Atribución judicial debe ejercerse acorde con parámetros compatibles con la Constitución.

La Corte Suprema fijó como doctrina jurisprudencial vinculante las reglas para el control de constitucionalidad de las normas que los jueces deben ejercer  por mandato constitucional cuando en los procesos descubran alguna incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal.

Conforme al artículo 138 de la Constitución, el ejercicio de esa atribución de la judicatura denominada en derecho como “control difuso” implica preferir la norma constitucional en ese tipo de situaciones.

Por ende, para ejercer ese control, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la máxima instancia judicial determinó que los jueces deberán partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales.

Tendrán luego que realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una norma cuando sea la vinculada al caso, detalla el supremo tribunal en la resolución recaída en la consulta correspondiente al Expediente N°1618-2016 Lima Norte.

Para ello, constituye una obligación de los jueces haber agotado los recursos y técnicas interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma legal.

Además, como en esencia el control difuso constituye un control en concreto que conlleva la inaplicación de una norma legal al caso particular será obligación del juez identificar los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio legal utilizado para afectar derechos, el fin que se busca con esa afectación, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así aplicar el test de proporcionalidad, herramienta jurídica que permite ponderar derechos y fijar su jerarquía de protección en un caso.

Así, el supremo tribunal determina que la autorización constitucional a los jueces para el ejercicio del control difuso tiene límites bajo responsabilidad, pues no puede ser ejercida en forma irrestricta , ni vulnerando el ordenamiento jurídico y constitucional que justamente les corresponde preservar.

En ese sentido, el control difuso se ejerce en estricto para fines constitucionales, preservando la supremacía de las normas del bloque de constitucionalidad, es de carácter excepcional y de última ratio y solo procede cuando no se puede salvar mediante una interpretación la constitucionalidad de las normas, detalla el colegiado supremo.

Seguridad jurídica

A criterio del supremo tribunal, corresponde a los jueces cautelar la seguridad jurídica, por lo que el ejercicio del control difuso debe ser realizado conforme a parámetros de compatibilidad constitucional. En ese sentido, dicho control conlleva una labor compleja que ineludiblemente debe ser observada por los jueces y traducida en la motivación de la decisión judicial. Esto en tanto garantiza que están actuando conforme a los fines de preservar la supremacía de la norma constitucional, que no están vulnerando la presunción de legitimidad y constitucionalidad de las leyes, que no están actuando en contra del ordenamiento jurídico ni utilizando el control difuso para fines distintos a los permitidos, señala la sala suprema. Fija, además, que la facultad de los jueces para ejercer el control difuso está limitada al caso particular.

Apuntes

La Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema es el órgano judicial que tiene jurisdicción para conocer con exclusividad el control concentrado de normas infralegales.

A su vez, cuenta con competencia exclusiva para absolver las consultas por el ejercicio de los jueces del control difuso de las normas legales e infralegales en general, preservando la supremacía de las normas constitucionales.

LEAVE A REPLY