El equipo especial anticorrupción del Ministerio Público amplió la investigación a un grupo de árbitros para determinar si es que favorecieron a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la empresa brasileña cobrar millones de dólares al Estado.

En su indagación preliminar, la fiscalía ha incluido a 19 árbitros, según la disposición a la que accedió este Diario.

También están comprendidos en la indagación dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): el ex procurador Jaime José Valés Carrillo y el ex director de Concesiones Celso Gamarra Roig.

Asimismo, serán investigados tres ex ejecutivos de Odebrecht: Ronny Javier Loor Campoverde, Eleuberto Martorelli y Raymundo Nonato Trindade Serra.

Los implicados son investigados por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita.

La indagación preliminar ha sido ampliada por ocho meses más, tras una serie de nuevos indicios, así como la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que reveló cómo habría operado esta presunta red.

Para el Ministerio Público, los 24 investigados “formarían parte de una organización ilícita”, ya que –dice la fiscalía– previamente a la formación de los tribunales, las tres partes –árbitros, MTC y empresa– se habrían reunido y concertado para determinar el procedimiento del arbitraje, así como el sentido de los fallos.

La fiscalía señala que el ex procurador recibió dinero a cambio de no impugnar los laudos favorables a Odebrecht. Sobre el ex director de Concesiones, afirma que este instruyó a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht, con lo que incumplió así sus funciones en pro de los intereses del Estado.

—Reuniones y acuerdos—
Horacio Cánepa es investigado desde enero pasado, luego de que la empresa Odebrecht señalara que le depositó US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de una empresa ‘offshore’.

Cánepa tiene impedimento de salida del país. El Comercio pudo acceder a la declaración que dio un aspirante a colaborador eficaz, quien detalló a la fiscalía cómo habría operado ilegalmente.

“Gamarra Roig [ex director del MTC] y Loor Campoverde [Odebrecht] instruyeron a los árbitros para que emitan una decisión favorable a Odebrecht, que previamente había sido acordada entre las partes. El arbitraje iba a ser el ropaje legal para cobrar al Estado”, reveló el aspirante a colaborador N° 14-2017.

En otro momento de su declaración, el mismo delator informó que, en reuniones previas a la emisión de los laudos arbitrales, existía concertación entre el MTC y Odebrecht. Precisó que entre los ex funcionarios del Estado y la constructora acordaron emitir un laudo por US$12’178.333, los que el MTC pagó de inmediato, sin impugnar.

El Ministerio Público ha solicitado un peritaje a 24 laudos arbitrales para determinar si hubo alguna irregularidad. También ha requerido a la Unidad de Inteligencia Financiera verificar si los denunciados tienen cuentas en el extranjero o empresas ‘offshore’.

El abogado Humberto Abanto, uno de los investigados, negó los cargos imputados por la fiscalía y dijo no conocer a los ex funcionarios de Odebrecht. “Yo no estoy señalado. Están montando una sospecha generalizada. Por uno o dos están incluyendo a gente íntegra. A todos nos han metido solo por ser árbitros”, comentó.

Este Diario intentó comunicarse con Horacio Cánepa, pero no fue posible ubicarlo.


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