Pablo de Llano

“La escuela estaba lejos. El señor John me llevaba en carro. Eran buenos. Me compraron ropa y helados. Me llevaron a la piscina y a la iglesia. La casa era bonita. Pasaba un río sucio y vi una culebra”. Janne tiene siete años y su lengua materna es el mam, un dialecto de Guatemala. De pronto deja de hablar de Michigan y se esconde en el regazo de su madre. “Está muy sensible”, dice Buenaventura, de 29 años. “Llora, no se me despega”.

Buenaventura, Janne y Pedrito viven desde julio en Homestead, una localidad unos 60 kilómetros al sur de Miami, con un hermano de la madre y otros inmigrantes. Ella y el bebé emigraron de Guatemala en mayo, fueron detenidos tras cruzar sin papeles la frontera de EE UU, internados juntos en un centro para indocumentados y al cabo de unos días puestos en libertad con citación judicial para ella. Janne y su padre, Pedro Godínez, salieron de su país una semana más tarde –“La niña aún tenía que ir a la escuela”, dice sin más Buenaventura– y fueron arrestados en el borde con México, pero a ellos los separaron, víctimas de la política de tolerancia cero de Trump. Más de 2.500 menores fueron alejados de sus padres indocumentados en mayo y junio hasta que una ola de críticas hizo que el presidente frenase esta medida y un juez ordenase la reunificación de las familias, aún por completarse. A principios de agosto, más de 500 seguían bajo custodia federal y en el caso de más de 400 sus padres ya habían sido deportados a sus países.

“Cuando mi papá y yo íbamos en el desierto salieron dos carros de la migración [la Guardia Fronteriza] y le tocaron los bolsillos a mi papá por si tenía algo y yo lloré mucho. Cuando llegamos a la cárcel por la noche tenía mucho frío y nos dieron una sopa. A las seis me quitaron a mi papá y yo lloré mucho. Fuimos en carro al aeropuerto y llegamos a Michigan y una trabajadora que se llama Alma me llevó a casa de los señores”, recuerda Janne, que estuvo seis semanas con la pareja de acogida diciéndoles por señas cuándo tenía hambre y cuándo no quería más. La niña no para de ver vídeos musicales en el teléfono de su madre. Pasa minutos absorta en la pantalla. Viste una camiseta que dice en inglés: “Hola rayos de sol”.

Buenaventura pasó alrededor de una semana con su bebé de 11 meses en un centro de detención de Arizona. “Los de migración nos trataron mal. Decían que estábamos en su país y que somos criminales”, dice. “Pero algunos eran buenos y me dieron hasta dos o tres pañales cuando pedía”. Según su testimonio, dormía con el niño en el suelo, no se podían duchar, les daban “una sopa instantánea por la mañana y otra por la tarde” y para beber tenían que tomar agua del baño. Asegura que el crío tuvo fiebre y diarrea y que los agentes la ignoraron cuando pidió medicinas: “Me dijeron que el gobierno no tenía porqué pagarle los medicamentos a mi hijo”. Varias organizaciones sociales denunciaron en julio el supuesto maltrato a los inmigrantes en los centros de detención e interpusieron una demanda en un tribunal de California con base en 200 entrevistas con afectados.

Buenaventura Martín con sus hijos el miércoles en Homestead. G. VIERA
Buenaventura Martín con sus hijos el miércoles en Homestead. G. VIERA

Esperanza en el asilo

La Pasadita es un local pequeño y mal iluminado. La jefa, cubana, hace cuentas en una esquina con una calculadora. Bayly vuelve a insultar a Maduro: “Le tengo más respeto a una cucaracha o a una tarántula”.

Pedro Godínez sigue encerrado en un centro para indocumentados en Texas, con una orden de deportación detenida por un abogado de oficio. A la familia la ayuda Nora Sándigo, una defensora de los derechos de los niños inmigrantes. Ella fue quien intercedió con el gobierno para que la niña fuese enviada de Michigan al aeropuerto de Miami para unirse a su madre, y ahora procura que liberen a Pedro. “Le hemos dicho por teléfono que no firme ningún documento para que no lo deporten y ya le han hecho pruebas de ADN para confirmar que es el padre de la niña. Yo tengo esperanza de que les den asilo y se puedan quedar todos aquí”, comenta por teléfono.

“Todos los días le pido a Dios que nos dé la oportunidad de vivir en Estados Unidos”, dice Buenaventura Martín. “También le he pedido perdón muchas veces por haber hecho sufrir a mis hijos. En Guatemala me decían que este era un país de ley que ayudaba a las familias y lo que ha pasado ha sido un infierno. Cuando supe que mi esposo y mi hija estaban separados y creía que la iban a dar en adopción, me sentí muy triste y arrepentida”.

Pedro y Buenaventura vivían en Huehuetenango. Ella trabajaba de enfermera y él tenía una tienda con ordenadores para entrar a Internet. “Lamentablemente tuvimos que vender el negocio para venir aquí, porque nos extorsionaban todos los meses y nos amenazaron con matarnos”, cuenta la madre. Buenaventura es hija de campesinos, pero según dice allí nunca trabajó en el campo porque sus padres le dieron estudios. En Homestead ha encontrado un empleo plantando flores en un vivero por 250 dólares a la semana. Si se queda, querría sacarse aquí el título de enfermera.

–¡Twitz jaj! –exclama Janne mostrándole el móvil.

–Un cubrecamas, en mam –traduce la madre.

Buenaventura también pedirá asilo, aunque no sabe qué haría si deportan a su marido. “Yo lo necesito y él nos necesita”, dice. Un par de veces a la semana hablan por teléfono. A través del abogado, Pedro les ha mandado una foto de una hoja de cuaderno en la que dibujó dos mariposas mirándose en el aire y escribió: “Pronto estaremos juntos”.


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