Sánchez enfrenta una acusación constitucional en el Congreso, promovida por el fujimorismo, que busca destituirlo del cargo. (Foto: El Comercio)

Han pasado 68 días desde que la Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Sin embargo, hasta ahora no hay avances.

En noviembre del año pasado, la subcomisión decidió que sea la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, quien elabore el informe de revisión de los hechos. Ese es el paso previo para que se recomiende a la Comisión Permanente una acusación o archivar el caso.

A la fecha, Beteta no ha presentado ningún informe. Según explicó a El Comercio, esto se debe a que no fue notificada.

“Todavía no me han notificado oficialmente y yo tengo que esperar eso. Eso le corresponde a la subcomisión”, explicó tras indicar que tampoco tiene información sobre los descargos de Pablo Sánchez.

En diciembre pasado, Samuel Abad, abogado de Pablo Sánchez, presentó un descargo por escrito donde pidió declarar improcedente la denuncia, que fue formulada por Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y la legisladora no agrupada Yeni Vilcatoma.

Ambos legisladores denunciaron a Pablo Sánchez de no haber garantizado una investigación imparcial a las empresas consorciadas de Odebrecht.

-Cronograma-
En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales explicaron que el retraso se debe a la carga procesal. Fuentes de dicho grupo indicaron a este Diario que se viene elaborando un cronograma de trabajo para este 2018.

Añadieron que no hay plazos establecidos para notificar al encargado de elaborar el informe, en este caso Karina Beteta.

El artículo 89 del reglamento del Congreso expresa que la subcomisión “podrá delegar la realización [del informe de hechos] en un plazo mayor de cinco días hábiles posteriores al acto de delegación”.