La Comisión de Ética Parlamentaria no pudo reiniciar sus sesiones este lunes por falta de quórum, la última se dio en diciembre del 2017. Por lo tanto, no pudo debatir —como estaba agendado con otros temas— el informe final de una denuncia contra Yesenia Ponce, congresista de Fuerza Popular.

Este aplazamiento del debate sobre el caso de Ponce se da además luego de que, en la víspera, un informe de “Cuarto Poder” hiciera nuevas revelaciones que ponen aún más en aprietos a la parlamentaria representante de Áncash. A continuación, algunos puntos para entender los cuestionamientos en su contra.

—La denuncia por sus estudios de secundaria—
En octubre del 2016, Yesenia Ponce fue denunciada ante la Comisión de Ética por mentir en la información consignada en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El primer indicio de irregularidad tiene que ver con ella señala que concluyó sus estudios secundarios en la institución educativa Luis Fabio Xammar, en Huacho, entre 1988 y 1992.

Sin embargo, el certificado de estudios emitido por la institución en marzo del 2016 indica que si bien la hoy legisladora estudió entre esos años, solo lo hizo hasta tercer grado de secundaria. En agosto de ese año, la Comisión de Ética archivó por mayoría la investigación.

La legisladora ha argumentado que finalmente concretó sus estudios de cuarto y quinto de secundaria entre 1995 y 1996 en el colegio Niño de Belén, en Villa María del Triunfo, el cual en aquella época no tenía autorización para enseñar en ese nivel. Pero las actas de estudios aparecieron suscritas por el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, de Puente Piedra.

—El presunto pago y los compañeros ‘fantasma’—
Esto último tiene que ver con un segundo indicio de irregularidad. A inicios de setiembre del 2017, el odontólogo Aldo Rodríguez Uceda, ex colaborador del despacho de Ponce, afirmó a “Cuarto Poder” que la parlamentaria le pagó S/10.000 “como prebenda” al director del colegio en Puente Piedra donde la parlamentaria afirma haber culminado sus estudios de secundaria.

Rodríguez presentó un voucher a favor de Daniel Soto Rivera, quien como director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga certificó que la parlamentaria estudió 4° y 5° de Secundaria en su plantel. Según dijo el ex colaborador, el dinero para el depósito fue entregado a su padre precisamente cuando ella era investigada por la Comisión de Ética por las inconsistencias en su hoja de vida, pesquisa que, como se señaló líneas arriba, fue archivada.

Sin embargo, por este caso referido a un presunto pago se abrió el 18 de setiembre del año pasado en la Comisión de Ética una investigación contra Yesenia Ponce, cuyo informe final estaba programado debatir este lunes, pero la sesión se frustró por falta de quórum.

Es en este contexto en el que se ha dado un tercer fuerte indicio contra Ponce, revelado el domingo por “Cuarto Poder”. El dominical televisivo accedió a las actas de evaluación final de todos los compañeros de colegio que se supone estudiaron con la parlamentaria de Fuerza Popular. Pero de acuerdo al programa televisivo, los nombres de las 21 personas que figuran en esos documentos no existen en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Además, llama la atención que en la base de datos del Reniec solo existe un único compañero de promoción de quinto de secundaria: Roxana Janet Peña Mejía. Se trata precisamente de la testigo que Yesenia Ponce presentó ante la Comisión de Ética para que dijera, en una declaración jurada, que ambas estudiaron juntas y que la parlamentaria de Fuerza Popular sí terminó la secundaria. Salvo Peña Mejía, los demás miembros de la promoción de la congresistas son ‘fantasmas’.

—La defensa de la congresista—
Yesenia Ponce negó haber mentido en su hoja de vida para postular al Congreso en los últimos comicios generales y aseguró que sí culminó todos sus estudios de educación básica. Según ha explicado, hasta el tercer año de secundaria estudió en el colegio Luis Fabio Xammar y los dos últimos años los completó en un colegio limeño.

“Todos los documentos los he presentado como debe ser, porque si no hubiera tenido los problemas en un inicio. Mi campaña ha sido transparente porque no me han sacado nada”, dijo a la prensa en octubre del 2016. Respecto a los cuestionamientos por el presunto pago por los certificados, la parlamentaria niega que haber dado ese dinero y afirma que no conoce ni al padre de Rodríguez ni a Soto Rivera, ex director de su colegio.

En tanto, la semana pasada, Ponce fue abordada por “Cuarto Poder” para que dé explicaciones sobre sus compañeros de colegio ‘fantasma’, pero se limitó a señalar: “Todo está en la fiscalía, estamos en el día de la mujer y merecemos respeto”.

Más allá de esa declaración, y desde la emisión del último destape, Ponce no se ha pronunciado.

—Los otros casos en Ética—
Además de la investigación por el presunto pago para obtener sus certificados de estudios, Yesenia Ponce tiene dos indagaciones en su contra.

Una tiene que ver con la difusión —el 17 de setiembre del año pasado— de un audio que dataría de inicios de año en el que dice que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, obstaculizó el proyecto de irrigación Chinecas. Solo un día después, la legisladora emitió un pronunciamiento público pidiéndole perdón a la ex candidata presidencial y asegurando que habló “faltando a la verdad” por la “frustración y molestia debido a la poca madurez política que tenía en ese momento”.

El tercer caso en la Comisión de Ética contra Ponce se refiere al lapicero que envió como regalo al despacho del presidente del grupo, Juan Carlos Gonzales, antes que se determinara si se le abría indagación por supuestamente mentir sobre sus estudios.

—La posición desde su bancada—
A raíz del audio sobre Chinecas, la bancada de Fuerza Popular decidió en setiembre del año pasado abrir un proceso disciplinario contra Yesenia Ponce. Un mes después, la suspendieron por 120 días, plazo que ya venció.

Sobre las últimas revelaciones contra Ponce, el portavoz Daniel Salaverry y la vocera alterna Milagros Salazar coincidieron al señalar a El Comercio que el caso debe seguir su curso en la Comisión de Ética.

“Aún no he conversado con la bancada sobre ese tema. Pero creo que el espacio indicado es la Comisión de Ética […] No existe alguna denuncia distinta (salvo la periodística) a la que ya conocemos y que está en Ética”, comentó Salaverry a este Diario.

Por su parte, Salazar manifestó: “En la Comisión de Ética se está viendo el caso del pago al director. Por esta información adicional (nombres inexistentes de sus compañeros de colegio) no hay algo formal. Que se presente una acusación e investigaremos”.


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