Feline Freier

 

El gobierno de Martín Vizcarra está tratando de poner el freno de mano en su gestión migratoria hacia los ciudadanos venezolanos. Desde este sábado se les exigirá el pasaporte para ingresar al Perú, y solamente van a poder solicitar el PTP (permiso temporal de permanencia) aquellos que hayan entrado antes del 31 de octubre del 2018.

Hasta ahora los ciudadanos venezolanos –al igual que argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos y chilenos– podían ingresar con su cédula de identidad. Con la medida de pedirles el pasaporte el gobierno espera garantizar el registro seguro y ordenado de los venezolanos, en beneficio de ellos mismos y de la seguridad interna. El registro, según declaraciones oficiales, debe evitar la entrada de criminales, de inmigrantes con enfermedades graves o víctimas de trata de personas. Suena sensato. Pero la realidad, a menudo, es más compleja.

En todo el mundo, la falta de comprensión del impacto de la migración en las sociedades receptoras genera una mala gestión migratoria. Los discursos alarmistas tienden a dominar las agendas políticas e ignoran el conocimiento científico. En el Perú, en las últimas semanas noticias falsas en contra de los inmigrantes venezolanos se han ido esparciendo, sobre todo en las redes sociales, la mayoría inverosímiles y hasta absurdas. Esas noticias reflejan temores xenófobos, que tienen su origen en procesos cognitivos instintivos de diferencias entre “nosotros” y “los otros”. Es esencial que las políticas migratorias se basen en la ciencia y el sentido común y no se vuelvan reacciones populistas a debates públicos acalorados.

Aunque existen controversias científicas sobre la migración y el refugio, algunos hechos están bien establecidos en los estudios migratorios. Primero, la mayoría de estudios existentes considera que, si bien la migración internacional puede afectar los sueldos de ciertos sectores en el corto plazo, en el mediano y largo plazo el impacto económico es positivo (dependiendo de las condiciones y dinámicas económicas, de la movilidad de los trabajadores y las regulaciones del mercado laboral). También sabemos que el rápido acceso a la vivienda, a la educación y al mercado de trabajo formal aumenta la calidad de la incorporación de los migrantes en las sociedades de acogida.

Considerando que según la data de la Organización Internacional para las Migraciones, casi el 60% de los inmigrantes venezolanos en el Perú tiene un título técnico o universitario, una gestión migratoria sensata se enfocaría en la acreditación de títulos para disminuir la presión sobre ciertos sectores como la venta ambulante y el sector de servicios en Lima, aprovechando el capital humano de los inmigrantes venezolanos.

Segundo, las tasas de crímenes cometidos por inmigrantes son, a menudo, más bajas que las que se dan entre los nativos. En el Perú, de los aproximadamente 70 mil presos que hay en las cárceles, solo 72 provienen de Venezuela, según declaró el ministro del Interior Mauro Medina a inicios de agosto. Es esencial que seamos capaces de poner las cosas en perspectiva.

Tercero, y aún más importante, restringir la entrada de inmigrantes que son parte de flujos ya establecidos –como el de venezolanos en el Perú– lleva al aumento de la cantidad de inmigrantes que permanecen en el país de acogida. Eso se da porque las políticas restrictivas impiden la migración circular –los migrantes se quedan en el país de acogida por miedo a no poder entrar otra vez–. Además, la ausencia de oportunidades de acceso aumenta prácticas delictivas como el tráfico de personas y la trata para su explotación laboral y sexual.

En Venezuela tramitar un pasaporte se ha convertido en un lujo. Fruto de la corrupción, el precio para obtener un pasaporte puede ser cerca de US$2.000 con tiempos de espera de meses y hasta años. Si bien el sueldo mínimo fue elevado en 3.400% a 180 millones de bolívares, el precio de un dólar en el mercado paralelo había subido de aproximadamente 2,5 millones hace dos meses a casi 6 millones de bolívares la semana pasada (antes del cambio de moneda). Para la gran mayoría de venezolanos es simplemente imposible conseguir un pasaporte.

Eso no va a impedir que salgan del país si ellos y sus seres queridos no tienen para comer. Lo único que logra exigirles el pasaporte y quitarles la opción de regularizar su estadía en el país es empujarlos hacia la irregularidad, y empoderar las redes de tráfico y la trata. Esto incrementa la vulnerabilidad de los migrantes y hace que el deseado control migratorio se torne cada vez más difícil.

En las últimas décadas no hemos sido pocos los que hemos criticado las políticas migratorias adoptadas por los países de la OCDE como construir muros, externalizar el control migratorio a países terceros, y subir los costos materiales y humanos de la migración. Sabemos que esas políticas no evitarán que las personas abandonen sus países, ni afectarán los determinantes de la migración a largo plazo. No caigamos en las mismas trampas de políticas migratorias populistas y contraproducentes que responden a los discursos alarmistas e ignoran el conocimiento científico.


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