Con la Ley N° 30651 que otorga al presidente del Poder Judicial (PJ), con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, el Parlamento restituye a la máxima instancia judicial del país esa atribución, excluida durante el debate que dio fruto a la vigente Constitución de 1993.

Así lo sostuvo el juez supremo Héctor Lama More, quien saludó la promulgación de esta norma modificatoria del artículo 203 de la Constitución. Era un claro anhelo de los magistrados y de los órganos de gestión del PJ que veían limitada su actividad a la presentación solo de iniciativas legislativas, indicó.

Considera que con esta prerrogativa, la Corte Suprema puede ahora cuestionar las leyes que, en opinión de esa institución, contravendrían la Constitución.

A su criterio, esta norma en la forma o en el fondo le confiere entonces al PJ la ubicación que le corresponde como poder del Estado. Lama More dijo que, si bien por el momento no existe ninguna demanda en camino para ser interpuesta ante el Tribunal Constitucional (TC), hay normas en el fuero civil y penal que no son aplicadas en la solución de los conflictos porque contravienen la Constitución.

Conforme a la exposición de motivos de la ley su aprobación no impactará de manera significativa en la carga procesal del TC, que durante el año pasado solo tuvo a su cargo 22 procesos de inconstitucionalidad.


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