Juan Paredes Castro

De pronto, la función nominal de jefe del Estado que la Constitución le asigna al presidente en ejercicio se ha vuelto real y efectiva en manos de Martín Vizcarra.

Ello ha creado, como es natural, incomodidad para el propio Vizcarra, para sus opositores –principalmente del fujimorismo– y para quienes no estamos acostumbrados a ver a un mandatario en una puesta en escena tan insólita y complicada.

Estamos, más bien, acostumbrados a ver al mandatario de turno en su desempeño puro y simple de jefe de Gobierno, a la par de los jefes del Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público. O sea, a ver un poder más entre los demás, olvidando su naturaleza de ‘primus inter pares’ que le da justamente su estatus de presidente de la República y jefe del Estado.

Con una Constitución como la vigente, que nombra al presidente como jefe del Estado sin precisarle sus prerrogativas en esa alta instancia, no es fácil para quien se sienta en el sillón de Pizarro desenvolverse con autoridad y mando sobre la organización política del país.

De ahí que Humala solía recostarse en un Consejo de Estado legalmente inexistente para hacer sentir su autoridad suprema, y Luz Salgado, como presidenta del Congreso, pudo darse el lujo de desoír una convocatoria de Kuczynski a su despacho.

Si no hubiera sido por la habilidad de reaccionar rápidamente frente al escándalo de la corrupción judicial, planteando un control de daño urgente a través de reformas constitucionales y de cara a la indignación ciudadana, quizás Vizcarra no habría descubierto hasta ahora la importancia potencial de la jefatura del Estado. Tan ha sido y tan es así, que desde esa posición constitucional nominal viene dando una dura batalla, casi de facto, por cambios fundamentales en la Carta Magna.

Esta realidad nos advierte, en la perspectiva de algunas puntuales reformas pendientes, la necesidad de hacer más claro el papel del jefe del Estado en el ordenamiento institucional presidencial, de modo que no se vea expuesto a desobediencias y desaires. Un jefe del Estado es más que un defensor del Pueblo. Su responsabilidad de convocatoria, invocación, iniciativa y mando sobre los demás poderes y fuerzas políticas no puede estar restringida al pataleo supremo.

Si Vizcarra es, como jefe del Estado, el vigilante de los horizontes de largo plazo del país, César Villanueva debe ser, en la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de Gobierno del día a día. Así tendríamos como fusible al primer ministro y no al presidente, en torno al cual, como ocurre ahora, debe girar con más fuerza la confianza ciudadana.

El papel de jefe del Estado en el que hemos visto a Vizcarra en los últimos tiempos es una demostración de aprendizaje político-constitucional muy útil, del mismo modo que el papel de la mayoría fujimorista en el Congreso, con su aprendizaje de tolerancia y de cómo los acuerdos pueden ponerse por encima de las menudas diferencias partidarias.

Vayamos, pues, a una jefatura del Estado ya no ficticia, sino real y concreta.


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