Hoy, los peruanos somos llamados a las urnas para elegir nuevos alcaldes –distritales y provinciales– y gobernadores regionales, los mismos que ocuparán el cargo por los próximos cuatro años. Como ya se ha mencionado en estas páginas, estos comicios no han acaparado tanta atención como otros. Entre el destape de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo y la anulación del indulto al ex presidente Alberto Fujimori esta semana, la coyuntura se ha encargado de restarle protagonismo a la campaña.

Más allá de esto, sin embargo, las elecciones de este año continúan siendo un reflejo de los grandes problemas que aquejan al país desde hace décadas. Concretamente, el virtual colapso del sistema de partidos y la erosión de la legitimidad de la clase política. Es evidente, por ejemplo, que no se puede hablar de partidos políticos consolidados cuando en una elección participan 22 agrupaciones nacionales y 109 movimientos regionales, y esto sin contar las organizaciones locales y provinciales. Tampoco tranquiliza saber que, en un país con 1.874 distritos, 196 provincias y 25 regiones, hay en carrera 12.161 listas a municipalidades distritales, 2.017 a municipalidades provinciales y 368 a gobiernos regionales.

La citada proliferación de postulantes más que sugerir un desbordante interés por el servicio público, parece indicar un exceso de ansias de poder. En este contexto, entonces, no debería sorprender la pobre calidad de candidatos y propuestas. Así tenemos, por ejemplo, los reportes de este Diario que señalan que al menos 53 aspirantes a los distritos de Lima y 38 a gobiernos regionales tienen sentencias, varios de ellos por incumplimiento de obligaciones alimentarias o por violencia familiar. En esa misma línea están las propuestas –ya poco sorprendentes en épocas electorales– que no tienen nada que ver con las funciones de los cargos a los que se postula, sino solamente con el deseo de obtener apoyo en las urnas. Nos referimos, solo por mencionar algunas, a ideas como recolectar firmas para cerrar el Congreso, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir el crimen o incrementar el empleo en la capital.

El panorama político ha tenido, también, un impacto en los ciudadanos, en el sentido que demuestran un disminuido interés por el tema. A siete días de las elecciones, una buena parte de los peruanos aun no tenía decidido su voto. Además, a inicios de esta semana muchos de los que fueron designados miembros de mesa –una tarea, como sabemos todos, elemental para el funcionamiento del proceso electoral– todavía no se habían acreditado ni entrenado para el cargo (el lunes, la cifra para Lima era ligeramente mayor a un tercio).

El problema con esta situación, por supuesto, es que termina siendo un obstáculo para que emitamos nuestro voto de la manera más responsable posible. Si bien es cierto que cada uno de nosotros tendrá diferentes valores y opiniones sobre las propuestas y candidatos específicos, es determinante que nuestro voto represente la respuesta a una misma pregunta: ¿Cuál es el gobernante que creo hará el mejor papel?

Nuestra decisión debería ser el producto de una reflexión seria sobre a quién consideramos el candidato más íntegro y preparado para el cargo. Y esto no pasa por dejarnos seducir por alguna propuesta que nos suene particularmente atractiva, sino por evaluar responsablemente su viabilidad e impacto potencial.

Hoy, en realidad, no estamos únicamente eligiendo a autoridades que gobernarán por los próximos cuatro años. Elegiremos también qué tipo de ciudadanos queremos ser. Aquellos que se quejan de la clase política y las instituciones desprestigiadas pero que no hacen nada para cambiarlas o aquellos que ven en sus votos la manifestación de su reflexión y la intención de mejorar el rumbo de nuestro país. La decisión es solo nuestra. Hagámosla contar


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