Plantean cambios a la norma reguladora de la represión de conductas anticompetitivas.

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta legislativa para brindar mayor transparencia y predictibilidad a los procedimientos administrativos sobre infracciones a las normas de libre competencia.Se trata del Proyecto de Ley N° 2271/2017-PE que incorpora el artículo 30-A en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas relativo a la suspensión del plazo para resolver esos procedimientos.

Así, esclarece la aplicación de las reglas de caducidad en los procedimientos sobre infracción a esa ley, armonizando el interés público que pretenden proteger los procedimientos a cargo de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi y su secretaría técnica con el interés de los agentes económicos sujetos a una investigación, garantizando la emisión de decisiones ajustadas a derecho y en plazos razonables.

Además, se pretende evitar actuaciones injustificadas dilatorias u obstruccionistas de los sujetos involucrados en los referidos procedimientos.

Directrices

Conforme al proyecto de ley, excepcionalmente y mediante decisión motivada de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi o de este grupo de trabajo, el plazo para resolver se suspende cuando el procedimiento administrativo se paraliza por causa atribuible al administrado o cuando existan razones que determinen la imposibilidad temporal de continuar con el trámite. En particular, en cualquiera de los siguientes cuatro supuestos.

En primer lugar, cuando la interposición de un recurso administrativo no permite la incorporación de elementos de juicio indispensables para el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes o para las labores de investigación e instrucción de la secretaría técnica.

En segundo lugar, cuando se solicite a terceros o a otros órganos de la administración pública el aporte de documentos u otros elementos de juicio relevantes para la determinación de la existencia o no de la infracción imputada.

También cuando esté pendiente por parte del administrado la subsanción o ampliación de las respuestas presentadas ante los requerimientos de información de la secretaría técnica o la comisión.

Por último, cuando se realicen diligencias de notificación de documentos o actos que dependan de la participación de otra entidad del Estado o de la colaboración de autoridades en el extranjero.

Trascendencia

Las acciones de defensa de la competencia del Indecopi han tenido un impacto positivo sobre los consumidores peruanos, en particular aquellos de menores ingresos.

No obstante, en la tramitación de los procedimientos sobre conductas anticompetitivas bajo el ámbito de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas suelen presentarse incidentes que impiden la conclusión de alguna de sus etapas por razones ajenas a la autoridad instructora o resolutiva. Por ello, resulta imperativo fijar reglas claras y predecibles sobre el cómputo del plazo de los procedimientos para la aplicación del artículo 257 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ofreciendo transparencia y evitando interpretaciones carentes de razonabilidad que promuevan la impunidad, detalla el proyecto de ley.

Apuntes

-La suspensión del plazo para resolver sería por el tiempo que implique la completa realización o tramitación de los supuestos previstos en el artículo 30-A.

-En cualquier supuesto, la suspensión del plazo para resolver no excedería los 90 días hábiles.

-Además, el fallo de la secretaría técnica o la comisión sobre la suspensión sería inimpugnable.