Once activistas de derechos humanos se han sentado este miércoles en el banquillo en el Palacio de Justicia de Estambul (Turquía) en el arranque del juicio que se ha convertido en paradigma de la ofensiva gubernamental contra la sociedad civil turca tras el frustrado golpe de Estado de 2016. Entre los imputados figuran la directora de Amnistía Internacional (AI) en el país, Idil Eser, y su presidente, Taner Kiliç, así como otros nueve trabajadores del sector. Todos se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión por vínculos o pertenencia a un grupo terrorista. Contra todo pronóstico, la Fiscalía acabó pidiendo la puesta en libertad bajo fianza para ocho de ellos, informa Efe. Si el tribunal acepta la petición, saldrían en libertad la directora de AI en Turquía, Idil Eser, el alemán Peter Steudtner y el sueco Ali Gharavi. También quedaría libre el presidente de AI en Turquía, Taner Kiliç.

La policía acordonó la plaza donde se levanta el tribunal, en la que miembros de distintas ONG leyeron un manifiesto para exigir la liberación de sus compañeros. Tanto periodistas extranjeros como personal consular de países europeos acudieron a la convocatoria, ya que uno de los acusados es de nacionalidad alemana (Peter Steudtner) y otro irano-sueca (Ali Gharavi). La vista comenzó con retraso debido al limitado aforo de la sala y a la numerosa asistencia de público, prueba de la gran expectativa que había suscitado la primera sesión del juicio más paradigmático contra organizaciones defensoras de los derechos humanos en Turquía.

Al comienzo de la sesión, defendió su inocencia Ozlem Dalkiran, miembro de la ONG Asamblea de Ciudadanos (HYD, en sus siglas turcas). La prueba del delito del que se le acusa son conversaciones que mantuvo con individuos procesados por pertenecer a la cofradía del clérigo Fetulá Gülen —a quien Ankara acusa de estar detrás del golpe fallido—, así como organizar consejos ciudadanos del no —un movimiento de oposición tras el referéndum constitucional de abril—.
Denuncia de un particular

En esas conversaciones se mencionaba a los profesores en huelga de hambre Nuriye Gülmen y Semih Özakça, encarcelados por su pertenencia al grupo armado izquierdista DHKP-C. La mayoría de las imputaciones siguen el mismo patrón, haber mantenido contacto con acusados por terrorismo. Tras Dalkiran, defendieron su inocencia Peter Steudtner, Ilknur Ustun, Idil Eser, Ali Gharavi, Gunal Kursun y Nalan Erkem.

“Los 10 de Estambul” (como les ha apodado la prensa sin contar a Taner Kiliç, cuyo caso se añadió después) celebraban un taller sobre seguridad digital organizado por una iniciativa conjunta, la Plataforma Común por los Derechos Humanos (IHOP, en sus siglas turcas). El encuentro tuvo lugar en un hotel de la isla de Buyukada, al sur de Estambul, a comienzos de julio. Un “testigo secreto”, el traductor del evento u otro huésped del hotel, avisó a la policía. Según la acusación, denunció una reunión clandestina en la que se impartían clases para proteger y encriptar “información en los teléfonos en caso de que fueran incautados por la policía”.

“Como Amnistía Internacional, hablamos con ciudadanos sobre asuntos sensibles, que les afectan a ellos o a sus familias, y esta información es confidencial”, explicaba Andrew Gardner, investigador de AI Turquía, a la entrada del tribunal. “Es nuestra obligación mantener en secreto lo que nos cuentan”, concluía para defender lo tratado en el taller de Buyukada. Gardner cree que las detenciones son un golpe directo al trabajo que Amnistía Internacional desarrolla en Turquía, ya que algunos cargos que se le imputan a Idil Eser se refieren a campañas anteriores a 2016, cuando ella comenzó a trabajar para la institución.

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