Bruselas eleva las exigencias del ‘Brexit’ por la presión de los Estados

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Bruselas apunta alto en la negociación del Brexit. La Comisión Europea ha endurecido su postura inicial respecto a los dos asuntos fundamentales del divorcio: saldar las cuentas pendientes y garantizar los derechos tanto de los europeos residentes en Reino Unido como de los británicos que viven en la UE. Así lo revela el mandato de negociación aprobado este miércoles por el Ejecutivo comunitario, que incorpora nuevos conceptos de pago o partidas magnificadas respecto a cálculos anteriores y blinda los derechos de ciudadanía incluso para aquellos que se muden a Reino Unido hasta el mismo día de su salida de la UE. El negociador jefe, Michel Barnier, es consciente de las exigencias que plantea, pero advierte de que, sin pactar esos dos capítulos, el proceso “puede explotar”.

Barnier ha comparecido en Bruselas para despejar dudas sobre las dificultades del camino que queda por delante. “Algunos han creado la ilusión de que el Brexit no tendrá impacto, que se puede negociar rápido. No es el caso”, ha zanjado el excomisario francés, en una alusión velada a la inquietud con que salió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de la complicada cena que mantuvo la semana pasada con la primera ministra británica, Theresa May, y en la que participó el propio Barnier. El texto exige al Gobierno británico una perspectiva clara de desembolsos anuales para arreglar las cuentas y sostiene que todos los ciudadanos europeos que recalen en Reino Unido antes de la salida efectiva de la UE, el 30 de marzo de 2019, tienen derechos adquiridos, que podrán invocar ante el Tribunal de Justicia de la UE hasta el día de su muerte. Reclamar la potestad de este organismo tras el Brexit constituye un anatema para las autoridades británicas.

Esa estrategia es más agresiva de lo previsto inicialmente. Han sido los propios Estados miembros, según diversas fuentes comunitarias, quienes han insistido en endurecer la posición de los Veintisiete. Holanda, Alemania, Francia y también España han reclamado que la salida británica no les cueste un euro —en el caso de España, que no le reste fondos— del periodo presupuestario 2014-2020. En derechos de ciudadanos, también España —junto a otros países del sur y los del Este— presionan para asegurar que los 4,5 millones de personas afectadas (3,2 millones de comunitarios en Reino Unido y 1,3 británicos en el resto de Europa) no sufran cambios. “Que puedan seguir viviendo como si el Brexit no sucediera”, esbozan fuentes de la UE.
Un año de espera

La dureza del tono adoptado en Reino Unido y la falta de premura para despejar las incertidumbres —la verdadera discusión no arrancará al menos hasta después de las elecciones británicas del 8 de junio, casi un año después del referéndum del Brexit— han exasperado a los Estados miembros, que exigen ahora un pago exhaustivo de todos los compromisos adquiridos en la UE de 28 Estados antes de que se produzca la salida (entre ellos, el pago millonario a Turquía por la acogida de refugiados que se irá desembolsando durante muchos años). Incluso piden que Londres cubra los gastos que generará el traslado de las dos agencias comunitarias que ahora alberga y que deberán reubicarse en otros países comunitarios (España aspira a acoger la agencia del medicamento). Bruselas niega, además, que Reino Unido pueda recibir compensación alguna por los activos comunitarios (edificios y otras propiedades de la UE) a los que ya no tendrá acceso y que se abonaron con dinero de los Estados, incluido el británico. La Comisión estaba inicialmente abierta a discutir sobre este capítulo.

Barnier ha rehusado ofrecer una estimación de cuánto suman esos compromisos financieros ya adquiridos por Reino Unido y que se materializarán en el futuro. Son básicamente tres conceptos: partidas presupuestarias ya acordadas para el periodo 2014-2020 (por ejemplo, fondos europeos para el desarrollo rural en España), derechos de pensión de los funcionarios europeos (tanto británicos como del resto de Estados) y préstamos otorgados en nombre de la UE (por ejemplo, el crédito millonario concedido a Ucrania en 2014). Un cálculo informal del Ejecutivo comunitario los situaba en unos 60.000 millones de euros, pero este mismo miércoles el diario británico Financial Times apunta a datos más elevados, en el entorno de los 100.000. La evolución casa con esa estrategia de endurecer el punto de partida antes de sentarse a la mesa con los británicos.

Para evitar tensiones con las cifras, esta primera parte del proceso se centrará en pactar un método de cálculo, sin especificar cantidades concretas. Pero será difícil que Londres acepte un modelo sin tener certeza sobre la cuenta final. Como guiño a los negociadores británicos, Barnier ha aludido a la pasión montañera que comparte con Theresa May para concluir que ambos conocen la fórmula del éxito: ir pie detrás de pie y salvar los accidentes del terreno.

Lucía Abellán


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