Paulo Rosas Chávez

La Comisión Permanente del Congreso fijó ayer un plazo de quince días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

La indagación se debe a dos denuncias constitucionales que los congresistas Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, y Yeni Vilcatoma (no agrupada) presentaron contra el titular del Ministerio Público. Ambas se han acumulado y la subcomisión deberá emitir un único informe al respecto.

A continuación, analizaremos los argumentos utilizados por Salaverry y Vilcatoma para pedir la destitución de Pablo Sánchez.

-Las empresas consorciadas-
En su denuncia, Daniel Salaverry reclama que Pablo Sánchez no tomó las acciones necesarias para evitar una “impunidad” de los directivos de las empresas peruanas involucradas en el Caso Lava Jato.

El vocero fujimorista sostiene que las cabezas de empresas como Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., entre otras, no están siendo investigadas y que, además, la inacción de Sánchez ha permitido que se ponga en peligro la intangibilidad de las pruebas que existirías en contra de estas y sus directivos.

Vilcatoma también menciona este argumento en su denuncia y añade que el fiscal Hamilton Castro, el titular del Caso Lava Jato, se habría negado a incluir a esas empresas, configurando así una especie de blindaje.

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, es falso que haya una inacción de Pablo Sánchez, pues “él no tiene ninguna investigación bajo su responsabilidad”.

“De acuerdo a la ley orgánica de la fiscalía y a la Constitución, el fiscal de la Nación dirige el Ministerio Público y es su máxima autoridad, pero no tiene a su cargo ninguna investigación en particular”, explicó.

Asimismo, refiere que las investigaciones de este tipo son reservadas y las manejan los fiscales encargados de manera autónoma. “Es más, sería ilegal que un fiscal de la Nación le diga a un fiscal que investigue o deje de investigar algo. Eso sí sería una gran infracción legal y constitucional”, añade.

Por su parte, el ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez considera que sí puede haber “culpa o una estrategia sutil” de Pablo Sánchez en este caso, pero que “eso no constituye infracción constitucional”.

A partir de ello, dice que el tema, en el caso que haya alguna falta, corresponde ser evaluado por el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y no desde el Congreso de la República. “Si el Parlamento lo halla culpable, bastaría una demanda de amparo para que todo el proceso y la decisión caiga”, opinó.

En todo caso, se debe resaltar que el equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por Hamilton Castro, sí tiene a su cargo la investigación preliminar a las empresas que formaron consorcios con Odebrecht.

-La designación de Castro-
Yeni Vilcatoma también atribuye a Pablo Sánchez una infracción al artículo 159 de la Constitución por, según dice, la supuesta violación constitucional tendría como origen la designación de Hamilton Castro como fiscal encargado del Caso Lava Jato.

La parlamentaria apunta que tal nombramiento ha generado perjuicios porque, hasta hoy, no se ha iniciado una investigación preliminar o una disposición preliminar para incluir a Odebrecht y a otras empresas consorciadas.

Vilcatoma señala que “la demora en las investigaciones” se debe a una concentración de las pesquisas “en un solo fiscal” y afirma que la designación de Hamilton Castro pone en riesgo el material probatorio de la investigación.

Al respecto, Quiroga sostiene que “la responsabilidades funcionales son personales” y Pablo Sánchez no tiene por qué responder por las acciones del fiscal Hamilton Castro.

“Si hubiese un error en la designación de Hamiton Castro, sería un error administrativo y no una infracción constitucional”, agrega.

De la misma opinión es Ernesto Álvarez, quien reitera que ese tema debería ser analizado por el CNM. “Un fiscal con la trayectoria de Pablo Sánchez sí se puede equivocar, pero eso no constituye una infracción constitucional”, detalla.

-El caso de Barata-
Otro de los argumentos de la congresista Vilcatoma es que no se haya llegado a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

“Según el resultado actual, [dichas acciones] habrían estado orientadas a generar inmunidad para el patrimonio de la misma [Odebrecht], dejando transcurrir tiempo valioso”, señala la denuncia.

Frente a ello, Álvarez sostiene que diligencias de ese tipo son parte de la autonomía funcional de cada fiscal. Añade que ellos pueden recibir algunas directivas, pero que “no responden de manera vertical respecto a sus superiores”.

En la misma línea, Quiroga afirma que “todo esos son detalles de la investigación de Castro, que es a quien deberían pedirle explicaciones”. “¿Qué puede hacer el fiscal de la Nación cuando legalmente no puede dirigir o interferir en ninguna investigación?”, cuestionó.


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