2000). Si bien esos análisis revelan tendencias globales que contribuyen a fortalecer las movilizaciones frente a la industria extractiva, el análisis de los movimientos indígenas ?desde arriba? nos expone al riesgo de exagerar la coherencia interna de los colectivos, oponiendo un Estado monolítico o un capitalismo unificado frente a grupos subalternos que hubieran ?nacido resistentes? (Sawyer 2009: 68). El prisma de la resistencia oculta las tensiones internas que atraviesan los grupos dominados y la variedad de experiencias vividas en su seno (Ortner 1995). Un enfoque etnográfico sobre las interacciones entre representantes de la sociedad rural y de la industria extractiva revela dinámicas más complejas que la de la oposición frontal entre bloques de actores homogéneos (Ballard y Banks 2003; Gilberthorpe y Rajak 2017). Propongo, entonces, partir de los alrededores de los sitios extractivos, para analizar las transformaciones sociales ocasionadas por la industria y sus efectos sobre las modalidades de protesta de las poblaciones locales.

Este análisis se sustenta en una etnografía sobre el caso del lote petrolero más antiguo y productivo del Perú, operado entre 2000 y 2017 por Pluspetrol, una compañía privada basada en Argentina. Desde 2012, el lote se ha tornado un caso mediatizado, a nivel nacional e internacional, por los pasivos ambientales dejados por las empresas petroleras, así como por la capacidad de movilización de las organizaciones indígenas. La etnografía consistió en hacer un seguimiento de los dirigentes de la FEDIQUEP y de las protestas que lideraron, pero también en efectuar estadías de varios meses en comunidades nativas de la llamada ?zona de influencia? del lote petrolero4. A partir de lógicas cotidianas y poco estudiadas, este artículo analiza los factores sociales de las protestas en espacios donde estas parecen improbables, debido a la multiplicidad de los lazos que se tejen diariamente entre la empresa y las comunidades.

A continuación, en la sección ii se propone un análisis de los efectos del enclave productivo sobre su entorno físico-poblacional. Se analizan los cambios sociales experimentados por los habitantes, especialmente aquellos ligados al peso creciente del trabajo obrero en las instalaciones petroleras. En la sección iii, el artículo explora los factores y motivos de movilización, desarrollando dos líneas de análisis: la de los dirigentes indígenas, a través de sus trayectorias de politización fuera de la cuenca del Pastaza, y la de los comuneros, relacionando su participación con su experiencia de la industria petrolera y de sus impactos socioambientales. De esta manera, se pretende relacionar dos líneas de reflexión pocas veces articuladas: la experiencia local y cotidiana de la actividad extractiva, analizada por la antropología de las industrias mineras y petroleras, que pone de manifiesto los intercambios materiales y la dependencia de las poblaciones locales hacia las empresas operadoras; y la estructuración de movilizaciones a escalas local, regional, nacional y hasta internacional, cuya orientación ambientalista y protestataria parece contradictoria con la coexistencia diaria de las empresas extractivas con los pueblos que las rodean. Las conclusiones sintetizan los resultados expuestos en el artículo y subrayan, a partir de ellos, los aportes que brinda esta investigación a la literatura sobre los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas.

II. DEL ENCLAVE PRODUCTIVO AL ESPACIO PETROLERO

En 1971, la compañía nacional Petroperú descubre dos importantes yacimientos al norte del departamento de Loreto, en la frontera con Ecuador. Una compañía americana compra la licencia de explotación e inicia la producción al mismo tiempo que se promulga la Ley de comunidades nativas, en 19745. En el río Pastaza, familias seminómadas comienzan a sedentarizarse dentro de pequeñas aldeas que se convirtieron, a lo largo de los años, en comunidades nativas oficiales. Algunas de ellas se asentaron en el lugar donde iban a construirse las instalaciones centrales de la compañía exploradora. Así nació la configuración que llamaré ?espacio petrolero?. Entendiéndose el espacio como un ?lugar practicado?, se trata de insistir en las interacciones y sociabilidades que surgen de una coexistencia cotidiana6. Esta expresión es similar a la de ?espacio relacional? que, en la etnografía que realizó Claudia Puerta sobre el proyecto minero El Cerrejón (Colombia), remite a ?un espacio social, político-jurídico y cultural en donde se configuraron campos de representaciones y de discursos y, también, se definieron y afinaron prácticas de intermediación y de negociación? (Puerta Silva 2010: 150). La noción de espacio petrolero permite insistir en los cambios inducidos por la interacción diaria y continua entre moradores de comunidades nativas y agentes del mundo industrial.

II.1. La industria fronteriza: enclave productivo y afectación socioterritorial

Pocos son los que viajan a bordo de los vuelos manejados por Pluspetrol, reservados para los empleados de la empresa. Para la mayoría de los que buscan acceder a las instalaciones petroleras, el camino es largo. Primero, hay que recorrer en varios medios de transporte -en avión, carro y en avioneta de tres asientos o en barco- los 800 kilómetros que separan Lima de San Lorenzo, última ciudad conectada con líneas de transporte fluvial o aéreo. Luego, hay que encontrar a una persona que esté surcando el río Pastaza con espacio en su embarcación. Con algo de suerte, uno podrá viajar en una chalupa, un barco metálico dotado de motores potentes, que llega al Alto Pastaza en unas diez horas. Pero la mayoría de los barcos que transitan el río son canoas de madera con un motor peke-peke -económico, pero poco potente-. Demoran hasta cuatro días para llegar, sin tener en cuenta los avatares técnicos o meteorológicos de un viaje siempre imprevisible. Sin embargo, estas condiciones no se comparan con las que prevalecían hasta hace unas décadas: muchos pobladores surcaban el río con remo, lo que demoraba varias semanas.

En la historia republicana del Perú, la selva siempre se ha caracterizado por su lejanía espacial, al estar separada de la capital nacional por la cordillera andina. A este elemento geofísico se suman categorizaciones históricas que hacen que la Amazonia sea considerada como un problema de gobierno, tratándose de un territorio ocupado por poblaciones llamadas ?salvajes?, cuyas riquezas supuestamente infinitas serían subexplotadas. A lo largo de la historia peruana, las élites gobernantes han multiplicado los discursos, proyectos y dispositivos para ?domesticar la frontera? (Barclay y Santos Granero 2002), apelando muchas veces a actores privados como misioneros, cauchos, colonos o comerciantes. En este sentido, la implantación de una industria petrolera en la zona fronteriza del río Pastaza aparece como una forma de conectar los confines territoriales con los centros políticos y económicos. Para entender los efectos de la explotación petrolera sobre su entorno físico-social, veamos tres elementos constitutivos de esta industria.

Primeramente, depende de un sistema técnico que permite transformar los hidrocarburos contenidos en los subsuelos en mercancía. Extracción del crudo, recolección, separación del gas y del agua contenidos en el crudo extraído, tratamiento de los residuos, almacenamiento del petróleo, bombeo hasta la refinería: estas operaciones implican infraestructuras importantes. Los pozos, ductos, tanques y estaciones de bombeo se extienden, en el caso de este lote, sobre 500.000 hectáreas -más el Oleoducto Norperuano, obra gigantesca que cruza la barrera andina para llevar el petróleo hasta la refinería ubicada en la costa pacífica-. Se construyeron además infraestructuras de comunicación: carreteras para transitar entre las instalaciones, antena telefónica, aeropuerto para transportar a los trabajadores que entran y salen de la concesión, etc. La construcción y el mantenimiento de dichas infraestructuras no es nada fácil en un ambiente selvático donde el calor y la humedad aceleran la oxidación; de ahí los derrames de crudo y de petróleo, cada vez más frecuentes. Pero la fuente de contaminación más importante proviene de los vertimientos directos y sin tratamiento de aguas de producción extraídas con el petróleo, compuestas de gas y elementos químicos en los ríos de la zona. A pesar de que dicha práctica estaba prohibida en los países donde las empresas tenían su sede, duró hasta 2008, contaminando durablemente las quebradas que servían para consumo humano con aguas altamente tóxicas (La Torre López 1998).

En segundo lugar, la producción de petróleo se apoya en un sistema organizacional particular. Por un lado, la compañía Pluspetrol es la que tiene los derechos de explotación, pero, en la práctica, el proceso productivo se divide entre varias empresas contratistas que, según su rango de especialidad, se relevan entre los distintos campos de operación. Veremos más adelante que el recurrir a contratistas tiene implicaciones fuertes en la vida cotidiana del espacio petrolero. Por otro lado, los trabajadores (operativos, ingenieros y obreros) dependen de un régimen laboral específico. Dado el aislamiento de los enclaves petroleros y mineros, las empresas del sector extractivo suelen adoptar el modo de funcionamiento siguiente: los trabajadores permanecen tres semanas en las instalaciones, laborando continuamente; luego, tienen una semana de descanso, generalmente en la ciudad donde viven con sus familias. Además de generar idas y vueltas diarias de aviones que transportan a los trabajadores, este régimen laboral tuvo consecuencias importantes en las comunidades nativas vecinas: hasta 2008, era frecuente que los trabajadores fueran a disfrutar de su tiempo libre a Andoas, la mayor comunidad nativa ubicada al lado del lote, donde eran atendidos por comerciantes, vendedores de comida, propietarios de bares y prostitutas. Se adivina el fuerte impacto socioeconómico generado por este tipo de encuentro social. Mencionemos, entre otros procesos, la monetarización de la economía, la difusión del consumo de alcohol procesado, la multiplicación de las madres solteras y la propagación de enfermedades sexualmente transmisibles como el sida y las hepatitis. A este sistema productivo técnico-social se fue sumando un tercer elemento clave: la gestión de las relaciones con el entorno social. Este elemento genera profundas transformaciones, que cabe examinar más en detalle.

II.2. Creando ?aceptabilidad social?: la política clientelar de los servicios de relaciones comunitarias

La industria petrolera y minera ha sido particularmente vanguardista en la adopción del discurso de ?responsabilidad social empresarial? (rse): ?Estas compañías que eran la irresponsabilidad capitalista encarnada – las industrias extractivas […] han surgido hoy como las lideresas de la causa rse? (Rajak 2011: 11). La rapidez con la que las empresas del sector implementaron políticas de rse puede interpretarse como una reacción defensiva frente a las movilizaciones anticorporación de los años 1980 (Soule 2009). Pero también se entiende a la luz de la vulnerabilidad de los enclaves productivos. En el caso particular de las industrias extractivas, es preciso proteger las instalaciones de un entorno natural y social que puede afectar la producción. Es lo que el geógrafo Nicolas Donner llama ?procesos de inmunización de la explotación? (Donner 2011): estos combinan técnicas defensivas (edificar barreras para encapsular la actividad industrial) y técnicas preventivas que consisten en controlar las relaciones con el entorno físico-social; este segundo tipo coincide con las técnicas de rse.

En la industria extractiva peruana, la rse dio lugar a la creación de servicios de ?relaciones comunitarias? en casi todos los proyectos mineros y de hidrocarburos. Este proceso lo incentivó el Ministerio de Energía y Minas tras la publicación en 2001 de una Guía de relaciones comunitarias, donde se plantea la tarea de ?[impulsar] los impactos positivos y [manejar] los impactos negativos de los proyectos energético-mineros sobre las comunidades [para permitir] el desarrollo de relaciones armoniosas entre empresas y poblaciones? (ddgaa 2001: 6). Indudablemente, asistimos a un proceso de formalización de la rse. Prueba de ello es, a escala mundial, la publicación en 2010 de la norma ?iso 26000? sobre la responsabilidad social o, a nivel nacional, la publicación de varias guías oficiales. Sin embargo, si nos enfocamos en la elaboración de dichas políticas de rse, su formalización y su creciente relación con el discurso del desarrollo sostenible, nos exponemos al riesgo de obviar ?las relaciones entre estos marcos y las prácticas que estos supuestamente conducen y legitiman?, menospreciando ?la intricada red de relaciones sociales, de dinámicas de poder y de culturas organizacionales interactuando constantemente con realidades socioeconómicas cambiantes? (Rajak 2006: 193). Es entonces necesario estudiar las prácticas efectivas de RSE y sus efectos locales.

En el Pastaza, la creación de un servicio de relaciones comunitarias se remonta al año 2000, cuando la compañía Pluspetrol retomó la concesión. Según un gerente de Pluspetrol, este servicio surge en un contexto caracterizado por una ?organización comunal antagonista, reivindicativa, contestataria, bien organizada para la lucha, pero poco organizada para la visión compartida de desarrollo?7. De acuerdo a los discursos corporativos, se trata entonces de producir la ?aceptabilidad social? de una industria altamente impactante, mediante un trabajo que consiste básicamente en distribuir bienes y servicios a las poblaciones locales. La dificultad reside en que los ?relacionistas? manejan recursos limitados mientras que las expectativas de los habitantes son altas. Esta tensión hace que, más allá de los discursos públicos (que consisten en criticar un pasado filantrópico y paternalista, y valorar la racionalización de las relaciones comunitarias y su acción a favor de un desarrollo sostenible), en la práctica, los estilos de acción se entremezclen.

Los recursos distribuidos pueden clasificarse en cuatro categorías. Un primer tipo de recursos consiste en bienes materiales que van desde galones de gasolina y de aceite hasta las obras comunales financiadas por Pluspetrol. Una segunda categoría está relacionada con iniciativas que supuestamente fomentan el desarrollo local, tal como cursos de capacitación, becas de estudios universitarios, financiamiento de proyectos productivos (piscicultura, ganadería, etc.) o apoyo institucional a organizaciones indígenas. Un tercer tipo de recursos incluye los servicios inmateriales: atención en la clínica de la empresa a los habitantes con problemas graves de salud, cupos de avión en caso de emergencia sanitaria o para realizar trámites administrativos en ciudades, etc. La cuarta categoría consiste en el acceso al empleo en las instalaciones petroleras. Cuando Pluspetrol retomó la concesión, los habitantes empezaron a ser contratados por empresas contratistas por periodos generalmente limitados a un mes. Pero desde 2008-2009, incentivadas y asesoradas por los empleados de relaciones comunitarias, las comunidades cercanas han ido creando ?empresas comunales?. Esas empresas fundadas por al menos un 60% de los comuneros gestionan equipos de trabajo rotativos que intervienen en labores no calificadas (principalmente, el mantenimiento de las instalaciones). Institucionalizadas bajo el gobierno de Alberto Fujimori con el objetivo de integrar las sociedades rurales en la economía de mercado (Robles Mendoza 2004), las empresas comunales se han convertido en un elemento central del dispositivo de RSE de las empresas extractivas. En el espacio petrolero del Pastaza, casi todas las comunidades tienen una empresa comunal, principal medio de acceso al empleo en el lote petrolero. Cabe mencionar otra vía de acceso al trabajo en las instalaciones, mucho más selectiva: la contratación de relacionistas originarios de las comunidades nativas.

Estos bienes se distribuyen según modalidades que fluctúan entre la lógica del favor otorgado de manera individual e informal y la lógica de la negociación pública y formalizada mediante convenios anuales firmados entre Pluspetrol y cada comunidad del entorno. En dichos convenios siempre figura la misma e idéntica cláusula que indica que ?la comunidad mantiene indemne a Pluspetrol de cualquier reclamo, juicio, acción, daño, pérdida, gastos, costos que sean dirigidos contra Pluspetrol?. Así, se pretende inmunizar la producción petrolera de cualquier tipo de protesta social. Los discursos de los relacionistas revelan la lógica ambigua de la ESE: al mismo tiempo que afirman trabajar en estos servicios ?para hacer desarrollo, no para hacer otra cosa?8, queriendo ?mirar el tema sentimental, humano?9, reconocen el carácter estratégico de su acción: ?¿Quién va a gastar más plata que lo necesario? ¡Un filantrópico!? 10. Entre formalización y arreglos informales, responsabilidad moral y estrategia económica, la RSE se puede analizar como una política del don que genera obligaciones mutuas y lazos de dependencia: ?El juego de don y contra-don crea un lazo social entre donantes y receptores, produciendo un método esencial para forjar alianzas diplomáticas? (Rajak 2006: 195). El fundamento estratégico de las relaciones comunitarias se confirma en la atención y los recursos crecientes que recibe el servicio. Se ha ido incrementando en cantidad de personal, en nivel de calificación y en posicionamiento institucional11, generando recursos para intervenir cada vez más en la vida cotidiana de la población local. Estas dinámicas remiten a lo que la historiadora Frederica Barclay ha identificado como ?técnicas de seducción? implementadas de manera continua desde la época del caucho (Barclay 2012). Pero estas se distinguen por su grado de relativa formalización y profesionalización, impulsando cambios sociales profundos.

II.3. Comunidades obreras: el trabajo en el lote petrolero como horizonte colectivo

La ?política social del don? (Rajak 2006) de la RSE en la industria extractiva se asemeja a un sistema de patronaje donde el flujo de bienes instituye una relación de dependencia entre los clientes y un patrón. Sin embargo, y tal y como se hace en los estudios etnográficos sobre clientelismo, conviene tomar en cuenta la perspectiva de los clientes (Auyero 2001; Combes 2011) para entender los efectos de tal sistema. En el Alto Pastaza, es frecuente que los habitantes llamen al servicio de relaciones comunitarias servicio de ?recursos humanos?: el acceso al empleo se ha convertido en el recurso más valorado por los comuneros. Constituye, por lo tanto, una vía privilegiada para analizar las transformaciones inducidas por las relaciones comunitarias.

En Capahuari y Andoas, donde se crearon las primeras empresas comunales, del 75 al 100% de los habitantes dicen haber recibido un ingreso por parte del sector petrolero en los últimos 12 meses12. El acceso al trabajo y la monetarización de la economía se nutren mutuamente, haciendo cada vez más imperativa la obtención de empleo. Sin embargo, este proceso no solo genera dependencia y necesidad: la participación en la economía petrolera también alimenta nuevas identidades sociales. El ser ?obrero? o ?trabajador? remite a un estatuto social valorado e integrado a las sociabilidades comunales, como lo demuestra la observación de un 1 de mayo celebrado en la comunidad de Capahuari.

Al amanecer, los trabajadores desayunan en la pensión de la empresa comunal13. Alegres, bromean acerca del ?día del haragán?: hoy terminarán su día al mediodía en vez de las cinco, para celebrar la ?fiesta del trabajador?. Pero la celebración no es solo para los obreros, insiste Juan después de haber reunido a los trabajadores y gerentes de la empresa comunal en la cancha de fútbol de la comunidad. Este hombre de cincuenta años, hijo de uno de los fundadores de la comunidad, renunció a trabajar en la empresa comunal para asumir el cargo de presidente de la comunidad nativa, que recibe el nombre de ?apu?. Frente a los sesenta obreros uniformizados, el apu explica que es un día importante para la empresa, ?pero también para los que trabajan en la chacra, en la casa… ¡No solamente los que trabajan en la empresa son trabajadores!?. En la tarde, los obreros disfrutan el descanso, participando en el torneo de fútbol que opone a los distintos equipos de trabajo de la empresa comunal, o sentados en el borde de la cancha con sus familias. Algunos se han ido a la casa de una autoridad comunal dotada de una congeladora alimentada por un pequeño grupo electrógeno, gracias al cual vende cerveza fresca. Al atardecer, encuentro al apu en esa casa. En sus alrededores, los hombres bailan al ritmo aturdidor de una cumbia local difundida por parlantes desmedidos. Algo entonado, el apu me saluda con alegría: ?¡Hoy es mi día! ¡Es el día del obrero!?. Incansablemente, el apu multiplica las rondas de cerveza clamando ?feliz día del obrero?14.

Hace varios años que el apu no trabaja en el sector petrolero; pero en el contexto del 1 de mayo, sigue definiéndose como ?trabajador? y ?obrero?. Manifiesta así la importancia de una cultura obrera híbrida, comparable a la que se va formando cuando comuneros andinos entran a trabajar en las minas (Salazar-Soler 2006). La adopción del 1 de mayo puede parecer sorprendente en una comunidad nativa. Pero con el crecimiento de las empresas comunales, los comuneros se convierten en trabajadores del sector petrolero, varios meses por año. Progresivamente, la cultura obrera se traslada a las actividades rurales. Es frecuente que los pobladores vayan a la chacra y al monte con el uniforme, las botas, el casco o hasta con los lentes que constituyen el ?equipo personal de protección? obligatorio. En las obras comunales, se nombra a veces a un ?capataz? para manejar el trabajo colectivo. Objetos y funciones del mundo industrial se vuelven parte de la vida comunal. Simétricamente, la organización comunal influye sobre el trabajo en las instalaciones petroleras: por ejemplo, los gerentes constituyen equipos según los vínculos de amistad y de parentesco que unen a los trabajadores. Así, se va construyendo una comunidad de trabajadores basada en la complementariedad del trabajo obrero y de la vida comunal.

La complementariedad se fortalece al tiempo que la empresa comunal se vuelve un actor clave de la vida política local. Debido al principio de redistribución de parte de los beneficios a la comunidad, la empresa llega a asumir funciones que sobrepasan su misión oficial de gestión del empleo: por ejemplo, la empresa de Capahuari paga a algunos profesores y compra medicinas para el pueblo. Pedro Villanueva, presidente de empresa comunal, describe esa vocación redistributiva como si se tratara de una política social:

Pedro Villanueva: Ahora sí ya hemos ampliado ya este, ya llegamos a la gente. Hemos creado cupos a… para madres [solteras], para tercera edad… […]

Investigadora: ¿Qué clase de cupos?

P.V.: Vigilancia pues. Les damos, se van allá. ¡Aunque no lo necesitamos! No lo necesitamos. Tampoco lavandera lo necesitamos.

I.: ¿No?

P.V: Pero han pedido. y como las ganancias eran factibles, en vez que se vaya en tanto impuesto, ?sabes qué, hay que gastarlo en la comunidad?, en la comunidad queda más15.

Sin estar obligada a hacerlo, la empresa comunal apoya a personas vulnerables ofreciéndoles trabajo. Estos ?cupos? que los responsables ?dan? alimentan el reconocimiento hacia dirigentes de la empresa comunal, así como su legitimización política. De esta manera, los pobladores son poco propensos a criticar la consolidación de los gerentes como grupo de influencia. Estos tienden a acumular posiciones de autoridad en la escena política y económica local. Así, Pedro es dueño de uno de los negocios más antiguos y prósperos de Andoas. Desde hace poco, vende equipos de seguridad y uniformes de trabajo que aumentan su volumen de negocios. Además, asume por segunda vez el cargo de ?agente municipal?, brazo derecho del apu de la comunidad. Esta cercanía entre las autoridades del pueblo y los responsables de la empresa comunal se confirma en todas las comunidades. En Capahuari, el apu recibe una remuneración mensual por parte de la empresa comunal en calidad de autoridad comunal, mientras que el presidente de la empresa se define como ?autoridad empresarial?16: como en otras comunidades, los gerentes tienen una fuerte influencia en las decisiones tomadas por la asamblea general de los comuneros.

Al alimentar la dependencia hacia el trabajo, las empresas comunales se convierten en intermediarias del sistema de patronaje dominado por Pluspetrol. Esta configuración de tipo clientelar no se reduce a su dimensión instrumental: se sustenta en sociabilidades locales que le confieren legitimidad (Briquet 1999; Auyero 2001). En este contexto, las protestas contra la industria petrolera parecen, por lo tanto, poco probables. Prueba de ello son los archivos de ?participación ciudadana? de un proyecto de exploración sísmica en el Alto Pastaza17. Entre los 40 papeles que comuneros dejaron en un ?buzón de sugerencias?, se encuentran sobre todo opiniones favorables al proyecto (?lo más pronto posible?, ?¡sí, sí, de acuerdo!?), incluyendo 18 demandas de trabajo firmadas18. Solo uno de los papeles expresa un rechazo al proyecto de exploración:

No estoy de acuerdo para que empiece a trabajar en proyecto sísmica porque ustedes son unos abusivos no quieren cumplir con los convenios atrasados. Ustedes como empresarios deben de respetar nuestros derechos de un indígena. Y como ustedes necesitan respeto de igual manera nosotros también necesitamos que nos respeten. No solo ustedes necesitan trabajar en este mundo todos queremos mientras que se vive, pero cuando se muere todo se queda acá.

Esta crítica se limita al incumplimiento de los convenios y afirma la necesidad de tener trabajo, sin mencionar, por ejemplo, el tema ambiental. Además, el papel es anónimo: ¿será porque su autor teme perder el acceso al trabajo si la empresa lo identifica? El sistema de patronaje no impide la emergencia de protestas más fuertes, pero para ello es preciso distanciarse del espacio petrolero.

III. LAS AMBIGUAS LÓGICAS DE LAS PROTESTAS FRENTE A LA INDUSTRIA PETROLERA

El análisis de la trayectoria del principal dirigente del río Pastaza, en un contexto organizacional muy personalizado, ayuda a entender los factores sociales que hacen factible la estructuración de movilizaciones frente a la industria petrolera. Aurelio Chino se convirtió en uno de los principales líderes de las protestas en contra de la contaminación petrolera en los lotes explotados por Pluspetrol. Fue elegido, en 2007, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza por la asamblea de los apus de las comunidades afiliadas. Tenía poco más de 36 años, no había concluido sus estudios de secundaria y nunca había asumido un cargo comunal. Sin ser un anciano respetado, Aurelio Chino tampoco era uno de esos jóvenes indígenas universitarios que suelen encabezar las organizaciones indígenas, desde los años 1980 (Chaumeil 1990; Vega Díaz 2000). Sin embargo, el análisis de su trayectoria indica algunas ?disposiciones al liderazgo?, si estas se definen como una inclinación a criticar el orden dominante y una cierta notoriedad local19.

III.1. El liderazgo indígena: movilidad espacial y aprendizajes a lo lejos

Originario de una comunidad ubicada en la parte media del río Pastaza, Aurelio Chino se mudó de adolescente, poco después del fallecimiento de su padre, a Andoas. Con 20 años cumplidos, salió a Iquitos en búsqueda de trabajo y recorrió la región de Loreto. Realizó labores mal renumeradas en chacras y en fábricas, cuyas condiciones critica: ?Algunos patrones, cuando nos obligaban, cualquier hora de la noche, no me gustaba, no me convencía.. .?20. Cuando su familia lo llamó para avisarlo del estado de salud de su madre, regresó a Andoas. Fue contratado, en una ocasión, por una contratista del lote petrolero como piloto de una chalupa para transportar trabajadores. Pero lo despidieron a las dos semanas debido a un rumor difundido por una comunera para que su esposo obtuviera el trabajo: ?Yo no les he dicho que no, “ya pues, sáquenme, yo no tengo por qué estar llorando por el trabajo”. Y me sacaron?21. Después de ese suceso, Aurelio se puso al servicio de un negociante, manejando su barco y vendiendo sus productos en las comunidades de la cuenca. Se enamoró de la que sería su futura esposa, una mujer que vivía en su comunidad natal, y se quedó a vivir con ella y con sus suegros. Un par de años más tarde, fue elegido candidato a la presidencia de la federación.

La trayectoria de Aurelio se caracteriza por una movilidad espacial favorable al liderazgo. Todos lo conocen, y él conoce a todas las familias y sus problemas. Al ser capaz de conseguir trabajo en una variedad de situaciones, Aurelio siente menos dependencia con el empleo en el lote petrolero. Esta actitud distante genera una ?disponibilidad biográfica? (McAdam 1988): Aurelio es menos reacio a aceptar la condición de dirigente que resulta costosa, ya que no deja tiempo para trabajar en el sector petrolero y tampoco está retribuida por un salario. De este modo, en 2006, Aurelio fue elegido para el cargo poco codiciado de presidente de federación (eran solamente dos candidatos); pero por aquella época aún no se vislumbraba el giro protestatario que Aurelio -y, a través de él, la FEDIQUEP- iba a experimentar.

Cuando he asumido yo primera vez, regresé a mi casita. No podía dormir, porque no sabía de dónde voy a empezar para fortalecer la Federación […] En ese tiempo no sabía qué era página web, qué era correo. y peor el Estado. No sabía nada. Yo he asumido este cargo como estaría vendado, cerrado los ojos. […] Ya quería renunciarme. Pero empecé a caminar. Y ahora pues, ya sabemos qué es el Estado, qué es la empresa, y cuáles son nuestros derechos. Que debemos de reclamar22.

Desde los insomnios solitarios hasta la conciencia colectiva, Aurelio expresa bien el cambio experimentado desde el momento de su elección. ¿Cómo se hizo el aprendizaje de una diferencia entre un ?ellos? (el Estado, la empresa) y un ?nosotros?, indígenas con derechos que legitiman la protesta? Una primera protesta que tuvo lugar en 2008 y el juicio al que dio lugar, debido a un enfrentamiento con la policía, fueron esenciales en este proceso.

En marzo de 2008, pobladores de Andoas se organizaron para exigir el respeto de los convenios firmados con las comunidades, mejores condiciones de trabajo y el apoyo de Pluspetrol en la creación de empresas comunales. La protesta se construyó localmente, en base a preocupaciones diarias ligadas con la política de relaciones comunitarias. Un pequeño grupo de jóvenes hombres que habían hecho sus estudios secundarios en la ciudad amazónica de Iquitos lideraron la movilización, sin apelar al registro ambientalista o legal, sin difundir manifiestos por medio de periodistas ni pedir el apoyo de la organización representativa que es la FEDIQUEP. La principal acción consistió en ocupar la pista de aterrizaje del aeropuerto de la empresa para llamar la atención de sus oficiales. Pero al cabo de tres días, las centenas de hombres y mujeres fueron desalojados por los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, un cuerpo de policía militarizado, creado en el marco de políticas ?antisubversivas? (Barrantes y Peña 2009: 120). Los policías hicieron retroceder a los comuneros hasta el pueblo de Andoas, donde dispararon con balas reales. Un participante armado con una escopeta mató al oficial encargado de la operación. Decenas de participantes y líderes fueron llevados en avión a Iquitos para ser encarcelados y procesados. Solo en ese entonces, los comuneros de Andoas solicitaron el apoyo de Aurelio Chino para defender a los 21 procesados: por su calidad de dirigente y su conexión con algunos abogados de Lima, parecía ser el único que podría resolver la situación de los protestantes enjuiciados.

El proceso judicial fue decisivo: Aurelio se acostumbró a desarrollar su acción en un espacio urbano, en estrecha coordinación con los ?asesores? que lo acompañaban. Eduardo Reátegui, abogado y director de una ONG de defensa de derechos indígenas, tuvo un papel clave en la defensa de los procesados. Después de haber defendido a activistas de izquierda sospechados de llevar a cabo actividades subversivas, el abogado se dedicó a defender casos de dirigentes indígenas procesados. Alude frecuentemente a su formación de izquierda, manifestando así la coherencia de una trayectoria que lo llevó desde la militancia con colectivos estigmatizados como ?subversivos? hasta el activismo más técnico-legal que practica como abogado empleado por una ONO23.

Aurelio y Eduardo desarrollaron una estrategia de defensa que consistió, por un lado, en insistir sobre el daño ecológico que afectaba a los habitantes y sobre la pertenencia de los procesados a pueblos indígenas, cuyos derechos específicos están amparados por la legislación nacional e internacional. Por otro lado, Eduardo y Aurelio se esforzaron en mediatizar el ?caso Andoas? más allá de la esfera judicial para conectarlo con el movimiento indígena, que cobró una visibilidad considerable después del enfrentamiento mortal de Bagua, en junio del 200924. Con el apoyo de ONO y organizaciones indígenas con sede en Iquitos, lograron politizar la esfera judicial (Gaiti e Israel 2003). En el contexto post-Bagua favorable al ?marco indigenista?25, la estrategia dio frutos: a finales del 2009 la Corte de justicia regional absolvió a los procesados. La sentencia se fundamentó en el argumento de la legítima protesta de pueblos indígenas históricamente marginados.

El proceso judicial fue un momento decisivo en la socialización de Aurelio, quien se integró en un universo social particular. Al lado de otros ?profesionales? empleados por ONO ambientalistas o de defensa de los derechos indígenas y que compartían, en algunos casos, el pasado activista de Eduardo, Aurelio llegó a conectar su organización con la ?causa indígena?26. Asumió un papel reivindicativo, presentándose como insumiso frente a las empresas petroleras. Así, al ingeniero de una compañía que le hubiera propuesto contratarle en el servicio de relaciones comunitarias, Aurelio hubiera respondido lo siguiente:

Con estas palabras que me has bailado rico, no me convences. Porque yo soy más millonario que esta empresa petrolera. […] Si yo fuera pobre, no estarían viniendo las empresas de otros países a querer trabajar en mi territorio. Tendrán plata, pero, aunque no tenemos plata, nosotros tenemos todo tipo de recursos. […] A otra persona puedes convencer. Pero a mí no me puedes convencer, le digo. Se ha quitado, diciéndome: ?Apu, contigo no se puede?27.

Aurelio relató esta anécdota durante una primera entrevista; a menudo, la repetía a asesores y amigos en momentos de sociabilidad informal. Ese recuerdo y la forma como es revivido indican que es constitutivo de su identidad de líder. Aurelio se integró a un ?espacio de movimientos sociales? (Mathieu 2012) anclado en un medio urbano, donde él mismo se percibe como protestatario, opuesto a la industria petrolera.

III.2. Una participación inesperada: percepciones de la (in)justicia e incentivos locales

Aurelio se construyó como dirigente protestatario a distancia del Pastaza, pero necesitaba el apoyo de ?su base? para probar la legitimidad de su acción. No se daba por sentado que los habitantes del Pastaza fueran a unirse al giro protestatario que tomó la DEDIQUE?, en conexión con movimientos indígenas y ambientalistas muy críticos en cuanto a la industria extractiva. De hecho, varias comunidades crearon una organización específica del Alto Pastaza, más enfocada en negociar directamente con Pluspetrol. Pero pese a esas divisiones internas, desde el año 2012, Aurelio logró organizar movilizaciones al menos una vez al año. Estas movilizaciones consisten en reunir a centenas de habitantes en una comunidad cercana a las instalaciones petroleras, amenazando con interrumpir las actividades de producción. Se trata de llamar la atención de los medios de comunicación, de la empresa y del Estado para expresar pedidos y obtener satisfacción a las demandas. Este proceso de movilización no se hubiera podido dar sin la participación de las poblaciones locales, a pesar de las negociaciones informales y locales que prevalecen entre Pluspetrol y las comunidades del espacio petrolero. La observación de actividades relacionadas con la denuncia de daños ambientales generados por Pluspetrol permite entender la ambigua conexión de las estrategias de los dirigentes y de los pobladores del Alto Pastaza.

En abril de 2014, acompañé a Aurelio Chino, a dos apus de comunidad y a tres asesores en un recorrido dentro de las instalaciones petroleras para observar un derrame ocurrido días antes. Pasamos una garita de control donde un agente de seguridad privada pidió nuestros nombres y apellidos. Uno de los asesores que, en el pasado, sufrió la represión dirigida a la izquierda radical, dio un falso nombre. Cuando le tocó a Aurelio, este dijo que su apellido era ?Quechua?, y su nombre ?Pastaza?. Después de haber pasado el control, manifestó su irritación: ?¿¡Cómo un tombo28 de la empresa me va a pedir mi nombre en mi propio territorio?!?. Un mes más tarde acompañé a autoridades de la comunidad de Capahuari que también iban a observar un derrame recientemente ocurrido. Uno de los gerentes de la empresa comunal que nos acompañaban prestó uno de sus carros para acercarnos al sitio del derrame. En la carretera, un agente de seguridad privada del lote pidió nuestros nombres y apellidos. Era el segundo control de identidad; sorprendida, le pregunté al apu por qué había venido el vigilante. ?Para que tome nuestros nombres, que sepa a dónde vamos… ¡Con eso se paga!?, contestó. El que estaba manejando el 4×4, un chófer de la empresa comunal y comunero de Capahuari, añadió: ?es su chamba?29.

A través de las interpretaciones distintas del trabajo de seguridad, se puede ver como las percepciones de la industria petrolera dependen de la inmersión en espacios sociales distintos. Para Aurelio, Pluspetrol es un adversario cuyos tombos (?polis?) simbolizan el poder indebido que la empresa ejerce sobre el territorio; para los habitantes del espacio petrolero, los agentes de seguridad son ?trabajadores? como cualquier otro y tienen que cumplir funciones específicas para justificar su salario. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, Aurelio y los asesores, las autoridades de Capahuari y de la empresa comunal cruzan la garita de Pluspetrol para ir a ver los daños ambientales generados por la extracción petrolera. La brecha entre las representaciones que tienen unos y otros de Pluspetrol no les impide denunciar la contaminación, pero esta cobra sentidos distintos según el espacio social desde el cual se experimenta.

Para Aurelio, la denuncia de la contaminación industrial es el fundamento de su actividad de líder. De alguna manera, la crítica ambientalista y la defensa de los pueblos indígenas es una profesión que necesita competencias y permite la obtención de recursos para su organización30. Dentro del espacio petrolero, el vínculo entre los daños ambientales y los recursos que se espera recibir a cambio se formula más abiertamente. Así, después de un día de trabajo, un habitante de Capahuari me comentó la reacción que tuvo frente a un gran derrame producido en el terreno donde estaba trabajando.

?Con esta cantidad de petróleo que han derramado, ¡no nos quieren pagar!?, le he dicho al ingeniero [quien supervisaba la obra]. […] Los [comuneros] de abajo exigen pago porque dicen que toman el agua contaminado del Pastaza. Pero la verdad, ellos no son beneficiados, señorita. Aquí la contaminación es más fuerte, por el río Capahuari ¡bajan toditos esos derrames!31.

La idea de ?beneficios de la contaminación? influye en la forma como se percibe el daño ambiental. Las autoridades de Capahuari, después de haber constatado el derrame en el territorio comunal (cf. supra), convocaron una asamblea para informar a la comunidad; muy pronto, se enfocaron en la mano de obra que iba a limpiar el derrame y en el hecho de que los habitantes de Capahuari tenían que hacer ese trabajo a través de su empresa comunal. Los derrames dan derecho a compensaciones financieras, pero también a empleos. Así, para los trabajadores del espacio petrolero como para los líderes indígenas, la denuncia de la contaminación fortalece la base material y simbólica de su existencia social. Esta convergencia entre lógicas de acción diferenciadas torna posible la coordinación de las comunidades del Alto Pastaza y de la FEDIQUEP para movilizarse conjuntamente.

De este modo, se puede entender el hecho de que la movilización planeada por la FEDIQUEP en junio del 2014 haya podido, finalmente, tener lugar. En las semanas que la precedieron, la mayoría de los comuneros del Alto Pastaza me comentaban que no pensaban participar en la concentración prevista en la comunidad de Andoas: no querían perder días de trabajo ni exponerse al peligro de una represión policial. Sin embargo, mientras que Aurelio estaba ocupado en reuniones en Iquitos, Lima y hasta en el foro de asuntos indígenas de la ONU en Nueva York, se preparó la movilización; cuando Aurelio llegó, cientos de personas se estaban concentrando en Andoas. Gracias a un acuerdo al que llegaron los dirigentes de la FEDIQUEP, los comerciantes y gerentes de la empresa comunal de Andoas, esta asumió un papel clave en los preparativos. Por un lado, brindó un apoyo logístico decisivo, al terminar a tiempo la construcción de un local comunal suficientemente grande para recibir a las centenas de participantes y brindando la mayoría de la comida necesaria para alimentarlos. Por otro lado, los gerentes de la empresa comunal consiguieron reunir muchos participantes, declarando la empresa en paro e incentivando a los trabajadores a formar parte de equipos de vigilancia comunal, cuyos miembros se hacían llamar ?policías?. Las cuadrillas hacían rondas en Andoas de día y de noche, para vigilar que no hubiese intrusión foránea, y asegurarse de que todo el mundo participara en la movilización, cumpliendo con dos reglas en particular: quedarse en casa después de un toque de queda instaurado a las diez de la noche y llegar a las asambleas con su lanza y pinturas faciales. De este modo, los ?policías? cumplen un papel clave que consiste en garantizar la presencia masiva y visualmente identificable del ?pueblo quechua? movilizado. Un comunero de Andoas me contó cómo se había vuelto ?policía?:

Cuando trabajaba, estaba en contra, decía que el pueblo iba a hacer esta lucha, pero el que iba a beneficiarse iba a ser el presidente… […] Decidí apoyar [la movilización], pero al inicio no era para que apoyara. Si no me hubieran hablado los gerentes, me hubiera quedado en mi casa mirando tele y durmiendo32.

La intervención de los gerentes de la empresa comunal lo llevó a participar en la movilización. Igualmente, comuneros de otros pueblos del Alto Pastaza abandonaron su reserva inicial gracias a los gerentes, quienes declararon el paro explicando que, movilizándose contra la contaminación, iban a obtener reparaciones y trabajo. Estas condiciones no garantizaban una adhesión plena a los discursos de la FEDIQUEP ni una participación activa, más allá de la presencia de los comuneros en las asambleas diarias que tuvieron lugar durante las dos semanas que duró la concentración. Pero aquella presencia era indispensable para la movilización: implicaba la teatralización de la unidad del pueblo quechua. Para eso, los gerentes de empresa comunal y la preocupación por el empleo fueron decisivos.

IV CONCLUSIONES

Enfrentarse a la industria petrolera cobra varios sentidos: el más común es el de protestar abierta y colectivamente, expresando reivindicaciones en voz alta; pero también, de manera más discreta y cotidiana, el de vivir con la industria, en una cercanía que genera impactos ambientales, así como profundos cambios sociales. A la luz de la etnografía realizada en el Alto Pastaza, se pueden observar profundas transformaciones relativas a la obrerización de las comunidades nativas. Más allá del acceso al empleo, la política de RSE de Pluspetrol genera un flujo diario de recursos que nutren la dependencia a la industria petrolera. De esta manera, se puede interpretar la acción de los servicios de relaciones comunitarias como una ?política social del don? comparable a la lógica del clientelismo electoral (Rajak 2006). Investigar sobre sus efectos implica acercarse a los ?beneficiarios? y entender cómo reciben lo que se les da. Así como las etnografías de las relaciones clientelares subrayan que los ?clientes? no son receptores pasivos sin capacidad de actuar (Auyero 2001; Quirós 2011), este trabajo muestra que, a pesar de su situación de vecindad cotidiana y de dependencia social, los pobladores del espacio petrolero mantienen una visión crítica sobre la situación, así como una capacidad de acción colectiva. Pero para ser plenamente entendidas, las movilizaciones deben ser analizadas a la luz de las interacciones cotidianas en las cuales se inscriben las comunidades y la empresa petrolera.

Este artículo reunió entonces dos niveles de análisis pocas veces articulados en la literatura sobre industria extractiva y conflictos socioambientales: las experiencias locales y cotidianas de la industria petrolera, marcadas por la cercanía y la interdependencia; y el proceso de constitución de un colectivo indígena reivindicativo, frente a un sector económico y a las políticas que lo sostienen. Esta perspectiva permite complementar y matizar algunas lecturas frecuentes de los conflictos sociales vinculados a la industria extractiva. En primer lugar, propone desnaturalizar el surgimiento de los conflictos. Muchas veces la literatura sobre conflictos socioambientales se enfoca en el nivel de los dirigentes y de las organizaciones indígenas; de las políticas económicas nacionales, y de los inversores privados, investigando los factores de las movilizaciones a través de indicadores económicos, del estudio de políticas públicas y de discursos públicos de los protestantes. Esas perspectivas pueden llevar a naturalizar los conflictos socioambientales, considerando que son el resultado necesario de los daños ambientales (Martínez-Allier 2009); de la desposesión territorial (Bebbington et al. 2008b), o de las rentas generadas por la extracción minera o petrolera a nivel nacional, regional y local, generando una ?maldición de los recursos? (Collier y Hoefler 2004; YanguasArellano 2011). El enfoque etnográfico permite, por un lado, poner de relieve las ambiguas experiencias de la industria extractiva. A pesar de los daños que genera, puede nutrir muchas expectativas, llevando a veces a las poblaciones locales a movilizarse a favor de los proyectos extractivos (Bebbington et al. 2008a). Por otro lado, el estudio ?microscópico? (Sawicki 2000) permite entender el surgimiento de esas movilizaciones poco probables. Desvela los factores sociales que llevan algunos a volverse líderes protestatarios y a muchos a participar en las protestas, dándoles consistencia social y fuerza simbólica.

En segundo lugar, este artículo permite matizar algunas dicotomías conceptuales presentes en la literatura sobre conflictos socioambientales. Por ejemplo, Anthony Bebbington et al. (2008a) distinguen las protestas por trabajo y las protestas de alcance más inmaterial, que expresan reivindicaciones ligadas al territorio, a la identidad o al medio ambiente. El caso de las movilizaciones en el Alto Pastaza permite subrayar la pluralidad de las lógicas sociales y simbólicas asociadas a los conflictos socioambientales. Aunque muchas veces orientadas hacia las compensaciones materiales que puedan recibir los pobladores (Yanguas-Arellano 2011), las protestas vinculadas a la extracción de recursos naturales no se reducen a meros cálculos económicos. Más allá de la alternativa simplificadora entre ?codicia o agravio? (greed or grievance) en tanto motivos de protesta, planteada por los que teorizaron la maldición de los recursos (Collier y Hoefler 2004), ?se trata más centralmente de los cambios que ocurren en las relaciones entre individuos, grupos y entornos locales? (Banks 2005: 122). En vez de oponer una cultura protestataria ideal, libre de cualquier interés económico, a las preocupaciones materiales del cotidiano de los comuneros, este artículo muestra el peso de la ?política vivida? (Quirós 2011), profundamente ambigua y compleja, que nace en el espacio petrolero. Los líderes se mantienen alejados de las redes de intercambio por las cuales se accede a beneficios materiales y en particular al empleo. Sin embargo, su papel de ?defensores de la Amazonia? es un estatuto valorizado que les brinda retribuciones materiales y simbólicas (Gaxie 2005). En cuanto a las familias del Alto Pastaza en proceso de obrerización, valoran el estatuto de ?trabajador? por los ingresos obtenidos mediante el empleo. Pero dicho estatuto también alimenta solidaridades comunales, pareciendo compensar, al menos en parte, la violencia ligada a la cercanía de la industria petrolera.

Footnote

1 La autora agradece los comentarios y las sugerencias de tres evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, a la primera versión de este artículo así como a Verónica Calvo Valenzuela por su relectura y su ayuda para la redacción en español.

2 Entrevista con Gabriel Cahuaza, antiguo morador y expresidente (apu) de la comunidad de Capahuari, mayo de 2014, en su casa.

3 Todos los nombres de personas han sido anonimizados, menos los de personas que asumen un cargo público. Se atribuyeron nombres y apellidos comunes en la categoría social y étnica de cada uno. La atribución de un apellido ficticio pretende limitar la impresión de cercanía, familiaridad y a veces condescendencia que puede expresar el nombrar a las personas solamente por su nombre, en particular cuando se trata de grupos sociales dominados (B. COULMONT 2017).

4Accedí al campo gracias a dirigentes de la FEDIQUEP. Entre 2012 y 2014, realicé tres estadías en Perú que sumaron en total 15 meses. La mitad de ese tiempo fue dedicada a inmersiones de varios meses en pueblos del Alto Pastaza, la otra mitad al seguimiento de dirigentes en espacios urbanos y a entrevistas con funcionarios del Estado y de Pluspetrol. En total, se realizaron 98 entrevistas semiestructuradas, observaciones de protestas, del cotidiano de los dirigentes y de sus consejeros, así como de los pobladores vecinos del lote petrolero, dos encuestas por cuestionario y una encuesta genealógica en el Alto Pastaza. También se revisaron archivos comunales, de la federación, así como del Ministerio de Energía y Minas.

5 Instituye el reconocimiento legal de conjunto de familias vinculadas por su idioma, características sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un territorio, que ?tienen origen en los grupos tribales de la Selva? (Decreto-Ley n.° 22.175, art. 8).

6 ?Espacio es el efecto producido por operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales? M. CerTEAU (2000: 129).

7Entrevista con José Bernales, comunicador, gerente de relaciones comunitarias de Pluspetrol, marzo de 2014, sede nacional, Lima.

8 Entrevista con Claudia Gómez, lingüista, gerente de relaciones comunitarias de Pluspetrol, abril de 2012, sede en Lima.

9 Entrevista con Luis Vasco, sociólogo, supervisor de relaciones comunitarias de Pluspetrol en Andoas, agosto de 2013, en un café en Lima.

10 Entrevista con Luis Vasco, citada.

11 Empleando inicialmente ingenieros, los servicios de relaciones humanas fueron reclutando científicos sociales y diplomados en gestión de conflictos socioambientales. En Pluspetrol, el servicio pasó progresivamente del rango de ?coordinación? al de ?gerencia?, tres escalones más arriba: permite a los directores del servicio participar en la concepción de los proyectos operativos. Entrevista con José Bernales, gerente de relaciones comunitarias de Pluspetrol, marzo de 2014, sede en Lima.

12 Estos datos provienen de una encuesta por cuestionarios realizada en Andoas en 2013 y Capahuari en 2014, con 100 y 58 jefes o jefas de hogares respectivamente.

13 Las mujeres se encargan de dar pensión a los trabajadores de la empresa, preparándoles su desayuno, almuerzo y cena. Esta actividad es remunerada por la empresa comunal.

14 Diario de campo, mayo de 2014, Capahuari.

15Entrevista con Pedro Villanueva, comerciante y presidente de la empresa comunal de Andoas, junio de 2013, en su tienda.

16 Entrevista con el presidente de la empresa comunal de Capahuari, mayo de 2014, en su casa.

17 La ?participación ciudadana? es un mecanismo de tipo consultivo implementado por el Ministerio de Energía y Minas. Sobre la genealogía de esa política y su función estratégica, véase: D. Buu-Sao (2013).

18 Archivo de participación ciudadana de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, EIA-09-H-0026, carpeta XVIII, ff. 2497-2571. Según la normativa de la participación ciudadana, los archivos de procesos participativos son públicos. En la práctica, no fue sencillo acceder a esos archivos ubicados dentro del Ministerio de Energía y Minas: un funcionario pretendiendo agilizar el trámite intentó cerrarme el acceso a esos archivos y fue necesario hacer una demanda formal con varias cartas de recomendación.

19 Esta noción se asemeja a las ?disposiciones protestatarias? que L. Mathieu (2012) define como la articulación de una propensión a criticar lo que choca con sus valores y una apetencia por el actuar colectivamente.

20 Primera entrevista con Aurelio Chino, presidente de la FEDIQUEP, mayo de 2012, Alianza Cristiana.

21 Tercera entrevista con Aurelio Chino, agosto de 2013, Iquitos.

22Tercera entrevista con Aurelio Chino, citada.

23 Este tipo de trayectoria refleja el proceso de ?ONGización? de los movimientos sociales; para análisis matizados de esta tendencia, que no se reduce a la ?depolitización? de la militancia, véanse: V. Fisher (1997), D. Dumoulin Kervran (2006), S. Álvarez (2009) y B. Moallic (2017).

24 Movilizados durante casi un año contra decretos presidenciales aprobados en el marco del tratado de libre comercio firmado entre Perú y Estados Unidos, dirigentes y miembros de organizaciones indígenas de la selva peruana se enfrentaron con una operación policial de desalojo en Bagua; resultó en centenas de heridos y 33 fallecidos incluyendo a 23 policías, según información oficial.

25 Sobre la teoría de los marcos (framing) de acción colectiva inspirada de la sociología de Erwin Goffman, véase D. Snow et al. (1986).

26 Con ?causa indígena? se remite a las protestas que se realizan en nombre de una identidad indígena reivindicada como tal, conectadas con organizaciones y discursos de defensa del ambiente y de los derechos humanos. Cobraron una visibilidad mayor durante el proceso judicial (2008-2009), que coincidió con las movilizaciones amazónicas que resultaron en el ?Baguazo?, un enfrentamiento ocurrido en junio 2009 entre protestantes de organizaciones indígenas y policías en el cual murieron 33 personas.

27 Primera entrevista con Aurelio, citada.

28 Palabra coloquial usada en algunos países latinoamericanos para hablar despectivamente de la policía.

29 Diario de campo, abril y mayo de 2014, Andoas y Capahuari.

30 Aurelio no percibe pago por su cargo de dirigente; sin embargo, en sus múltiples viajes recibe ?una propinita? para sus gastos personales, que le permite llevar algo a su familia. Estos recursos son captados por los asesores, a través de ?proyectos? financiados por ONO europeas o norteamericanas.

31 Diario de campo, mayo de 2014, Capahuari.

32Diario de campo, junio de 2014, Andoas.

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