Redacción: Lupe Muñoz

Por unanimidad la Corte Suprema de Chile rechazó la apelación interpuesta por la defensa de Alberto Fujimori contra una resolución de la justicia del mismo país, que autorizaba a la justicia peruana juzgar al ex jefe de Estado por la masacre de seis personas en la localidad de Pativilca, en el norte de Lima.

Los delitos imputados a Fujimori son los de homicidio calificado -que en la legislación chilena es considerado de lesa humanidad- y asociación ilícita, derivados de los hechos de sangre de Pativilca. Un segundo caso por peculado fue desestimado por haber prescrito.

La justicia peruana determinó que el asesinato registrado el 29 de enero de 1992, lo perpetró un comando del autodenominado destacamento Colina, compuesto por oficiales y agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), cuyas acciones criminales respondían a una cadena de mando que alcanzaba al comandante general del Ejército, general de división EP (r) Nicolás Hermoza Ríos; al jefe de facto de los servicios secretos, capitán EP (r) Vladimiro Montesinos Torres, y culminaba en el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori.

Fujimori, Montesinos y Hermoza cumplen condena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que también perpetró el destacamento Colina, una organización criminal que ejecutaba la nueva política antiterrorista del régimen fujimorista, que consistía en la eliminación extrajudicial de sospechosos de pertenecer a agrupaciones subversivas.

Los homicidios de Pativilca fueron consumados por la misma organización que recibía fondos y armas del Ejército con conocimiento de Fujimori, Montesinos y Hermoza, según las respectivas sentencias judiciales (ver nota aparte).

En febrero de este año, el magistrado chileno Ricardo Blanco acogió la solicitud de la justicia peruana de ampliar las causales de la extradición de Fujimori de Chile al Perú, para someterlo a proceso por la matanza de Pativilca.

La defensa de Fujimori apeló y el expediente pasó a manos de la Segunda Sala de la Corte Suprema chilena, que con fecha 5 de junio resolvió confirmar el fallo de Blanco.
Es lesa humanidad

“Esta Corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia (Ricardo Blanco), referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, conclusión que priva de sustento a la alegación sobre la extinción de la acción penal”, como arguyó la defensa de Fujimori.

Efectivamente, para el tribunal chileno, el homicidio calificado, al ser considerado un delito de lesa humanidad, es imprescriptible. Los abogados del ex presidente sustentaron la apelación bajo el supuesto de que el homicidio calificado atribuido a Fujimori era un delito que había prescrito.

Para el máximo tribunal chileno, la masacre imputada a Alberto Fujimori constituye “un ultraje a la dignidad humana”, puesto que representa “una violación grave de los derechos y libertades”. En consecuencia, tiene “carácter de imprescriptible”, lo que incluye “la imposibilidad de la amnistía”.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez -uno de los vocales supremos que confirmó la sentencia a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta-, refirió que si bien la justicia chilena habilitó a la magistratura peruana procesar al ex mandatario, no había consenso sobre la manera de hacerlo.

“Sobre este punto existen discrepancias para interpretar cómo debe ser resuelto”, indicó. “Serán los tribunales nacionales los que dirán si corresponde o no (sentenciarlo) por lesa humanidad. Ese es un tema de doctrina en el derecho penal. Los juristas y jueces tienen posiciones discrepantes, no voy a decir cuál es mi punto de vista”, añadió.

En la primera sentencia por Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, el tribunal que presidió el magistrado César San Martín Castro precisó que los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado son considerados de lesa humanidad por la jurisprudencia internacional.

La abogada de los familiares de las seis víctimas de la masacre de Pativilca, Gloria Cano Legua, informó que luego de la decisión de la Corte Suprema de Chile, corresponde al Ministerio Público pronunciarse.

“Estamos esperando que la fiscalía se pronuncie sobre la acusación, para luego pasar a juicio oral. Se le debe tomar una instructiva a Fujimori sobre este caso”, dijo.
Banda asesina

El ex procurador anticorrupción Joel Segura confirmó que ahora le corresponde al Ministerio Público proseguir con el proceso.

“La fiscalía tiene que reactivar el procedimiento en el estado en que se encuentra.Lo que corresponde es que se abra un juicio contra Fujimori. No hay posibilidad alguna para impedir este juicio”, explicó.

Hay otros crímenes atribuidos al destacamento Colina que se encuentran pendientes de sentencia, como la masacre de nueve campesinos en El Santa (Chimbote, 2 de mayo de 1992); el asesinato del periodista Pedro Yauri Bustamente (24 de junio de 1992) y de seis miembros de la familia Ventocilla, en la misma fecha.

De acuerdo con el ex procurador Joel Segura, dependerá de la justicia peruana, si encuentra elementos suficientes, requerir a la Corte Suprema de Chile más ampliaciones para juzgar a Fujimori por los homicidios mencionados.

El 29 de enero de 1992, los agentes del SIE secuestraron, torturaron con soplete y ejecutaron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). Ninguno tenía antecedentes por terrorismo. Se supone que fue una matanza “por encargo”, es decir, dispuesta por alguna figura del régimen de Fujimori a cambio de dinero, como sucedió con la matanza de El Santa, que sigue impune.

José Agüero Rivera, hermano de Pedro Agüero Rivera, uno de los masacrados en Pativilca, declaró a La República: “Para nosotros es una gran noticia, porque después de 25 años se podría conocer la verdad y la verdad nos dará tranquilidad. Queremos que este caso se juzgue y se sancione a los responsables de estos crímenes. Yo perdí a mi hermano Pedro. Mi madre tiene 85 años y sigue esperando justicia por la memoria de mi hermano”.

Y añadió: “Ahora que todo está en manos de la justicia esperamos que actúen de manera imparcial y correcta, que no haya impunidad. Esperamos que lleven un proceso adecuado y que se cuente la verdad de lo que pasó ese día”.
“Fallo chileno no tendrá impacto en el indulto”

Para la actual abogada del ex presidente Alberto Fujimori, Liza Ramos Dávila, la autorización de la corte chilena que permitirá juzgarlo por nuevos casos de homicidio no tendrá ninguna consecuencia en el hábeas corpus que busca su liberación.

“Si la justicia chilena autoriza una ampliación de extradición, eso no significa que la justicia peruana tenga necesariamente que condenar. Se tendrá que investigar. Yo creo que no tendría un impacto negativo en el hábeas corpus”, según declaró en Canal N.

Actualmente, el pedido se encuentra en apelación, tras ser rechazado en primera instancia.

Para la letrada, la resolución de la justicia chilena respaldaría lo que sostienen los fujimoristas: que la sentencia de 25 años fue arbitraria.

“Esta noticia nos respalda y pone en evidencia que en la sentencia emitida contra Alberto Fujimori no respetaron los requisitos para hablar de lesa humanidad. Lo que está haciendo la justicia chilena es incorporar recién los temas de lesa humanidad. Sin embargo, el ex presidente ya ha sido condenado con esa declaración incorporada de manera arbitraria por la Corte Suprema, pero Alberto Fujimori no ha sido condenado por lesa humanidad”.


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