“No les pertenecen”. Al historiador Antonio Cazorla le parecía “muy extraño” tener que consultar documentos públicos “en una fundación de extrema derecha”. Autor de Franco. Biografía del mito (Alianza) y de Cartas a Franco de los españoles de a pie (RBA), suele visitar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para peinar la que está considerada como fuente esencial para el estudio de la gestión política del Gobierno franquista.

La mayor parte de la documentación producida por Francisco Franco como jefe de Estado se encuentra en el Archivo General de Palacio, donde hay acceso libre a las casi 4.000 cajas sobre sus funciones civiles. En el Archivo General Militar de Ávila se conservan 236 cajas de sus decisiones militares. El archivo de la cuestionada fundación de la familia del dictador atañe al área política de su Gobierno y comprende registros producidos por el Alto Estado Mayor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de la Gobernación, hasta el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, en 1973. Son cerca de 27.500 documentos y se custodian en el chalé de la calle de Concha Espina de Madrid, propiedad de la familia Franco y ­sede de la FNFF. Allí, la consulta de los documentos también es libre, pero para el historiador almeriense la situación es una “anomalía democrática”. No entiende cómo es posible que una fuente de información política del franquismo de esta índole se encuentre en poder de una fundación privada, amenazada de cierre por el Gobierno de Pedro Sánchez por enaltecimiento del dictador.

Durante cuatro décadas los historiadores han calificado esta situación como un “escándalo incomprensible y siniestro”, que responde a la tradición de los altos cargos españoles de llevarse papeles públicos a casa. “No tiene ni pies ni cabeza. Allí estás rodeado de viejos falangistas y esto no es el archivo de la Falange”, cuenta Cazorla, investigador y profesor en la Trent University de Ontario (Canadá) hace más de una década, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea de Europa. “¿Qué garantías tenemos de objetividad en la conservación, acceso y difusión del archivo? Ninguna”, afirma. “Debemos recuperarlo, porque es nuestro”.

Son más de 100.000 páginas —recogidas en 338 carpetas y 230 rollos microfilmados— que fueron llevadas, no se sabe cómo ni exactamente cuándo, al hogar de la viuda del dictador, Carmen Polo. Ella las entregó a la fundación creada en 1976 y presidida por su hija, Carmen Franco, hasta su muerte el año pasado.

Guirao tiene la palabra

La FNFF tiene en este archivo su principal activo para cumplir con su objetivo estatutario: “Difundir el conocimiento de Francisco Franco, su dimensión humana y política”. Sin los papeles, quedaría descapitalizada. Pero nunca, ningún Gobierno demócrata, ha reclamado el fondo.

Este periódico ha tratado de saber si a lo largo de la actual legislatura el Ministerio de José Guirao se pondrá manos a la obra para exhumar los documentos, pero no ha recibido respuesta. El pasado noviembre la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que la justicia determine si los documentos que custodia la FNFF son propiedad del Estado. La fiscalía pasó la bola al ministerio dirigido entonces por Íñigo Méndez de Vigo, que nunca respondió.

La ARMH tiene previsto remitir en los próximos días una carta al ministro Guirao para que aclare su postura. Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, es una apropiación indebida de la familia Franco, un “expolio” de documentos que deben volver a manos del Estado. “Este es otro de los privilegios que se les ha consentido a los Franco: si alguien se lleva documentos de un archivo, el Estado debe perseguirlo. Es un robo, y la manera de recuperarlo es como se resuelve cualquier delito, con la intervención de la policía”, señala. Por ley, los originales son propiedad de los órganos productores o receptores de la documentación.

“Es incuestionable la importancia de esta colección única de los papeles de quien fue jefe del Estado español de 1939 a 1975”, responde por correo electrónico el historiador británico Paul Preston, que no logró que la ­FNFF le permitiera acceder al archivo a mediados de los ochenta cuando preparaba su famosa biografía del dictador, ni que tan siquiera le contestaran aquella carta de solicitud que aún está sin respuesta. “Lo único que pude ver fueron los documentos citados por Luis Suárez en su propio estudio del dictador, para el cual él tuvo un acceso privilegiado a los papeles de la FNFF”, comenta.

Suárez tuvo exclusividad sobre el archivo y la aprovechó para publicar, en 1984, Francisco Franco y su tiempo, una obra de ocho volúmenes. Los documentos, antes de su informatización y constitución como archivo, estaban en 338 carpetas. Carmen Franco le encargó a Suárez, historiador medievalista, que realizara labores de archivero y clasificara los documentos, dada su cercanía con el pensamiento del dictador (fue procurador de las Cortes en el franquismo). Suárez es presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y miembro de la Real Academia de la Historia y, en 2011, firmó la biografía de Franco que descubrió la inconsistencia historiográfica del Diccionario biográfico español. El académico “tardó cinco años en ordenar todos estos documentos del archivo”, dice la FNFF.

El veto sobre los papeles públicos que padeció Preston se prolongó hasta 2004. Entre 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar invirtió en la fundación privada 150.000 euros para la digitalización de sus fondos. El archivo antes de esa fecha sólo pudo ser consultado, durante 28 años, por 51 personas. En los últimos 14 años por la sede de la FNFF han pasado unas 1.000 personas. Lejos de resolver el veto, la digitalización del archivo reforzó la anomalía porque la propiedad sigue en manos de la FNFF, y ésta no entregó una versión completa del material digitalizado al Ministerio de Cultura.

La copia que llegó en 2010 al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca está incompleta. Tal y como se puede leer en la descripción del Portal de Archivos Españoles (Pares), el CDMH conserva una versión “parcial” que comprende 27.357 documentos. En el inventario facilitado por la FNFF figuraban 27.490. Es decir, hubo expurgo. No hay copia en Salamanca de 133 documentos, los que van del “27.357 al 27.490”. Pares apunta que la consulta de los expurgados “debe realizarse en la FNFF”. Es más, la periodista Tereixa Constenla denunció en este periódico estas graves ausencias en la copia del CDMH. Por ejemplo, el documento 1.158 descrito como “cuentas de Franco” no está. El microfilme salta del 1.157 al 1.159.

Los papeles ocultos

“El hecho de que los papeles de Franco estén en manos de una fundación privada, dedicada a ensalzar la obra del dictador, plantea dudas respecto a una posible criba interesada de la colección de documentos o diferentes niveles de acceso según los puntos de vista políticos de los solicitantes”, señala Paul Preston. El historiador tampoco confía en que todos los papeles hayan sido inventariados por la fundación. “Es imposible saber si hay más de lo que se muestra en el catálogo. Aun suponiendo que así sea, lo que sí he podido ver plantea la siguiente duda. La mayoría de lo catalogado trata mayormente de lo que llegó a la mesa de Franco y muy poco en términos de sus propias reflexiones y contestaciones. A lo largo de los años ha habido algunos indicios de que existen los papeles privados de Franco y que los tiene o ha tenido la familia. Ha habido varios intentos de vender lotes de tales papeles”, apunta el británico.

Preston no es el único historiador que desconfía de la fundación, cuyos objetivos incluyen la “lucha contra la mal llamada Ley de Memoria Histórica”. Los especialistas consultados para este artículo tienen la sospecha de que hay más papeles que los declarados y creen que son los más importantes. No se trataría de cartas personales. “Eso sólo es un rumor”, dice Emilio de Miguel desde la FNFF. “Nosotros, además, lo calificaríamos de absurdo y que, por lo mismo, carece de fundamento”. Sin embargo, los historiadores Stanley G. Payne y Jesús Palacios, en la página 765 de su libro Una biografía personal y política. Franco (Espasa), lo confirmaron al escribir que los papeles del dictador “se los quedó la familia”.

Uno de los que no creen en la digitalización completa del archivo es Ángel Viñas, quien apunta que lo que tenemos al alcance ahora “sólo es la punta del iceberg”. Critica el hecho de que ningún funcionario del Ministerio de Cultura se responsabilizó de la tarea de inventariado y digitalización pagada con fondos públicos. “Esto no pasa ni en Rusia: los papeles de Stalin están abiertos. Los de Franco nadie sabe dónde están”, añade.

La “lotería” del archivo

Gutmaro Gómez Bravo, autor de Geografía humana de la represión franquista (Cátedra), habitual investigador de los fondos en la fundación, profesor del departamento de historia contemporánea de la Universidad Complutense, cuenta que en la FNFF tienen cosas “censuradas” y cosas “para la galería”. “La consulta en el ­CDMH de Salamanca es más fácil y accesible, pero no está todo”. Él va a la FNFF una vez al año con la esperanza de que le dejen ver lo que antes le han prohibido. “Es una lotería y depende de quién esté al frente: si te toca alguien que no se entera, pides el documento y te lo da”. Por eso señala que es urgente que el fondo íntegro pase a manos públicas. Gómez Bravo apunta que el material más sensible es el que atañe a las relaciones entre Franco y Hitler, y éste es el que los historiadores tienen más restringido.

“No confío para nada en el trabajo que realizó Luis Suárez. Lo más sensible se ha hecho desaparecer. Este es el drama español, que el archivo se haya mantenido en manos de esta gente. En Portugal, todo lo relativo a Salazar es de acceso transparente y sencillo”, dice el historiador. Cree que el Estado debe recuperar esta parte de su historia porque “estos papeles son muy sensibles”.

Derechos y secretos

Manuela Bergerot, licenciada en Ciencias de la Documentación y responsable de Memoria del partido Podemos, destaca que es importante recuperar los documentos físicos “para restablecer la verdad”, y vincula el rescate del pasado a la construcción de una cultura de los derechos humanos. La especialista entiende que la prueba documental tiene el gran poder de escribir la historia. Por eso, en la FNFF “prefieren la política de opacidad”, señala, y lamenta la falta de voluntad política que ha habido.

Bergerot tiene una dilatada experiencia en el rescate de la memoria de la Junta Militar argentina de Videla. Allí los archivos forman parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no como aquí, del Ministerio de Cultura. “Que estos documentos estén en la FNFF es una anomalía democrática, no hay nada parecido en Latinoamérica. Ese archivo honra la memoria de un dictador y eso cuestiona su uso. El fondo no forma parte de la reparación de la verdad y sigue favoreciendo el relato de la dictadura. Pero cualquier archivo debería ser garante de la justicia”.

La exdirectora del CDMH de Salamanca María José Turrión, que ya pidió la ilegalización de la FNFF en 2013, explica que le parece “sangrante” que estos papeles no se hayan reclamado jamás desde el Ministerio de Cultura. “Nunca se debió permitir que estuviera en las manos de la fundación. El archivo debe estar custodiado por funcionarios públicos”, señala.

Turrión subraya, además, otro problema que plantea que estos papeles sigan en la FNFF, porque allí un investigador puede conseguir acceder a información de carácter secreto, algo que en el CDMH no está permitido por la ley de secretos oficiales. Esto lo denunció Alberto Garzón, portavoz adjunto de Unidos Podemos, en el Congreso de los Diputados hace un año. El Gobierno reconoció entonces que la FNFF, pese a ser un organismo privado, dispone de documentos clasificados como secretos.

Una expropiación difícil

Para la recuperación del conjunto documental se podrían utilizar los siguientes instrumentos, según los juristas consultados: por acuerdo o por expropiación. Si la Administración acuerda un traspaso con la ­FNFF podría hacerlo como compra, comodato, cesión, donación… Y si no hubiese acuerdo, podría optarse por la expropiación forzosa si se determina que existe un incumplimiento de los deberes de conservación estipulados en el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Pero la inversión en la digitalización del fondo es una prueba que anularía el incumplimiento de la conservación e impediría la aplicación de dicho artículo. No hay precedente en la expropiación de archivos, aunque varias normas prevén este procedimiento.

Otra vía es la extinción y liquidación de la FNFF. Los bienes de titularidad de las fundaciones no retornan a las personas que las aportaron cuando se liquida la entidad, sino que se traspasan a otras entidades sin ánimo de lucro, como la Administración Pública. El caso es que si la fundación que honra la memoria del dictador pierde los documentos, su capital, quedaría vacía de actividad. De momento, en sus estatutos figura como objetivo “enaltecer” la figura de Franco y “preservar su legado”, y para ello aseguran que harán “cualquier actuación”. El caso es que el archivo que custodia la FNFF ni siquiera está declarado Bien de Interés Cultural, algo que el historiador Javier Tusell reclamó hace años. “La venta aún sería posible jurídicamente, pero tendría que ser autorizada por el ministerio”, explican los juristas, “e iría en contra de los estatutos de la fundación”.

Henar Alonso, del cuerpo facultativo de archiveros del Estado y miembro de la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), sólo ve posible la recuperación si se ilegaliza la FNFF. “Si cambian los estatutos y tratan de adaptarse a la legalidad, será muy difícil expropiar”, explica. La especialista reclama una acción mucho más ambiciosa con la creación de una ley general de archivos que regule el acceso a los documentos de la Iglesia, el Ejército y las empresas. “No es tan importante la propiedad como la accesibilidad y la transparencia”, sostiene.

Alonso apunta que el problema relativo a los papeles de Franco se extiende “a otros muchos archivos, como el de la documentación pública conservada en la Fundación Felipe González”. El expresidente socialista alega que esos papeles tratan asuntos personales y que en parte están digitalizados y disponibles en su web. De los papeles de Aznar no hay constancia, porque todos los archivos informáticos de Presidencia estaban vacíos. Contrató a una empresa por 12.000 euros para no dejar ni rastro de sus decisiones. “En España, la documentación que afecta a la Presidencia del Gobierno, al carecer de carácter administrativo, ha quedado al margen de las normas”, señala el presidente de ACAL, Paco Fernández.

Para Fernández la recuperación del fondo de Franco sería un “ejercicio de dignidad democrática”. Deberían estar al servicio del conocimiento de la sociedad y “de la reparación de las víctimas”, y fomentar los valores y principios democráticos. “No para ensalzar al dictador”.

Peio H. Riaño es periodista y autor de ‘La otra Gioconda’.


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