Por Graciela Villasís y Carlos Neyra

Segundo Crisanto Pulache, uno de los testigos protegidos por la Fiscalía de Lavado de Activos que investiga el financiamiento del partido Fuerza Popular (FP), reveló a El Comercio que los abogados Luis Mejía Lecca y Danae Calderón Castro fueron parte de la comitiva que viajó desde Lima a la localidad de Nueva Cajamarca (San Martín), donde él reside, para pedirle que declarara ante el Ministerio Público un supuesto aporte de S/13.845 que habría entregado para la campaña presidencial de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), tal como figura en los registros de la ONPE. “Sí, este señor. Él me entregó un fólder”, afirmó Crisanto al ver una fotografía de Mejía que le mostró este Diario.

Mejía es tesorero y personero legal alterno de Fuerza Popular.

De acuerdo a Crisanto, el fólder al que hace alusión contenía cuatro documentos, entre ellos un recibo de aportaciones en efectivo por US$5.000 [S/13.845 al cambio]. Mejía le entregó ese recibo para que justificara ese supuesto aporte a la campaña de Fuerza 2011, que el testigo afirma que no realizó.

“Este es un voucher [de un dinero] que yo nunca, con esta firma, aporté. Está por US$5.000. Imagínese en qué cabeza yo dé US$5.000. […] Nunca deposité ese dinero”, declaró a la Unidad de Investigación de El Comercio.

Crisanto –un policía municipal que percibe S/1.200 al mes como salario– relató también que Mejía le pidió que “por el bien del partido y de su familia” confirmara ante las autoridades que entregó el supuesto aporte a cambio de “ayudarlo con facturas y boletas” para sustentarlo.

Aseguró que antes de esa reunión recibió la llamada de Nolberto Rimarachín, dirigente de FP en San Martín que hoy es investigado por lavado de activos. A pedido de este, acudió al restaurante de la familia Rimarachín, donde también funciona el local del partido. En ese lugar, lo esperaba una comitiva de alto nivel de Lima. “Estos señores me dijeron […] que eran abogados asesores del partido de Keiko [Fujimori], que ellos estaban llegando con una misión. Me entregaron un fólder y me dijo: ‘Este fólder es su conformidad de lo que usted ha dado como sus aportes’”, afirmó a El Comercio.

En diciembre del 2017, Crisanto había declarado como testigo protegido al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los aportes a FP, que inicialmente le habían ofrecido S/6.000 a cambio de que ratificara la entrega del supuesto aporte a Fuerza 2011. El testigo contó a este Diario que durante la declaración recibió la llamada de Ítalo Pachas, dirigente de FP en San Martín, quien le ofreció S/2.000 y prometió “mucho más”.

“El doctor [José] Domingo [Pérez] me dijo: ‘Anda cobra, trae la plata y el voucher’”, manifestó.

Al final –de acuerdo con su versión– solo le depositaron S/600 de los S/2.000 ofrecidos. El comprobante ahora está en manos del fiscal Pérez.

Además, Crisanto reconoció a la abogada Danae Calderón como la persona que llegó con Mejía al local del partido. “La señorita era una flaquita así como se le ve acá. Vestía pantalón y blusa así”, dijo a El Comercio cuando se le mostró su fotografía.

Fuentes del Ministerio Público señalan a Mejía como la persona que visitaba en la región San Martín a los presuntos aportantes en los días previos a que estos declararan ante la fiscalía por la investigación de los aportes al partido, para persuadirlos de que ratifiquen, como figura en los registros de la ONPE, los depósitos que supuestamente habrían dado para la campaña del 2011.

Otra evidencia que ubica a los abogados en San Martín es el registro de huéspedes del hotel Nidas de Tarapoto al que accedió El Comercio. En este documento, se consigna el ingreso de Mejía y Calderón el 26 de noviembre del 2017 a las 11 a.m. en habitaciones distintas.

Meses antes, el 4 de diciembre del 2017, Crisanto, en su declaración al fiscal Pérez, describió los rasgos físicos de una persona que se reunió con él en el local de FP. “Uno de los miembros de la comisión de alto nivel [que se entrevistó conmigo] es de sexo masculino, de mediana estatura, piel morena, contextura regular, cabello al rape, me preguntó si yo era el señor Crisanto, a lo que respondí que sí”, dijo a la fiscalía.

Mejía ha negado conocer a Crisanto. “Como le digo, él, en principio, está mintiendo. Si él dice eso, yo voy a tener que denunciarlo y voy a tomar las acciones legales que me corresponden”, afirmó a este Diario.

Sobre su presencia en Tarapoto el 26 y 27 de noviembre, Mejía señaló que viajó porque al día siguiente iba a testificar la supuesta aportante Mayra Castañón Dávila, a pesar de que no estaba acreditado como abogado de ninguna de las partes. “Yo me acerqué a la diligencia, lo vi al doctor Edward [García, entonces abogado de Keiko Fujimori], porque el espacio era superreducido, es más, creo que estuvo el doctor [fiscal Oswaldo] Villanueva [adjunto de Pérez], me vio inclusive, yo no voy a negar eso; por eso, como vi su credencial me retiré”, indicó Mejía.

Reconoció que asistió a otras declaraciones de supuestos aportantes en San Martín. “En Tarapoto fui a dos [audiencias], pero no de [supuestos aportantes], sino de personas que sí han aportado [al partido], pero no son fantasmas”, comentó.

—Otra supuesta aportante—
Hay otra simpatizante de FP que, según los registros de la ONPE, aportó S/41.000 en la campaña del 2011: Mayra Castañón.

En su declaración a la fiscalía, realizada el 27 de noviembre del 2017 en Tarapoto, consignó como abogada a Danae Calderón. Durante la diligencia, Castañón informó que trabaja en el Gobierno Regional de San Martín. Por su labor, recibe S/1.800 al mes.

Al fiscal Pérez declaró que en el 2011 vivía en una habitación alquilada en Lima y que organizó tres polladas en un local alquilado en La Victoria. Por esas actividades –según su versión– recaudó S/41.000 que luego depositó en cuentas de Fuerza Popular el mismo día. Sin embargo, dijo que no recordaba a quiénes vendió las polladas, qué personas la ayudaron en la organización de la actividad y en qué agencia efectuó los depósitos. Solo mencionó que alguien (a quien no identificó) le dio un recibo por el total del monto entregado al partido.
Para la fiscalía, su testimonio no resulta creíble. Por eso es investigada por lavado de activos.

LEAVE A REPLY