Ha sido uno de esos aniversarios que nadie celebra, que muy pocos recuerdan y que, tal vez, la mayoría desconoce. La sola evocación de esta fecha aciaga puede provocar en muchos una sensación de asco; en otros, escalofríos, y así acabar revelando culpas propias y ajenas, silencios cómplices.

¿Cuánto de lo que actualmente conocemos se pudo evitar si aquel infausto acontecimiento de hace exactamente 25 años no se hubiera sumergido en las profundidades de la desmemoria? ¿Si las autoridades y la prensa hubieran sido más acuciosas? ¿Si las pesquisas hubieran hurgado por debajo de la superficie?

Era la madrugada del 17 de mayo de 1992 cuando la habitual tranquilidad del hotel de cuatro estrellas Della Volpe Garden de la calle Frei Caneca, en el centro de São Paulo, fue quebrada por el ruido de tres disparos que procedían de la habitación 704. Luego se escuchó a tres hombres salir sin apuro, tomar el ascensor y marcharse tranquilamente.

Cuando los empleados del hotel vencieron el miedo y abrieron la puerta, la escena era macabra. El huésped yacía muerto sobre su cama en medio de un charco de sangre. Las investigaciones no dieron demasiadas luces y la policía lo atribuyó, en aquel entonces, a un robo común, seguido de muerte: la víctima despertó en medio de la noche, encontró a los ladrones, opuso resistencia y le asestaron tres tiros en el corazón, el estómago y la cabeza. Asunto cerrado.

Pero el brasileño Edmundo Pinto no era una víctima más de la inseguridad ciudadana. Era el gobernador de Acre, un estado limítrofe con el Perú y conectado ahora con nuestro país por la cuestionada carretera Interoceánica. Nadie preguntó por qué sus agentes de seguridad que dormían al lado aseguraron no haber escuchado nada –a diferencia de otras personas que estaban en el hotel– ni tampoco cómo entraron los asesinos o por qué escogieron, precisamente, el séptimo piso para cometer un crimen.

La muerte de este hombre de 38 años se produjo horas antes de que tomase el avión a Brasilia para declarar ante el Congreso por las denuncias que había hecho acerca de un sobreprecio equivalente a 100 millones de dólares en varias obras públicas de su empobrecido estado, realizadas a un costo total de 250 millones de dólares por la empresa Norberto Odebrecht. Él se había mostrado a favor de rescindir los contratos.

La memoria de Pinto se fue apagando con el paso de los años hasta quedar estampada en los nombres de ciertas calles, de alguna plaza o del tramo de una carretera, poco transitada. Pero, con el estallido del Caso Lava Jato, la muerte de Pinto recobró notoriedad y resurgió como un fantasma del pasado que se niega a ser espantado.

Su hijo Rodrigo Pinto, quien durante años libra una cruzada por el esclarecimiento de este hecho sangriento, asegura que su padre perdió la vida por sus denuncias precursoras contra la constructora y expresó, a través de su cuenta de Facebook, su esperanza de que las investigaciones del sonado caso permitan también saber quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato.

Hoy se conoce, gracias a una investigación del diario “Folha de São Paulo”, que dos empleados de Odebrecht estaban hospedados, coincidentemente, en el mismo piso del hotel aquella fatídica noche. También se pudo capturar a uno de los supuestos asesinos que reconoció haber recibido dinero a cambio de dar muerte al gobernador, pero se negó a revelar quién o quiénes le pagaron.

Incluso, el ex reportero de los diarios “The New York Times” y “Washington Post” Jeffrey Hoff, especializado en la investigación de los vínculos entre política y crimen, asegura que la muerte de Pinto formó parte de una serie de por lo menos otros cuatro asesinatos ligados a la red de corrupción que provocó la destitución del presidente Fernando Collor de Mello en 1992.

El caso de Pinto pone en entredicho una vez más la hipótesis de que la maquinaria de corrupción, montada por Odebrecht y las otras empresas brasileñas, es de años recientes o, como alegan muchos salpicados por el escándalo, que carecían de cualquier indicio previo para desconfiar de aquello que se cocinaba tras bastidores.

En una declaración al juez Sergio Moro realizada en diciembre pasado y hecha pública recientemente, el presidente del Consejo de Administración de la constructora Emilio Odebrecht reconoció, con una gran dosis de cinismo, su peculiar manejo empresarial y el tiempo que llevaban practicándolo.

“No es un negocio de 5 años, 10 años atrás. Nosotros estamos hablando de 30 años atrás”, declaró y arremetió contra quien culpa, en parte, de sus tribulaciones penales: “La propia prensa… ¡Toda la prensa sabía que efectivamente lo que ocurría era eso! ¿Por qué ahora están haciendo todo esto? ¿Por qué no hicieron eso hace 10, 15, 20 años?”.

¿Es posible que algunos (o varios) delitos vinculados a este escándalo no se hubieran cometido si las autoridades persistían en esclarecer las denuncias del gobernador? Si la prensa insistía en el caso, ¿se habrían dejado de pagar sobornos o ciertas campañas electorales no conseguirían sumar esos ‘aportes voluntarios’ cuyos intereses se amortizan con creces luego con el dinero de todos los ciudadanos?

Respuestas difíciles y quizás imposibles de contestar algún día. Lo cierto es que, si las flagrantes omisiones ocurridas en el caso de Pinto no fueran tales, quizás la opinión pública habría estado más alerta, la trama contaría con menos cómplices y pocos podrían refugiarse en el desconocimiento para exculparse por haber colaborado –directa o indirectamente– en este perverso esquema que se expandió como un cáncer hasta alcanzar los niveles metastásicos a los que llegó en Brasil, el Perú y otros países de la región.

Una huella que parece ser la primera y que sirve como lección para entender que el olvido, muchas veces, puede contribuir no solo a la ignorancia sino también a la complicidad.


Hugo Coya
*El autor ha sido presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Brasil y cubrió algunos de los hechos aquí narrados.


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