Fue mediante el Proyecto de Ley N° 1808/2017-PE que modifica el Decreto Legislativo N° 957, también para fortalecer la eficacia de tales artículos relativos al plazo de la detención y a la detención judicial en caso de flagrancia, a tono con lo dispuesto en la Ley N° 30558 que modifica el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución.

Lineamientos

Conforme a la propuesta legislativa, la detención policial solo durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y no podrá exceder el plazo de 48 horas o el término de la distancia.

No obstante, si se trata de delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención policial o preliminar podrá durar hasta un plazo no mayor de 15 días.

En caso de flagrancia, el fiscal podrá requerir al juez de investigación preparatoria dentro de las 24 horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión del mandato de detención judicial hasta por un máximo de 7 días, cuando por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.

Corresponderá al juez, antes del vencimiento de las 48 horas de la detención, realizar la audiencia de carácter inaplazable con asistencia obligatoria del fiscal, el imputado y su abogado defensor.

El fiscal dispondrá el traslado del imputado a la audiencia, bajo custodia de la Policía Nacional.

De esta manera, se busca dotar de coherencia y sistematicidad al ordenamiento jurídico penal peruano respecto de los plazos de detención policial y detención preliminar judicial.

De acuerdo con el proyecto de ley, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán integrar a sus protocolos de actuación interinstitucional y normas internas el trámite previsto, el cual tendrá que aprobarse conjuntamente en un plazo no mayor de 60 días.

La iniciativa legislativa será evaluada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Detención policial

Una de las herramientas que tiene el Estado para la lucha contra la criminalidad es la detención policial (prevista en el artículo 2.24.f de la Constitución y en el artículo 259 del CPP). Se trata de una medida cautelar de naturaleza personal prejurisdiccional ejecutada por la Policía Nacional. La detención policial impide el libre ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria, en su vertiente de libre desplazamiento, a efectos de impedir una posible sustracción o fuga, o que perturbe los actos iniciales de averiguación.

Para que esta institución cautelar sea aplicable se requiere de la existencia previa de una situación fáctica en la que se haya cometido un presunto delito en forma flagrante, del cual existan evidencias preliminares, inmediatas y suficientes que hagan inferir casi de forma segura que se ha cometido un hecho delictivo y que el detenido está vinculado al mismo.

Apuntes

Con la detención en flagrancia se da inicio al proceso penal, puesto que, una vez que esta se produce, el Estado, mediante la Policía, le imputa a un ciudadano la presunta comisión de un delito.

Existen la flagrancia en sentido estricto, cuasiflagrancia y presunción de flagrancia.

Se fortalece la aplicación de la detención policial en flagrancia y la detención preliminar.


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