María Rosa Villalobos

Hoy, el presidente de la República Martín Vizcarra pronunciará su segundo mensaje a la nación, el primero en Fiestas Patrias. En sus cuatro meses de gobierno –que incluyen la llegada y la salida de David Tuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)–, Vizcarra ha impulsado un recorte de gastos corrientes considerados superfluos –consultorías, viajes, alquileres o publicidad– y ha aumentado el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a bebidas altas en azúcar, vehículos nuevos y usados, tabaco, bebidas alcohólicas y combustibles.

Para lo primero, Tuesta había estimado un potencial ahorro anual de S/2.000 millones. Aunque en el primer semestre este gasto solo se redujo en S/96 millones, versus el mismo período del 2017, en la segunda mitad del año debería darse una aceleración en la reducción de las partidas de gasto.

Con respecto al ISC, el MEF proyecta recaudar entre S/1.600 y S/1.700 millones este año (alrededor 0,23% del PBI), monto que aunque no incrementa notablemente la presión tributaria, sí es mayor por ejemplo, a lo conseguido mediante el Mype Tributario (S/904 millones en el 2017).

Para Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, ambas medidas son correctas, pues solucionan la reducción de los ingresos fiscales. “Con la entrada de Carlos Oliva al MEF y en el marco de las facultades legislativas, deberíamos esperar una propuesta de reforma estructural del tema tributario”, apunta el especialista.

AGRO Y MINERÍA

El sector agrario ha estado también en el ojo de la tormenta durante la era Vizcarra. Y es que, en el marco de las facultades legislativas, la ley de promoción agraria será extendida a los sectores forestal y acuícola.

Además, quedó pendiente por parte del pleno del Congreso la evaluación del proyecto de ley que pretende extender del 2021 al 2031 el régimen agrario. El dictamen, aprobado por la Comisión Agraria, también plantea realizar cambios al monto de la remuneración diaria (RD), la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, entre otros.

En una entrevista brindada a este Diario, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez, aseguró que el acogimiento a este régimen debería ser por empresa y de manera temporal. Asimismo, indicó que debe ser sometido a una evaluación permanente.

Agrobanco, que será reemplazado por Mi Agro, es otra de las aristas de la problemática que enfrenta el sector agrario. El proyecto de ley del Ejecutivo, que fue criticado en un primer momento por desestimar la supervisión de la SBS, deberá ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, la minería –motor de nuestra economía– se ha visto beneficiada por el aumento de los precios de los metales. A esto se suma que el jueves pasado se hizo oficial el inicio del proyecto de cobre Quellaveco, ubicado en Moquegua, que se estima producirá 300.000 toneladas de cobre anuales en sus 10 primeros años de operación. La inversión requerida supera los US$5.000 millones.
Además, esta semana la canadiense Plateau Energy (otrora Macusani Yellowcake) anunció el descubrimiento del sexto yacimiento de litio en roca del mundo, ubicado en Puno. Se calcula que el proyecto, Falchani, contiene 2,43 millones de toneladas de carbonato de litio en recursos indicados e inferidos.

No obstante, más allá de las buenas noticias, Ausejo resalta que es vital para el desarrollo del sector que el Gobierno fortalezca la licencia social.

APP y OxI

En aras de acortar las brechas de infraestructura –y nuevamente en el marco de las facultades legislativas–, el Gobierno publicó esta semana dos decretos legislativos que modificarán la ley de asociaciones público-privadas (APP) y la de obras por impuestos (OxI).

“En las OxI hay que acelerar los procedimientos para hacer que las compañías inviertan. Deberían ser un commodity. En cuanto a las APP, esperemos que finalmente haya claridad sobre su uso”, finalizó Ausejo.