Gustavo Kanashiro Fonken

El Ministerio Público ha sumado un par de allanamientos más a los procesos relacionados a Odebrecht y sus coimas. Esta vez, los objetivos fueron las casas de la ex alcaldesa Susana Villarán y quien fuera gerente general de la Municipalidad de Lima durante su gestión, José Miguel Castro.

Para que el Poder Judicial haya admitido el ingreso a la fuerza por parte de fiscales y policías a estas dos viviendas, el fiscal a cargo de estas investigaciones, Hamilton Castro, debió plantear un caso sólido ya que se procedió a admitir que se infrinja el derecho a la inviolabilidad de un domicilio.

“La decisión se toma respetando la proporcionalidad, ponderación y racionalidad, pero todo esto se fundamenta en hechos fácticos. Puede ser información que el fiscal tenga de terceros, más allá del testimonio que puede haber dado Jorge Barata o Valdemir Garreta”, dijo a El Comercio el abogado penalista Luis Lamas Puccio.

En ese sentido, destacó la importancia de que la fiscalía haya realizado una labor más allá que tomar en cuenta las versiones que dio ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, o el publicista brasileño Valdemir Garreta. Este último detalló que Odebreht realizó un aporte de US$3 millones a favor de la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.

En su pedido, la fiscalía considera otros elementos, como un desbalance entre los aportes que declaró la campaña del No y los ingresos y gastos reales que detectó el Ministerio Público, así como visitas de representantes de Odebrecht y OAS a la comuna durante el proceso de revocatoria.

“El fiscal debe haber acumulado muchos más elementos que el testimonio de terceros. Tiene que estar sumamente convencido que en los allanamientos va a encontrar elementos para su investigación”, añadió.

– Cuestión de tiempos –

A pesar de que Lamas Puccio destacó la importancia del acopio de elementos para justificar el pedido de allanamiento, indicó que solo la fiscalía conoce por qué decidió realizar estas diligencias ahora y no en una fecha anterior.

“La opinión pública no sabe qué es lo que pasa en una investigación preparatoria porque esa información solo la tiene el fiscal. Ni siquiera los abogados acceden a eso”, comentó el abogado.

Una opinión más crítica tuvo el penalista Carlos Caro, quien consideró que el valor que puede aportar un allanamiento siempre se ve afectado mientras más se demore.

“La fiscalía puede presumir que va a encontrar pruebas en el domicilio para levantar, lacrar y exhibir en el juicio. Pero mientras más tiempo pase entre la comisión del delito y el allanamiento, se debilita esa posibilidad. Han pasado meses desde que surgió la noticia del presunto delito”, manifestó a El Comercio.

– El peso de las pruebas –

En lo que sí coincidieron ambos especialistas es que todos los hechos acopiados por la fiscalía, al haber permitido un allanamiento, ya tienen un peso suficiente para demostrar que la investigación puede seguir adelante.

“La fiscalía ya estaba en un punto muerto. Como parten de las declaraciones de Valdemir Garreta y de Jorge Barata, necesitaban pruebas para corroborar esa versión. Estas diligencias eran su única opción. Los elementos hallados en este allanamiento serían como la cereza del pastel que permitiría cerrar la parte de las pruebas y terminar de preparar el caso para una denuncia”, añadió Carlos Caro.

Donde espera que no surjan problemas es en la duplicidad de juzgados que han visto pedidos de allanamientos vinculados al Caso Odebrecht en el Poder Judicial. Mientras algunas solicitudes de diligencias han sido aprobadas por Richard Concepción Carhuancho, de la Sala Penal Nacional, el caso de Villarán pasó por las manos del  juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

“En teoría, todo debería ser visto por un mismo juzgado, pero acá el estándar no es el mismo, hay una bicefalia”, manifestó Carlos Caro.

Cabe recordar que esta no es la primera medida que se toma contra la ex alcaldesa Susana Villarán. Ella ya cuenta con una orden de impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses, la cual fue aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho en noviembre del 2017.


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