Una denuncia contra Héctor Becerril lo implica en presuntos vínculos con la empresa azucarera Pucalá, que mantiene una disputa con sus trabajadores por el control administrativo. El congresista fujimorista envió tres oficios a diferentes funcionarios del Estado para solicitar celeridad en la resolución del caso.

Esta acción, según el exlegislador Natale Amprimo, va en contra del reglamento del Congreso que prohíbe a los congresistas a intervenir en causas de terceros. Según el dominical Panorama, Becerril envió documentos a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al director de la Policía Nacional y al ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Los cuestionamientos. Una de las cabezas de Pucalá es Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez, quien obtuvo el control de la empresa mediante un cuestionado fallo que estuvo a cargo del juez Edwin Siaden Díaz. Pero en semanas dejaron sin efecto esta resolución y al juez lo suspendieron de su cargo por las irregularidades detectadas en el proceso.

El 9 de mayo la OCMA suspendió por seis meses a juez chiclayano Edwin Siaden Díaz.

Lo que pidió Héctor Becerril a las autoridades notificadas fue celeridad y explicó también los argumentos del representante Gálvez en este proceso. Según el reportaje, trabajó entre 2006 y 2011 en la azucarera Pomalca y también realizó trabajos administrativos en Tumán, otra conocida empresa del rubro en el norte del país, de la que ahora su hermano es gerente. Su relación y conocimiento de la problemática es conocida.

La respuesta. El legislador respondió que no le van a encontrar nada ilegal porque es un hombre decente. “Yo no tengo ningún conflicto de interés respecto a la empresa Agro Pucalá. Para mí lamentablemente en el Poder Judicial están demorando esos fallos porque están esperando prebendas, y para mí no es delito enviar una carta”, dijo Becerril.

los otros litigantes

La otra parte en el conflicto son los trabajadores, quienes están representados por Carlos Ramírez, secretario general del sindicato de trabajadores Agro Pucalá, quienes desde el año 2014 ejercen la administración judicial de la azucarera. Él señaló al congresista de Fuerza Popular de ejercer presión para favorecer a Gálvez y a la empresa.

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