MARISA RECUEROMANUEL MARRACO

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, volverá a la cárcel tres años y medio después de que saliera del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), donde permaneció durante un año y siete meses en prisión preventiva por el caso Gürtel. La Audiencia Nacional decidió este lunes enviarle a prisión, sin fianza, como medida cautelar tras la sentencia dictada el pasado 24 de mayo, que le condenó a 33 años y cuatro meses de cárcel.

El tribunal, presidido por María José Rodríguez Duplá, ordenó también el ingreso inmediato en prisión del ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, y del que fuera alcalde de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega. Se trata de los tres condenados con penas más altas. López Viejo y Ortega están condenados a 31 años y nueve meses y a 38 años y tres meses, respectivamente.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal atiende así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, que requirieron la prisión incondicional sin fianza para estas tres personas por riesgo de fuga y ante la gravedad de los delitos y las elevadas condenas impuestas.

Los otros ocho condenados que comparecieron también este lunes para los que el Ministerio Fiscal también pidió prisión conocerán la decisión del tribunal el próximo 30 de mayo. Se trata de José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano, Antonio Villaverde, Juan José Moreno, Rosalía Iglesias, Jesús Sepúlveda y Carlos Clemente.

También comparecieron otros cuatro –Teresa Gabarra, Iván Yáñez, Pedro Rodríguez y Ricardo Galeote-, para los que la Fiscalía pidió retirar el pasaporte y comparecencias periódicas. En este caso, también conocerán la decisión del tribunal este miércoles.

El tribunal considera que existe riesgo de fuga por parte de Bárcenas, López Viejo y Ortega. En el caso del ex tesorero del PP, la Sala advierte de que “máxime teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de fondos” y que “parte de ellos no se ha conseguido su localización”, según consta en el auto de prisión.

En cuanto a López Viejo, los magistrados resaltan la “disponibilidad que de sus fondos hizo poniéndolos a buen recaudo en cuentas suizas”. Y en lo que respecta a Guillermo Ortega, destacan la posible “sustracción de fondos” a partir del “entramado financiero y societario organizado” para ello.

El tribunal coincidió en que estas tres personas están condenadas por delitos “susceptibles de ser englobados en el concepto de corrupción”, además de haber sido condenados en primera instancia “con penas que superan los 30 años de prisión”.

Las fiscales argumentan “la gravedad de las penas”

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, representantes de la Fiscalía Anticorrupción en la llamada Época I (1999-2005) del caso Gürtel, habían pedido al tribunal el ingreso inmediato en prisión, sin fianza, para Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP .

“Aquí estoy”, reiteró Bárcenas en el transcurso de su comparecencia ante el tribunal que ha decidido finalmente enviarle a prisión, según informaron a este diario fuentes presentes en el interrogatorio. El ex tesorero del PP defendió que ha cumplido con las obligaciones que le impuso la Audiencia Nacional desde que saliera de prisión preventiva en enero de 2015, recordando el auto en el que se descartó ese riesgo, y que no se va a fugar.

Al igual que su marido, Rosalía Iglesias defendió también en su declaración el arraigo en España y aseguró que no tienen dinero fuera de España, insistiendo que el matrimonio tiene su dinero bloqueado, según precisaron fuentes presentes en la Sala.

El Ministerio Público había considerado que existía riesgo de fuga y resalta “la gravedad de las penas” impuestas, así como el hecho de que se trate de “unos delitos muy graves”. “Tenía un entramado financiero en Suiza que exige la prisión preventiva”, argumentó la fiscal Sabadell en relación a Ortega, dejando claro que “se le ha condenado a penas muy severas que pueden derivar que quiera eludir su ejecución”. “El riesgo de fuga es evidente”, concluye.

Guillermo Ortega está condenado a 38 años y tres meses; Galeote, a siete años y 10 meses; Rodríguez Quijano, a 14 años y ocho meses; e Izquierdo, a 17 años y siete meses. En cuanto a la ex mujer de Correa, las fiscales han advertido al tribunal de la Audiencia Nacional, encargado de decidir las medidas cautelares para los condenados, que sigue siendo investigada en la causa principal de Gürtel por “hechos muy graves”.

Los abogados de estos condenados recriminaron al tribunal, presidido por María José Rodríguez Duplá, que las comparecencias para decidir las medidas cautelares a tomar tras la sentencia -conocida el pasado 24 de mayo- fuese pública. Fue la abogada del ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno la que llegó a pedir, incluso, a los magistrados que no permitiera la entrada de periodistas. Petición que fue rechazada inicialmente por la presidenta del tribunal.

Frente a las peticiones de ingreso inmediato en prisión solicitado por las fiscales, a las que se adhirieron el resto de acusaciones populares, las defensas de los enjuiciados defendieron la existencia de otros casos de corrupción en los que los condenados no ingresaron en prisión hasta que el Tribunal Supremo dictó una sentencia firme sobre la condena.

“A Urdangarin se le permite vivir con su familia”

En este sentido, fue el abogado de Izquierdo, Miguel Durán, el que sacó a colación el caso Nóos -a expensas de una sentencia firme del Supremo-, advirtiendo al tribunal de que en esta causa “también hay personas relevantes”. Dicho esto, recordó que se pidió prisión eludible bajo fianza para Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey y condenado en este procedimiento. “A Urdangarin no se le puso ninguna fianza, sino que se le permite vivir al lado de su familia”, reprochó Durán.

El resto de abogados recordó también antecedentes judiciales como los casos Afinsa o Arte y Naturaleza, en los que los condenados entraron en prisión después de la sentencia firme del Alto Tribunal. “La Fiscalía Anticorrupción debe tener unos criterios uniformes y unificados, porque si no se puede cuestionar el principio de causa jurídica”, prosiguió Durán.

Jesús Sepúlveda, izquierda, en las puertas de la Audiencia. | ÁNGEL NAVARRETE

Para el que fuera diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, la Fiscalía no pidió prisión, reclamando sólo la retirada del pasaporte, al igual que para Teresa Gabarra, Iván Yáñez y Pedro Rodríguez. Conviene recordar que la Audiencia Nacional condenó a Merino a tres años y siete meses de cárcel; cuatro a Gabarra; y tres años, respectivamente, a Yáñez y Rodríguez.

De los 15 condenados -estaban citados 16, pero Isabel Jordán ya está en prisión por el caso Fitur-, la opinión pública sólo ha podido escuchar los argumentos esgrimidos por seis de ellos, ya que el tribunal decidió prohibir el acceso de la prensa a la Sala después de conocer que uno de los condenados -en concreto, José Luis Peñas– estaba en un canal de televisión comentando las comparecencias en directo. Ha sido el abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, el que ha pedido a los magistrados que las comparecencias dejaran de ser públicas. Precisamente, cuando le tocaba a su cliente comparecer.

Por tanto, los periodistas no han podido escuchar en primera personas las intervenciones de Bárcenas, Rosalía Iglesias, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Carlos Clemente, Teresa Gabarra, Iván Yáñez y Pedro Rodríguez.

José Ricardo de Prada, al entrar en la Audiencia Nacional. | DIEGO SINOVA

De Prada no decide quiénes van a prisión

Poco antes de conocerse la petición fiscal, se ha sabido que el magistrado que redactó las referencias más duras contra el PP en la sentencia del caso Gürtel no decidirá quiénes deben ingresar ya en prisión provisional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la petición de José Ricardo de Prada de participar en las vistas en las que este lunes se decide la medidas cautelares que imponen a 16 de los condenados, entre ellos Luis Bárcenas. La decisión se ha adoptado con el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

El magistrado De Prada ha sido sustituido por la presidenta de la Sección Segunda de lo Penal a la que pertenece, María José Rodríguez Dupla. Los otros dos magistrados sí son quienes celebraron el juicio: Ángel Hurtado y Julio de Diego.

De Prada se encuentra en situación de servicios especiales destinado en el tribunal de la ONU que revisa la condena contra Radovan Karadzic. La ley prevé que en casos así quien haya participado en el juicio sí participen en la redacción de la sentencia aunque ya no forme parte del tribunal. Así sucedió con De Prada. Ahora el juez ha pedido participar también en la decisión sobre las medidas cautelares, pero el CGPJ considera que eso excede de lo que permite la ley. Si lo autorizara, sostiene el Consejo presidido por Carlos Lesmes, el juez estaría participando en un acto para el que carece de jurisdicción, lo que podría acarrear la nulidad de las decisiones en las que participara.

El acuerdo ha dividido a la Comisión Permanente y se ha adoptado con el voto de calidad del presidente, después de que la votación haya concluido con empate a cuatro. Han votado a favor, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías; mientras que se han pronunciado en contra los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

El acuerdo finalmente adoptado señala que en casos como el de De Prada la ley permite participar en la deliberación, votación, redacción y firma de la sentencia, “pero no contempla aquella ni ninguna otra ley una suerte de autorización ‘ancla’ o ‘ad hominem’ para mantener su función en un tribunal al que, como consecuencia de su situación administrativa distinta a la de servicio activo en la Carrera Judicial, de presente no pertenece, y para participar en la resolución de cuestiones deducidas con posterioridad a su cese”.

La habilitación para decidir sobre las cautelares “lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la Carrera Judicial, ni existir razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso”, dice el informe, que añade que éste “podría incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho”.

En esa misma línea, el voto concurrente del vocal José María Macías lo expone con más rotundidad, afirmando que los actos que adoptase el tribunal en el que estuviera De Prada “serían nulos, radicalmente nulos, nulos de pleno derecho, intolerablemente nulos, nulos de toda nulidad. Imperdonablemente nulos, y digo imperdonablemente porque así lo impondría la evidencia de la infracción que se cometería”.


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