El Gobierno acudirá mañana jueves al Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la cual fue publicada el último lunes tras ser aprobada por insistencia en el pleno del Congreso.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, anunció que él mismo y el procurador de su sector acudirán a las 3 p.m. del jueves a la sede del TC.

El objetivo, apuntó, es que el organismo declare “en su totalidad” la inconstitucionalidad de la ley promovida por el congresista Mauricio Mulder (Apra) “por vulnerar el derecho de toda persona a recibir información por parte del estado y la obligación de este de garantizar y hace efectivo este derecho”.

La medida se aplicará luego del acuerdo tomado en la sesión del Consejo de Ministros. Heresi cuestionó que la norma no regule la publicidad estatal, sino la prohíba en su totalidad, y que no haya derogado a la Ley que regula la publicidad estatal, publicada en el 2006.

“La publicidad estatal es una vía para la difusión de información de relevancia e interés público. Toda persona tiene derecho a recibirla. Es obligación del Estado difundir la información por los medios que permitan que alcance a la mayor cantidad posible de destinatarios. Publicidad estatal no es lo mismo que publicidad a favor de funcionarios, prohibida por la Ley 28874, que regula la publicidad estatal y que no ha sido derogada por la nueva ley aprobada”, explicó Hersi.

En cuanto a los cuestionamientos de forma, el funcionario manifestó que la norma es inconstitucional debido a que no fue discutida en las comisiones de Constitución y de Justicia y Derechos Humanos.

Respecto a los fundamentos de fondo, señaló que “vulnera derechos a la información, libertad de contratación con fines lícitos, igualdad en el ejercicio del derecho a recibir información sobre las actividades de los órganos estatales, a la libertad de expresión, restringe la obligación estatal de garantizar el derecho de toda persona a recibir información del Estado”.

—Evalúan otras opciones—
Consultado por El Comercio, el ministro Salvador Heresi informó que el Gobierno también está evaluando otras opciones además de la acción de inconstitucionalidad, pues esta “toma su tiempo”.

Comentó que entre las posibilidades está buscar consensos para procurar plantear una nueva ley o modificar alguna que esté en curso. “La idea es de todas maneras no agotarnos en el enfrentamiento de una acción de inconstitucionalidad”, añadió.


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