Editorial El Comercio

 

Hoy el Congreso decidirá si hace uso o no de un poder excepcional: declarar que el presidente de la República está permanentemente incapacitado, desde el punto de vista moral, para ejercer su cargo y, consecuentemente, que tiene que ser apartado del mismo.

Para tomar esa decisión de una manera responsable, el Congreso debe centrarse en una única pregunta.

Esta pregunta no es si el presidente mintió o no sobre su pasada relación profesional con Odebrecht. Creemos, como ya hemos dicho, que está suficientemente claro que lo hizo, y más de una vez.

Tampoco es si el señor Kuczynski tuvo un conflicto de intereses cuando, siendo ministro del ex presidente Alejandro Toledo, su empresa unipersonal, gestionada entonces por Gerardo Sepúlveda (socio suyo en múltiples negocios a lo largo de varias décadas) facturó para la misma Odebrecht. En este Diario tenemos claro que lo tuvo. Y también que su posterior subcontratación por la empresa de Sepúlveda, en el 2012, para prestar otro servicio a la constructora brasileña calza perfectamente con la declaración de Marcelo Odebrecht en Curitiba, en el sentido de que luego de que terminó el gobierno de Toledo su empresa buscó contratar al presidente Kuczynski para “sanar heridas”. Con esto último, Odebrecht habría aludido al hecho de que el mandatario se opuso, cuando era ministro de Economía, a la construcción de la carretera Interoceánica Sur, un incidente que habría resquebrajado la relación entre el hoy presidente y Odebrecht.

La pregunta en la que el Congreso se debe centrar es si estas evidentes mentiras, y ese conflicto de interés en el que incurrió el mandatario hace ya más de una década cuando era ministro, son de una envergadura tal que justifican que sea vacado de la Presidencia de la República. Y al hacerlo, debe considerar que estará decidiendo sobre mucho más que la situación política actual: estará creando un precedente.

A fin de responder responsablemente esta pregunta, a su vez, el Congreso tiene que poder determinar si la contratación de la empresa del señor Kuczynski puede considerarse relacionada con decisiones que él tuvo que tomar respecto de Odebrecht en su calidad de ministro –sea en tanto que titular de Economía, sea en tanto que primer ministro–. Y eso requiere un debate que se centre en puntos específicos: en demostrar conexiones entre contrataciones y decisiones. Lo que, ciertamente, dudamos que se pueda hacer en un solo día.

Lo que en ningún caso se puede tener es la continuación de este sainete de maniobras baratas, en las que el drama está cediendo crecientemente al esperpento mientras, por solo citar un ejemplo, fantasmagóricos carros que transportan congresistas en venta desde un hotel sanisidrino a la casa del presidente (todo según “medios” que luego parecen no ser más que una congresista muy afín a la bancada que hace la denuncia). Cualquier vacancia declarada con esa mala fe y falta de pruebas solo puede constituir la apertura de una caja de Pandora de la que muy bien pueden acabar arrepintiéndose en un tiempo no tan lejano los más entusiastas de sus actuales propulsores.

Si, por otro lado, el debate es serio y logran probarse con suficiente razonabilidad las conexiones antes señaladas, no cabe hablar de golpe de Estado, pues la vacancia es una figura contemplada en la Constitución y los actos del presidente que hoy estarán en juicio en el Congreso no han sido obra de la oposición, ni de nadie que no sea él mismo.

En cualquier caso, no cabe acá un “te vaco porque quiero”. Solo cabe un “te vaco porque debo”. Y hay que demostrar este “debo”, que no en vano está todo el Perú mirando.


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