Se suele decir en el mundo de los negocios que más vale un mal arreglo que un buen juicio. Es probable que bajo esa premisa el Gobierno haya intentado solucionar el ‘impasse’ con Kuntur Wasi, la concesionaria a cargo de la construcción del aeropuerto de Chinchero, proponiendo una adenda al contrato. Y que después –cuando se abortó dicha opción– apostara por resolver el contrato por mutuo disenso. Finalmente –cuando el mutuo disenso falló–, intentó entrar en una negociación directa con el concesionario que permitiera una salida al menos amistosa.

Habida cuenta del reciente anuncio de que este último intento no fue exitoso, la posibilidad de un acuerdo cordial parece cada vez más remota.

Según ha informado Kuntur Wasi, el trato directo culminó sin que se haya llegado a un entendimiento sobre el monto que el Estado tendría que pagarle por la resolución unilateral del contrato de concesión, lo cual abre la puerta a que se inicie un arbitraje internacional contra el Perú. Aunque el titular del sector, Bruno Giuffra, ha afirmado la semana pasada que no cree que a la empresa le convenga optar por la vía del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), lo cierto es que se trata de una posibilidad en la que el Perú, según varios expertos, enfrenta un escenario poco venturoso.

Como se recuerda, toda la controversia se inició a raíz de la imprecisión del contrato de concesión original (concebido durante la gestión nacionalista) respecto de la magnitud del endeudamiento que podía asumir Kuntur Wasi para construir el aeropuerto en el Cusco y que debía ser reembolsado por el Estado Peruano. La alternativa entonces planteada por la administración de Pedro Pablo Kuczynski de asumir directamente el financiamiento de la obra (pagando menores intereses que los que habría que reembolsar al concesionario) generó una serie de críticas y suspicacias que sus propios funcionarios no pudieron despejar con solvencia, al punto de dar una serie de marchas y contramarchas con relación a la suscripción de la adenda. Al final, el Gobierno optó por dejarla sin efecto e ir por el camino de la resolución del contrato. Esto último, en medio de una tormenta política que lo enfrentó a diversos partidos de oposición en el Congreso, a la Contraloría General de la República y que dejó como saldo la salida de dos ministros de Estado (el de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y el de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne).

Así las cosas, la posición vacilante del Ejecutivo en este trance, sumada a las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno que admiten que la concesión decayó por falta de “consenso político” (en palabras del ex ministro Vizcarra), difícilmente puedan sonar bien en los oídos de un tribunal que busca darles seguridad a los inversionistas extranjeros precisamente frente a los vaivenes de la política.

El costo de la eventual indemnización que tendría que pagar el Estado Peruano –gracias no solo a los desaciertos del Ejecutivo, sino también a la irresponsabilidad y ruido generado por muchos legisladores–, lamentablemente, no es el único a considerar en este asunto. Menos tangible, pero no por ello desdeñable, es el daño a la confianza empresarial y a la inversión privada que un mal contrato y el manejo desprolijo de una alianza público-privada generan.

Finalmente, el ministro Giuffra ha anunciado que el aeropuerto de Chinchero “se hará de todas formas”; y, con mayor razón ahora, las formas serán trascendentales. Si se quiere recuperar la confianza ciudadana y empresarial, haría bien el Gobierno en demostrar con acciones que una concesión bien hecha –superior a un contrato de obra pública en cuanto a distribución de riesgos y obtención de eficiencias–no es una quimera.


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