Las acciones de la constructora Graña y Montero cayeron alrededor de 6% en las bolsas de Lima y Nueva York, luego de que se admitiera el pedido de prisión preventiva contra ex directivos de la empresa y directivos de JJ Camet e ICCGSA, ex socias de la brasileña Odebrecht.

De acuerdo con el analista financiero, Alberto Arispe, con esta última caída la empresa ha perdido más de dos tercios de su valor desde mediados del 2016, cuando empezaron a surgir indicios de su conocimiento de los actos de corrupción de Odebrecht. Esta situación se agravaría aún más con el encarcelamiento de José Graña Miro Quesada y Hernando Graña acuña y la prisión domiciliaria de Gonzalo Garrero.

“Los inversionistas están preocupados por lo que va a pasar en el futuro de la compañía porque hay mucha incertidumbre”, dijo. “En un año se ha caído 73%, la empresa valía US$1,200 millones hace un año y pico y hoy día vale US$320 millones”, detalló.

Se complican operaciones

De acuerdo con el gerente general de Kallpa SAB, la caída de las acciones refleja que los inversionistas ven complicado que la compañía pueda generar ingresos estables y utilidades en el futuro, lo que se debería a que, por un lado, las empresas privadas se cuidarán más de trabajar con Graña y Montero.

“Esto perjudica a todos, a los accionistas, a los trabajadores, a los proveedores, y a todos los que hacen negocios con Graña. Muchas compañías privadas no van a querer o van tener mucho cuidado en hacer negocios con ellos, esto no es un tema de si es justo o injusto, así funciona el mundo”, comentó.

Cuentas congeladas

Pero la empresa también tendrá dificultades en sus negocios con el estado, si es que se promulga la ley que amplía el alcance del Decreto de Urgencia 003 a las consorciadas de Odrebrecht, que facultaría al Estado a congelar los flujos que recibe la empresa por los contratos de concesión como la Línea 1 del Metro de Lima, la carretera Norvial o el reconocimiento de inversión del cancelado proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

“En teste momento se está buscando retener flujos de caja de las compañías, con lo cual estas compañías no pueden continuar operando, se paralizan los proyectos y no se avanza”, explicó.

¿Y la reconstrucción?

Arispe consideró que ni Graña y Montero, ni JJ Camet, ni ICCGSA, las tres constructoras de mayor tamaño del país, tienen restricciones para contratar con el estado de cara al proceso de reconstrucción, pero que el estado debería aclarar si en los próximos meses no tendrán estas restricciones.


LEAVE A REPLY