(María Rosa Villalobos/Luis Alegría) El presidente Martín Vizcarra ha vuelto a poner la mira sobre unos S/8.000 millones, que actualmente están en litigio entre la Sunat y algunos contribuyentes. ¿La razón? En los últimos cuatro años, el Gobierno Peruano ha venido incurriendo en un déficit fiscal creciente, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de generar más ingresos.

En su último mensaje a la nación, tras aceptar la renuncia de David Tuesta como ministro de Economía y Finanzas, Vizcarra anunció la creación de una comisión especializada para generar mecanismos de pago y poder hacer efectivo el cobro de “deudas tributarias” a las empresas, las cuales ascienden a un equivalente a 1,1% del PBI.

Esta comisión sería independiente de otras medidas que el Ejecutivo maquinaba para asegurar el cobro de estos S/8.000 millones.

El anuncio va más allá de lo que ya se establecía en el pedido de facultades legislativas, en el que se incorporaba el fortalecimiento de la Sunat y el Tribunal Fiscal (TF) para mejorar sus procesos y acortar los litigios, así como responsabilizar a los representantes legales que solo busquen alargar los juicios.

La idea de la comisión, según dio a entender el mandatario, es buscar conciliación entre las partes involucradas, de modo que se acelere el cobro de los recursos en litigio.

LA APLICACIÓN

¿Qué tan preferible podría ser un buen arreglo que un mal juicio?

David de la Torre, abogado tributarista de EY –firma encargada de llevar litigios tributarios representativos– resalta que la idea de una comisión ad hoc no tiene precedentes y podría ser útil para acelerar la resolución de litigios, sobre todo cuando los que están en la instancia del TF.

Sin embargo, anota que los mecanismos anunciados por el Presidente podrían aplicarse solo a nuevos casos, no a los que ya están en proceso.

“No me imagino una norma que pueda exigir el pago de deudas litigiosas solo porque una comisión lo señale. Hay que esperar que los casos concluyan”, dice.

Por su parte, Dante Sanguinetti, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –firma que también lleva litigios– observa que la creación de una comisión es algo atípico. Lo que debería pasar –indica– es que las instancias correspondientes a los procesos respeten los plazos que impone el código tributario.

“Más allá de la comisión ad hoc, apurar casos para obtener más recaudación no es bueno”, observa.

Además de la discusión sobre la conveniencia de una comisión de esta naturaleza, es importante conocer sus facultades y alcances. El tributarista José Verona opinó que esa figura permitiría ahorrar tiempo de cobranza y se cobrarían las deudas, aunque reducidas, de una sola vez.

No obstante este beneficio, también anotó que el Gobierno debe precisar qué litigios estarían en la mira de la comisión: aquellos que están en reclamos en la Sunat, los que estén en apelación ante el Tribunal Fiscal (TF) o las que se encuentren en el Poder Judicial (PJ).

En el frente económico, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, advirtió que la iniciativa da la impresión de que el Ejecutivo se puede meter en asuntos que competen al TF, PJ o Tribunal Constitucional (TC), lo que generaría incertidumbre.

EXIGIBLES

De los S/8.000 millones que el MEF considera “deudas tributarias”, lo real podría ser menor. César Peñaranda, economista de la Cámara de Comercio de Lima, estima que más de la mitad de ese monto corresponde a multas, intereses y moras. Ello –afirma– ha llevado a una cifra incobrable que requiere ser sincerada por el Gobierno.

En ese sentido, De la Torre precisa que el monto total denominado “deuda” por el Ejecutivo no debería considerar los intereses que se generan cuando el propio Estado demora en la resolución de los procesos legales. En realidad –señala– se trata más de deudas en discusión que exigibles.

Es importante recordar que el TC ya ha fallado anulando los intereses moratorios generados por demoras del TF y Sunat en resolver un caso. Esto sucedió en el 2016, en favor de Emilia Medina de Baca, cuya deuda sin intereses era S/22.889 y, con los intereses, se elevaba a S/116.873.

En esa línea, una fuente cercana al Ejecutivo indicó que el cobro de intereses de muchas de las deudas judicializadas está sujeto a interpretación del TC, entidad que se muestra reacia a tomar decisiones en ese sentido. Ahí es donde entraría a jugar (difícilmente con éxito) la comisión, consideró.


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