Óscar Castilla
Jonatha Castro
Ojo-Público.com
La Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) realizó operaciones de vigilancia, seguimiento y escucha de las comunicaciones del ex presidente Ollanta Humala, de su esposa Nadine Heredia y del comando político y económico de su campaña en las elecciones presidenciales del 2011 para descubrir si el origen de su financiamiento era el gobierno de Venezuela u otras compañías del extranjero y para conocer el manejo del dinero en el interior del Partido Nacionalista.
Las interceptaciones telefónicas fueron ejecutadas por un equipo especial de inteligencia de la Policía Antidrogas (conocido como SIU, siglas de Sensitive Investigative Unit) y efectivos de escucha del programa Constelación, como se conoce al Departamento Técnico Judicial de la Dirandro (Deptejud), a cargo de la recolección de las comunicaciones en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada.
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La Policía Antidrogas bautizó a esta operación, una de las más secretas y sorprendentes de los últimos años, con el apelativo de Caso Humo, en clara referencia al entonces candidato Ollanta Humala. Nuestro equipo accedió al expediente madre que elaboró la Dirandro al finalizar las escuchas –150 páginas con las transcripciones resumidas de más de 540 audios seleccionados en tres meses de interceptación– y estableció que aquellas se iniciaron en marzo del 2011 y continuaron hasta mayo del mismo año.
La Dirandro –según las transcripciones redactadas por los analistas de Constelación en dicho expediente– escuchó los diálogos de los celulares y fijos de Humala (bajo el apelativo de ‘Humo’ en los documentos); Nadine Heredia; su hermano Ilán Heredia; el abogado de la pareja presidencial, Eduardo Roy Gates; el ex coronel EP Adrián Villafuerte; la periodista y ex jefa de prensa del Partido Nacionalista, Cynthya Montes; el tesorero de dicho partido, Mario Julio Torres Aliaga; el suboficial PNP Hermógenes Pérez Mego; y un hombre de máxima confianza de Humala en el Ejército, Amílcar Gómez Amasifuén (llamado ‘Chicho o Amílcar’ en el expediente), entre otras personas.
También fueron interceptadas las comunicaciones de Jorge Ávila Rivera, un poblador del Alto Huallaga que fue considerado uno de los testigos claves en la violación de los derechos humanos por parte de Humala, mientras era capitán del Ejército en la base de Madre Mía en los años 90. Este personaje luego fue procesado por cambiar su versión a cambio de dinero al igual que Gómez Amasifuén.
La operación iniciada en marzo se canceló a dos semanas de la segunda vuelta del 5 de junio del 2011, cuando se preveía que Humala iba a ganar los comicios. Al término de las escuchas, la Policía Antidrogas contaba con una colección de audios y transcripciones que establecen que el Partido Nacionalista tenía un constante flujo de dinero que era manejado en las sombras por Ilán Heredia, cuñado de Humala, y que era desviado por Mario Torres Aliaga, tesorero oficial de la campaña, para cubrir gastos ilícitos que no formaban parte de la campaña presidencial.
Las escuchas de la Dirandro, realizadas día y noche durante las convulsionadas elecciones de aquel año, también establecieron que Humala, su abogado Eduardo Roy, su cuñado Ilán Heredia, su vocera Cynthya Montes y el tesorero Mario Torres conocían y participaron en la compra de testigos vinculados a las supuestas violaciones de los derechos humanos que Humala cometió siendo capitán del Ejército en el Huallaga. El ahora ex presidente fue absuelto por la Corte Suprema de estos cargos.
Algunas de las transcripciones revelan que Humala planificaba reuniones secretas con el militar Gómez Amasifuén. Este último fue su lugarteniente en el levantamiento contra Alberto Fujimori en el 2000 y que actualmente es conocido como uno de sus operadores en la compra de los testigos que lo habían acusado por violación de derechos humanos en la base de Madre Mía. En casi todas sus conversaciones, Humala trata de evitar ser reconocido como el interlocutor de Gómez Amasifuén, quien entonces asistía a juicio por sobornar a los testigos del caso Madre Mía.
Otras transcripciones revelan que los principales integrantes del equipo económico de Humala, incluida Nadine Heredia y su hermano Ilán, hablan de dinero procedente de Suiza, de visitas de ejecutivos brasileños y de programación de viajes a Brasilia, capital del vecino país, en plena campaña presidencial. En aquella época, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña, ya había entregado millonarios montos de dinero a la pareja presidencial.
La operación de interceptación, impulsada por el entonces fiscal supraprovincial Marco Guzmán Baca y aprobada por el Poder Judicial, se desarrolló entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones que enfrentó a Keiko Fujimori y Humala en el 2011, quien finalmente ganó la presidencia. La escucha se originó en el marco de la operación de espionaje contra un personaje vinculado al cabecilla terrorista Florindo Flores Hala ‘Artemio’ en el Alto Huallaga y que además tenía contactos con el Partido Nacionalista.

Clave. Ilán Heredia, hermano de Nadine Heredia, maneja las finanzas del Partido Nacionalista desde las sombras, según las escuchas.
Este personaje, identificado como Julio Méndez, un maderero del Huallaga, permitió a la Dirandro llegar al militar Gómez Amasifuén (hombre clave en el pasado de Humala en el Ejército), quien entonces tenía un juicio en la Sala Penal Anticorrupción por sobornar a los testigos que acusaban al entonces candidato por asesinatos en Madre Mía en el marco de la lucha contraterrorista. Después de obtener el permiso judicial para escuchar a Gómez Amasifuén, la Policía Antidrogas se sorprendió con los contactos de alto vuelo de este último.
La Dirandro, dirigida entonces por el general PNP Carlos Morán, estableció que Gómez Amasifuén se comunicaba constantemente por celular con tres personajes claves para el candidato Humala: el ex coronel EP Villafuerte (nombrado asesor presidencial en su gobierno), la periodista Montes (elegida luego como secretaria de prensa de Palacio de Gobierno) y el contador Torres Aliaga (quien también ocupó un importante cargo en el entorno presidencial).
Inmediatamente después la Policía Antidrogas obtuvo la autorización judicial y el programa Constelación empezó a grabar las comunicaciones de Villafuerte, Montes y de Torres Aliaga. Fue en este momento que el caso alcanzó al hoy ex jefe de Estado.

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