El Ejecutivo presentó este miércoles al Congreso la solicitud de facultades legislativas por 120 días basada en seis grandes ejes, cuatro de los cuales son de índole económico y que esencialmente buscan impulsar las inversiones, el empleo y ampliar la base tributaria, entre otros temas.

La aprobación de la solicitud, que probablemente se daría a inicios del 2018, serviría además para agilizar proyectos que se encuentran estancados en diversas instancias del proceso legislativo.

Por ejemplo, dentro del eje Gestión Económica, el primero del documento, el Gobierno propone modificar el régimen aplicable a los procesos de obtención de predios para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras.

Cabe recordar que hace unos meses, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley (PL) 1718 para que Pro Inversión agilice la expropiación de predios considerados prioritarios. Esto causó críticas de parte de organizaciones indígenas y finalmente fue rechazado por los partidos de Fuerza Popular y Frente Amplio.

La nueva propuesta, que excluye a los predios en tierras de propiedad de pueblos indígenas, ha sido criticada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, ya que, según indicó la organización, “son más de 3.000 comunidades a las se niega su inclusión en la base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura”, lo cual las haría vulnerables a sufrir la expropiación de terrenos.

Asimismo, en mayo de este año, la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso aprobó el PL que autoriza a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Ante la falta de la aprobación del Pleno, ahora el ejecutivo podría implementarla.

“No es lo ideal, pero ante medidas que pueden ser políticamente controversiales, hacerlo a través de facultades legislativas reduce el costo político al Congreso. Lo mismo se podría intentar con la reforma laboral pendiente”, apuntó el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera.

De igual manera, también hay un bloque del pedido para adecuación a estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en temas como solución de controversias, tratamiento tributario y lucha con la evasión y el lavado de activos.