Si algo cabe rescatar de la errática conducta del Gobierno a lo largo de la última huelga magisterial es que se mantuvo firme en la inexorabilidad de las evaluaciones de desempeño a los docentes. El ahora ex presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala y la ministra de Educación entonces en funciones, Marilú Martens, advirtieron en más de una oportunidad que la demanda de las distintas dirigencias huelguistas para eliminarlas o hacer que no tuviesen efectos (relacionados, como es lógico, con la permanencia en el puesto de los maestros reiteradamente desaprobados) no era negociable. Y cumplieron.

La llegada del señor Idel Vexler al Gabinete, sin embargo, parece haber venido acompañada de una determinación menos clara al respecto. En una entrevista publicada anteayer en este Diario, en efecto, el nuevo titular de Educación fue repetidamente ambiguo sobre el particular, forzando a que se le planteara hasta tres veces la pregunta de si la referida evaluación se llevará este año a cabo.

En la primera ocasión, el ministro dice simplemente que, aunque se le van a hacer ‘algunas mejoras’, “está en camino”. En la segunda, señala que se ‘va a continuar’ con ella (siempre sin aclarar si esa continuación se materializará de alguna forma este año). Y en la tercera, repite más o menos lo mismo, agregando: “en el momento oportuno vamos a hacer algunos anuncios en el sentido de que los maestros sientan que esta evaluación es confiable, válida y, sobre todo, orientada a mejorar su desempeño profesional”. Tres dilatados circunloquios para evitar un simple ‘sí’ que llaman a suspicacia.

Tal suspicacia, además, se ve alimentada por una preocupante revelación sobre el sentido de los ‘cambios’ a la evaluación en los que su gestión estaría pensando. “Estamos estudiando –anota Vexler– la posibilidad de que la evaluación tenga valor para los que aprueben, y para los que no aprueben, por esta única vez, no sea considerada”. Una modificación que, como es obvio, equivaldría a no aplicarla porque anularía sus efectos.

Aguijoneado luego por el entrevistador, que le hace notar que un primer retroceso sería solo el preludio a uno segundo, uno tercero y uno cuarto, Vexler precisa que “todavía no hay una decisión”. Pero la verdad es que la señal de debilidad y disposición maleable ya está dada.

¿Cómo cree usted, amigo lector, que el sindicalismo radical que ‘suspendió’ la huelga derrotado en este punto va a leer la vacilación del nuevo ministro? En el lenguaje político, ofrecer un resquicio en un terreno donde la negativa antes era cerrada es prácticamente anunciar la capitulación. De manera que van a ir por ella (de hecho, el dirigente Pedro Castillo ya convocó a un paro nacional para el 25 de octubre que tiene entre sus banderas centrales el rechazo a las evaluaciones).

¿Y por qué podría un funcionario como él sentirse tentado a rendirse en una batalla que estaba ganada? Pues porque al ver que el pulseo con el gremio magisterial terminó costándole el puesto a su antecesora, el afán de caerles en gracia a sus líderes ha de ser considerable. Y si por añadidura se terminase desactivando el descuento a los profesores que faltaron a sus clases durante la huelga –otra materia respecto de la cual el titular de Educación se muestra ambiguo en la entrevista– el cuadro estaría completo.

De ocurrir así las cosas, no se trataría por cierto de un evento sin precedentes en el Estado Peruano. Las concesiones para no perder popularidad han sido en realidad una moda eterna en el manejo de este sector y otros. Pero la administración saliente, con todos sus defectos, parecía haberla convertido en una vieja ola. Y por más nostálgico que se sea de los hits de antaño, traerla de regreso sería uno de los empeños más perniciosos para un gobierno que, hace poco más de un año, inició su gestión prometiéndoles a los peruanos una ‘revolución social’.


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