La Corte Suprema delimitó la aplicación de los principios de razonabilidad e inmediatez en los procedimientos de despido en el ámbito del régimen laboral de la actividad privada.

Fue mediante la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 3090-2015 Cusco emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de dicha corte.

Lineamientos

A juicio de este colegiado, esos procedimientos deben analizarse usando el principio de razonabilidad entendido como aquel criterio vinculado a la justicia que está en la esencia del Estado constitucional de derecho.

Modelo de Estado que lo expresa como mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias.

De igual modo, la sala suprema considera que en los referidos procedimientos debe aplicarse el principio de inmediatez y acoge la posición asumida por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. N° 00543-2007-PA/TC .

Así, considera que este principio tiene dos etapas: cognitiva y volutiva. La primera está conformada por los hechos que ocurren después de la falta cometida por el trabajador que implica tomar conocimiento de esta, calificar la conducta descubierta como una infracción, y comunicar a los órganos de control y dirección del empleador facultados para tomar decisiones.

La segunda está referida a la activación de los mecanismos decisorios del empleador para configurar la voluntad del despido. Implica, por tanto, la evolución de la gravedad de la falta, por las repercusiones que causa a la productividad y a las relaciones laborales en la empresa, por el examen de los antecedentes del trabajador infractor y su conducta en el centro de trabajo, para fijar si excedía los márgenes de confianza depositados en él.

De ahí que, dicha etapa está dada por la toma de decisión que depende de la complejidad de la organización empresarial, ya que mientras mayor sea esta, las instancias que intervengan en la solución deberán ser más numerosas y, si es simple, como el caso de un empresario individual, bastará con su sola decisión, la que podrá ser adoptada en el más breve plazo.

Recomendaciones

SI bien lo ideal es que conocida una falta esta sea investigada y sancionada, existen situaciones que requieren una mayor indagación para adoptar una decisión, ya sea por los hechos complejos o las dificultades para hallar pruebas y determinar responsabilidades, indicó Percy Alache, director de Pwc. Cuando ello sucede, dijo, el empleador debe indicar en un documento que la investigación es compleja, así como las acciones a realizar, áreas que participarán y plazo aproximado de ejecución.


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