El ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y los demás integrantes de su familia tienen hasta las 10 p.m. para abandonar su vivienda ubicada en Surco, ello debido a la orden de incautación autorizada por el Poder Judicial y que es ejecutada a través de una diligencia dirigida por el fiscal Germán Juárez Atoche.

César Nakazaki, abogado de la ex pareja presidencial, dio cuenta de que la orden le fue comunicada esta mañana y señaló que en las próximas horas presentará una apelación a la medida. El plazo hasta las 10 p.m., precisó, fue otorgado por la fiscalía.

“Hay una orden de incautación para que se quite la casa de Ollanta y Nadine, lo cual es un acto absolutamente inconstitucional”, dijo Nakazaki a la prensa esta mañana al apuntar que la orden fue dispuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, contra quien está en trámite un recurso de recusación.

En esa línea, consideró que la orden de Concepción Carhuancho no responde a un acto jurídico, sino a “una venganza” por la recusación planteada y porque el Tribunal Constitucional (TC) le ha dicho al magistrado que su sistema de trabajo es inconstitucional.

Sin embargo, El Comercio pudo conocer que el requerimiento de incautación fue realizado por la fiscalía el 11 de abril, dos semanas antes de que se conociera la decisión del TC que ordenó la libertad de Humala y Heredia y de que estos fueran excarcelados.

Según agregó Nakazaki, contra el mismo inmueble ya se ha ejecutado una orden de embargo. Consideró además que para la decisión se debió de haber llevado a cabo una audiencia para hacer uso de su derecho a la defensa.

“Esta casa fue adquirida a través de una hipoteca del Banco de Crédito. Si supuestamente ha entrado dinero sucio sería para qué, para que haya una pared. No hay una pericia que ha determinado cuándo dinero sucio, entre comillas, sirvió para adquirir esta casa”, arguyó.

Nakazaki refirió que se definirá en las próximas horas a dónde se dirigirá la familia del ex presidente tras dejar el inmueble.

Explicó que la incautación es una medida cautelar y que la actual medida no se trata de un decomiso, pues esto se da con una sentencia.

“El decomiso es una pena que se determina al final en una sentencia condenatoria, que nosotros rechazamos. Ya se había dictado el embargo con orden de inhibición, o sea ya estaban prohibidos de disponer del bien, no se puede vender”, acotó.

El abogado sostuvo, sin embargo, que la familia Humala-Heredia cumplirá con la disposición judicial.


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