Durante el primer año del actual gobierno, Fuerza Popular (FP) ha tratado de desvirtuar el cargo que se le hace desde diversos sectores de la opinión pública de ser obstruccionista frente al Ejecutivo. Esto es, de bloquear, desde el Legislativo, iniciativas del presidente y su equipo ministerial por el solo prurito de hacer sentir que es mayoría absoluta en ese poder del Estado, y no por las responsabilidades de contrapeso o control político que le ha asignado el voto popular y la Constitución consagra.

Como supuesta prueba de la inexistencia del afán obstaculizador que se le atribuye, el fujimorismo suele mencionar el voto de confianza que otorgó en su momento al Gabinete Zavala, la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por la administración ppkausa el año pasado y la aprobación del presupuesto del 2017. Pero eso, en realidad, es lo mínimo que se esperaría de cualquier representación nacional para permitir que el Gobierno funcione. El ‘obstruccionismo’ naranja, en realidad, ha sido identificado más bien en la actitud de la bancada frente a varios ministros, citados permanentemente a una u otra comisión parlamentaria, y sobre todo en la censura del entonces titular de Educación, Jaime Saavedra, y la atmósfera ‘mototaxi’ que la rodeó.

Hace poco más de un mes, sin embargo, una reunión en Palacio entre Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski pareció motivar un discreto cambio de actitud en FP, que daba espacio a un cierto optimismo para el futuro inmediato… Pero, lamentablemente, la tregua demostró tener vida corta, pues la semana pasada el fujimorismo ha vuelto a su viejo talante de entorpecer la acción del Ejecutivo: no solo promovió y aportó los votos necesarios para una inoportuna interpelación a la actual ministra de Educación, Marilú Martens –sobre la que ya hemos editorializado en esta página–, sino que además objetó y puso en suspenso la autorización al viaje del jefe de Estado a Estados Unidos y el Vaticano en setiembre próximo.

¿Cuáles han sido los argumentos para ese retaceo? Pues a juzgar por las intervenciones de algunos legisladores naranjas, la supuesta inconveniencia de que el mandatario se aleje del territorio nacional en medio de una coyuntura de graves problemas, como el de la huelga magisterial. “Yo pido considerar a la representación nacional si nuestro presidente debe ir al extranjero o debe dirigir el país, solucionando los conflictos que son parte de la agenda nacional”, ha dicho, por ejemplo, la congresista Alejandra Aramayo. Mientras que su compañero de bancada Héctor Becerril ha anotado: “Dentro de una grave crisis que pasa el país, el presidente pide irse nueve días”. Y luego: “Tenemos un presidente no solamente ausente físicamente; tenemos también un presidente ausente mentalmente”. Con lo que consiguió sumarle a la argumentación efectista la ofensa.

Ocurre, no obstante, que, como se ha recordado en estos días, la política exterior del país la dirige el presidente de la República y la circunstancia de que deba solicitar al Parlamento autorización para viajar no tiene que ver con necesidad alguna de que el Congreso evalúe la conveniencia política de tal o cual gira, sino con la urgencia de precisar la extensión y el destino de ese periplo a fin de evitar abandonos del cargo de parte del más importante de los funcionarios del Estado, como los que ignominiosamente se produjeron en el pasado.

Y no ha sido ese precisamente el objetivo que persiguió el fujimorismo al llamar a un ‘cuarto intermedio’ antes de aprobar o rechazar la autorización. “Tampoco es que se haya denegado [el permiso], lo que hemos dicho al pleno del Congreso es: revisemos con calma, evaluemos qué es lo más beneficioso para el país”, ha sostenido el parlamentario Daniel Salaverry tras la última sesión plenaria, poniendo en evidencia que lo que se busca es hacerle sentir al Ejecutivo el poder de la mayoría, y que lo único que realmente entró en un ‘cuarto intermedio’ por unas semanas fue esa vocación obstaculizadora del fujimorismo que ahora ha vuelto por sus fueros.


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