La razón de ser de todo Tribunal Constitucional (TC) está en la preservación del Estado democrático y en la tutela de las personas, manifestó el magistrado del máximo colegiado constitucional, quien adelantó en esta entrevista que el CEC pretende ampliar la cobertura de capacitación a los abogados.

Paul Herrera Guerra

Nuevamente ha sido elegido director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC. Esta vez para el período 2018-2019, ¿qué retos se plantea ahora?

–Queremos ampliar la cobertura de capacitación. Hemos cumplido con descentralizar el TC y fortalecer la capacitación virtual. En el tiempo que llevo en el cargo, el CEC ha dejado de ser una institución centralista y ha dejado de ser también una institución que simplemente se preocupa en cursos presenciales. Nuestra plataforma digital llega a todo el país, incluso fuera, tenemos alumnos nacionales y también extranjeros. Además, estamos evaluando la posibilidad de que, mediante nuestros asesores y magistrados del TC, podamos llegar presencialmente a otros lugares del Perú.

¿Qué obras proyecta publicar en el CEC?

–Queremos rescatar la tradición constitucional del Perú. Por eso, vamos a publicar un libro de José Silva Santisteban sobre Derecho de Gentes, precursor de lo que hoy día es el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario. Es un libro del siglo XIX, pero que cuestionaba seriamente el libro publicado en Chile por Andrés Bello de derecho internacional. Un texto poco conocido que será útil para los estudiosos del derecho constitucional y del derecho internacional. También tenemos pendiente la publicación una obra colectiva en que se estudiará desde distintos enfoques el proceso constitucional de hábeas corpus, que ya está listo, y que posiblemente (aunque todavía no es seguro) se publique con el Colegio de Abogados de Lima (CAL). Este año pensamos publicar la Constitución de 1993, en su edición original y en una edición con sus modificaciones, con un estudio preliminar de este texto que requiere ser examinado con plenitud y que está vigente con los cambios hechos y las interpretaciones efectuadas por parte del TC. Igual está pendiente una nueva entrega de nuestra revista de Derecho Constitucional dedicada a los derechos de la mujer, y el próximo número pensamos abordar precisamente los derechos de los migrantes, a propósito de la sentencia premiada, entre otros proyectos editoriales.

¿Cuál es la importancia del Tribunal y de las sentencias interpretativas que emite?

–La razón de ser de un tribunal constitucional está, por un lado, en la preservación del Estado democrático, del orden constitucional, y por otro, en la tutela de los derechos de las personas. Un sistema de justicia debe tener como guía el principio pro persona. El TC, en ese sentido, tiene que defender, por ejemplo, a los migrantes y diversos grupos humanos. Hemos emitido en el último año una serie de sentencias en esa dirección.

¿Cómo impactan estas sentencias en el ordenamiento jurídico?

–Lo que pasa es que las decisiones del TC tienen una importancia enorme porque incluso ayudan en el diseño de las políticas públicas. Es decir, corrigen, de pronto, un atraso o una mala orientación por parte de la actividad del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o del Poder Judicial. Entonces, el TC –en ese sentido– lo que busca es salvaguardar los derechos de toda persona y lograr una interpretación conforme y adecuada a la Constitución en caso de que los distintos poderes del Estado no adviertan que su accionar puede ser contrario a los mandatos constitucionales.

Premiación

El TC obtuvo el premio Acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional 2017 por la calidad de la STC N° 2744-2015-PA/TC que resuelve una demanda de amparo en materia de migración. ¿De qué se trata?

-–Esta sentencia compitió con otros 30 fallos de tribunales y cortes constitucionales de América Latina orientadas a la tutela de los derechos de personas migrantes o refugiadas, y obtuvo el primer lugar. Por tanto, es un premio de enorme trascendencia. La jurisprudencia internacional insiste mucho en que la situación migratoria de una persona no debe ser considerada nunca un delito, sino una infracción administrativa. Incluso en palabras de Gabriel Gualano de Godoy, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, esta sentencia del Tribunal Constitucional peruano marca un hito en la historia constitucional de América Latina y seguramente será referente de otras cortes constitucionales.

Constitución

A juicio del magistrado Ramos Núñez, la Constitución no excluye al derecho convencional ni viceversa, sino que el derecho convencional concurre con la Constitución, la fortalece y complementa.

Así, la Convención y la Constitución se presentan de una manera sincrética, con lo cual los derechos están mejor protegidos.

Por tanto, considera que el ciudadano debe tener confianza de que los derechos de la Constitución son también los derechos convencionales.


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