David Pereda

 

El Congreso y el Poder Judicial generan mayor desconfianza que otras instituciones de nuestra democracia cuando se trata de corrupción, según la última encuesta nacional urbano-rural de GfK. Ambos son vistos como las instituciones donde podría haber mayores problemas de corrupción por cuatro de cada 10 peruanos (41% y 39% respectivamente), muy por encima de la presidencia de la República (9%) y los ministerios del Ejecutivo (8%).

El sondeo recogió la percepción de los peruanos del sábado 21 al miércoles 25 en diferentes puntos del país.

Aunque el Congreso se desgañita en un discurso de lucha contra la corrupción, sigue bajo sospecha. En las últimas semanas defendió una nueva norma que lo excluye de una mayor fiscalización al establecer que el Congreso elija su jefe de Control Interno (su fiscalizador), cuando en todas las otras entidades del Estado lo hará la Contraloría.

Ya antes el Parlamento había caído en sonados casos de corrupción como la compra de 980 computadoras a más de cinco millones de soles que pretendió ejecutar la gestión de Luz Salgado, calificada de ilegal por Control Interno; o la adquisición de canastas navideñas a una empresa elegida a dedo, que investiga una fiscal anticorrupción, entre otros.

Con estas acciones, que no quieran una mayor fiscalización, como la que quiere aplicar la Contraloría a todo el Estado, refuerza la sensación de que el discurso anticorrupción solo es eso, discurso.

Esto se suma a los bajos niveles de aprobación del Parlamento, que aunque empieza a recuperarse (pasa de 11% al 15%), sigue en cuestión. Muy pocos perciben desempeño positivo de las bancadas que la conforman: Acción Popular (15%), Fuerza Popular (9%), Peruanos por el Kambio (7%), Alianza para el Progreso (6%), Apra (5%), Frente Amplio (6%) y el grupo Nuevo Perú (6%).

El Poder Judicial le pisa los talones al Congreso en la desconfianza que genera, cuando se habla de corrupción. Aunque no son tan sonados los casos, no dejan de haber. En enero último, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Jorge Ruiz, denunció presuntos actos de corrupción en su institución. Ese mismo mes, la OCMA (Oficina de Control Interno de la Magistratura) capturó al especialista legal Juan Osorio recibiendo una coima de 400 soles a un procesado para ayudarlo en su caso.

Entre las entidades estatales que dan servicios al ciudadano de una manera más directa, la mitad considera que los juzgados y las comisaría (50% y 48% respectivamente) son vistos como los espacios en donde podría ocurrir mayores problemas de corrupción.

La eliminación de la inscripción de partidos que reciben dinero de la corrupción y la prohibición de postulación de condenados por lavado de activos son considerados como los proyectos de ley que ayudarían a combatir la corrupción por cerca de un tercio de los peruanos (un 28% y un 27% respectivamente).

Rechazo al terror

Una amplia mayoría (89%) está en desacuerdo con que los senderistas Osmán Morote y Margot Liendo hayan salido de la cárcel. Más de dos tercios (68%) incluso cree que con la salida de Morote, Sendero Luminoso podría volver a agruparse en nuestro país.

En los ultimos días, diversos sectores han expresado en los medios de comunicación el rechazo a estas excarcelaciones, pese al cumplimiento de las sentencias judiciales. Desde el presidente Martín Vizcarra hasta la lideresa Keiko Fujimori, la corriente contra esta medida fue casi un consenso.

En la misma línea, una gran mayoría (78%) respalda el pedido que hizo el presidente Vizcarra al Poder Judicial para que se pueda evaluar la excarcelación de Morote y Liendo.

Esta liberación, aunque legal, ha despertado la sensibilidad de la huella de los años del terror que dejó Sendero.❧

Proyectos de ley encarpetados en el Parlamento

– Actualmente, el Congreso tiene encarpetados un promedio de treinta proyectos de ley en materia de lucha contra la corrupción, varios de ellos vinculados con este poder del Estado.

– Una de estas iniciativas (N° 2767) plantea que los altos funcionarios, incluyendo los congresistas, presenten obligatoriamente sus declaraciones juradas de intereses, con el fin de evitar eventuales conflictos de intereses. Uno de los que se opuso abiertamente a esto fue el aprista Mauricio Mulder.

– Otro proyecto (N° 2513) declara ilegal a los partidos políticos a los que se detecte que hayan recibido dinero proveniente de la corrupción, como es el caso de la constructora corrupta Odebrecht. Las fuerzas del Congreso prefieren no aprobar esta norma.


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