La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, informó ante el Congreso que actualmente la Sunat enfrenta 54 casos en litigio, en los que se juegan unos S/8.000 millones, según sus propias proyecciones.

Siendo este el panorama, El Comercio conversó con el procurador de la Sunat, Antenor José Escalante, quien defendió su facultad para impugnar fallos del Tribunal Fiscal (TF).

Existen más de 50 expedientes en litigio. ¿De qué casos se trata?
En detalle, esta información puede ser proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, podemos precisar que las empresas del Grupo Telefónica son las que tienen el mayor número de acotaciones formuladas por la Sunat, confirmadas por el Tribunal Fiscal (TF), que están impugnadas o judicializadas en el Poder Judicial. Aproximadamente, la mitad de los S/ 8,4 mil millones [que proyectamos] podrían corresponder a controversias entre empresas del Grupo Telefónica y la Sunat.

¿Qué casos perciben como “los más ganables”?
En todos estos procesos se debe obtener un resultado favorable al Estado. Existen precedentes emitidos en otros juicios tributarios por el Tribunal Constitucional y por el Poder Judicial que respaldan las acotaciones más importantes realizadas por la Sunat y confirmadas por el TF.

En nuestra opinión, difícilmente las empresas del Grupo Telefónica podrán obtener un resultado favorable en la Corte Suprema porque, por ejemplo, algunos de sus argumentos de defensa se sustentan en el incumplimiento de la ley, [como es el] caso de los reparos denominados “provisión de cobranza dudosa” y “estado de flujos de efectivo”.

¿Hay algún plan en caso no se llegue a recuperar el dinero que proyectan?
En un escenario pesimista, una cifra cercana a los S/ 4 mil millones [podrían recuperarse]. Esto, en atención a que el trabajo de las áreas internas de la Sunat es sólido y las resoluciones del TF que han sido impugnadas por empresas del Grupo Telefónica cuentan con un buen sustento.

Si se tuvieran que hacer devoluciones, como podría ser el caso de Scotiabank, ¿hay fondos para hacerlo? ¿Qué casos parecidos hay pendientes por resolver?
A nuestro criterio, el caso Scotiabank es el único en el que existe la remota posibilidad de una devolución de aproximadamente S/ 500 millones.

La Corte Suprema ya estableció, con el carácter de cosa juzgada, que las operaciones mediante las cuales el ex Banco Wiese trató de sustentar una omisión al pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) que sustentan la devolución antes mencionada corresponden a las denominadas “operaciones no reales”. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional el que decidirá.

El Tribunal Constitucional se ha negado a confirmar que el magistrado José Luis Sardón de Taboada fue el ponente de la sentencia emitida en el caso Medina de Baca. Con esto, se cambió el criterio preexistente según el cual no correspondía perdonar los intereses moratorios a los contribuyentes por la demora en resolver por parte de las autoridades administrativas y que la única consecuencia jurídica posible a este retraso en resolver, es apremiar a la autoridad para que resuelva prontamente.

[Además], el gerente general de Scotiabank en Chile es Francisco Sardón de Taboada, hermano del magistrado José Luis Sardón de Taboada, quien presumimos fue ponente para el cambio de criterio en el caso mencionado.

Adicionalmente, el magistrado mencionado participó en la audiencia en la cual el Tribunal Constitucional examinó el proceso de amparo del Scotiabank, contaminando con su presencia dicha audiencia.

Luego se inhibió por decoro, lo que fue aceptado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no se ha programado una nueva vista de la causa con todas las garantías para ambas partes.

¿Cuáles son las razones por las que la Sunat decide apelar a las decisiones del TF?
En teoría, ambas entidades son parte del MEF y buscan lo mejor desde el punto de vista de la recaudación. La norma permite que la Sunat demande cuando considera que las resoluciones del TF no se encuentran arregladas a ley.

En el caso del proceso sobre capacidad satelital existía un precedente de la Corte Suprema que, luego de analizar la prueba existente en autos, definió los alcances de la capacidad satelital [con Telefónica] en términos distintos al ulterior criterio que maneja TF.

El TF es un ente colegiado de justicia administrativa autónomo y la Sunat también goza de autonomía funcional. Lo mejor desde el punto de vista de la recaudación es que todos los contribuyentes cumplan con la obligación de aportar en estricto cumplimiento de las normas vigentes.

¿Cuánta coordinación existe entre el TF y la Sunat?
El TF es un órgano de justicia administrativa que revisa lo resuelto por la Sunat. La relación que existe entre el TF y la Sunat es la misma que existe entre un juez del Poder Judicial y la Sunat. Ambos son órganos autónomos. Los contribuyentes y la Sunat son parte de las controversias ante el TF.

¿Consideran que se justifica extender más los procesos cuando un fallo del TF no se ajusta completamente a lo esperado por la Sunat?
Todos los contribuyentes e instituciones que consideren que los fallos del TF no se ajustan a las leyes tributarias tienen abierto el camino a su judicialización en el Poder Judicial.

De hecho, son los contribuyentes los que más impugnan las resoluciones del TF ante el Poder Judicial y nadie cuestiona esta facultad.

Las empresas del Grupo Telefónica, por ejemplo, hacen uso con frecuencia de este camino legal. El TF no solo se equivoca en contra de los contribuyentes, también lo hace en contra de la Sunat.

Si se asumiera el criterio que no se justifica extender más los procesos cuando un fallo del TF no se ajusta a lo pretendido por cualquier contribuyente o afectado por una decisión de este órgano, entonces las empresas del Grupo Telefónica tampoco hubieran impugnado estas decisiones y hace varios años hubieran pagado miles de millones de soles al Estado peruano.

La Procuraduría de la Sunat litiga cuando considera que tiene argumentos sólidos para cautelar los intereses del Estado y los ingresos fiscales con los cuales se financian los servicios públicos.

(Por: Luis Fernando Alegría y María Rosa Villalobos)


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