En adelante, los activos de las empresas sometidas a procedimientos de disolución y  liquidación basados en las reglas del sistema concursal podrán venderse con mayor celeridad.

Esto en aplicación de la Ley N° 30844 que modifica el numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal. La norma, de esa forma, perfecciona las reglas del remate de bienes en estos procedimientos.

Así, la junta podrá optar por la venta directa o subasta privada cuando luego de tres convocatorias a remate no se haya podido transferir los activos del deudor sujetos a medida cautelar.

En efecto, la norma precisa que en caso de que el convenio de liquidación establezca la venta de activos mediante remate, se aplicarán las disposiciones del Capítulo V del Título V de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, en lo que resulten aplicables.

No obstante, cuando sobre los activos del deudor recaigan medidas cautelares, cargas o gravámenes, solo podrían transferirse por venta mediante remate, salvo que luego de tres convocatorias a remate, este no se hubiese realizado. Es en este caso que la junta de acreedores podrá optar por la venta directa, subasta privada o pública.

Por tanto, se incorporan las modalidades de subasta pública, subasta privada y venta directa a efectos de permitir a la junta optar y decidir colectivamente por la modalidad que considere más adecuada y eficaz, con la debida fundamentación, en función de las condiciones o situación de los activos involucrados en la liquidación, que puede contener bienes afectados por cargas o gravámenes.

Adicionalmente, se ha dispuesto que en el caso de empresas titulares de concesiones públicas, se podrá prorrogar excepcionalmente, por dos años adicionales, el plazo de 6 meses establecido en la ley a los procesos concursales que a la fecha se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha, incluso si el plazo de prórroga ordinaria haya vencido.

Esta excepción procederá siempre y cuando la liquidación en marcha se efectúe en el plazo y condiciones que acuerde la junta de acreedores mediante decisión fundamentada, con las mayorías fijadas en la Ley N° 27809, que deberán constar en el convenio de liquidación para su validez.

Apuntes

A criterio de Anthony Lizarraga, experto en procesos concursales del Estudio Muñiz, los cambios efectuados permitirán que se vendan de manera más célere los activos de las empresas sometidas a disolución y liquidación. Además, considera que con la prórroga de dos años para el caso de la disolución y liquidación en marcha de una empresa titular de concesiones públicas, la junta de acreedores tendrá un mayor tiempo para decidir sobre dicha liquidación, continuarla e incluso revertirla.


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