Escribe: César Romero

El nuevo sistema judicial anticorrupción, que coordina la juez superior titular Susana Castañeda Otsu, asumió esta semana el control judicial del caso Lava Jato en el Perú, como estaba previsto desde fines de diciembre del 2016.

Son en total 14 jueces titulares, con oficinas en la sede Carlos Zavala, al costado de Palacio de Justicia, en el Centro de Lima. Ellos tendrán a su cargo el control de la investigación y el posterior juzgamiento, sentencia y apelación de los procesos de corrupción con repercusión nacional.

Debieron empezar a trabajar el 30 de marzo, pero hubo resistencia en el Ministerio Público y en los jueces de la Sala Penal Nacional, que estaban viendo el caso Lava Jato. Esto obligó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a dictar una norma que precisa la competencia de cada sistema especializado.

A partir de ahora ya no veremos en acción a los jueces Richard Concepción Carhuancho o Ricardo Manrique Laura en casos de corrupción. Ellos seguirán conociendo casos de crimen organizado y lavado de activos.

Los nuevos jueces

Los procesos por las coimas de Odebrecht en la Interoceánica Sur y Norte, el Metro de Lima, Ositran y la vía Costa Verde-tramo Callao serán vistos por este nuevo sistema.

Del nuevo sistema son tres jueces de investigación preparatoria, es decir, son los que controlan el plazo de la investigación fiscal y atienden las medidas urgentes: prisión preventiva, impedimento de salida del país, cauciones, levantamiento del secreto de las comunicaciones, embargos, entre otros.

Los nuevos jueces de investigación preparatoria para casos de corrupción son María de los Ángeles Álvarez Camacho, Juan Carlos Sánchez Balbuena y Manuel Antonio Chuyo Zavaleta. A pedido de la fiscalía, el lunes, el juez Chuyo levantó el secreto de las comunicaciones del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El miércoles, el juez Concepción Carhuancho remitió a estos juzgados el expediente de prescripción del delito de tráfico de influencias que promueve la defensa del “colaborador eficaz” Jorge Simoes Barata. Mediante sorteo electrónico se adjudicará a un nuevo juzgado.

Juicio y sentencia

Luego, otros cuatro jueces unipersonales para juzgamiento y sentencia de los casos anticorrupción. Estos mismos jueces se constituirán en cuatro colegiados cuando llegue el momento de juzgar a los funcionarios implicados en las coimas de Odebrecht.

Ellos son los doctores Nayko Techy Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura, Lisdey Magaly Bueno Flores y Fernanda Ayasta Nassif. La doctora Ayasta fue el 2003 consultora de la procuraduría ad hoc del caso Fujimori-Montesinos.

En el segundo nivel de este subsistema especializado habrá dos salas penales de apelación. Allí están la propia Castañeda Otsu y los jueces Emérito Ramiro Salinas Siccha, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, Oscar Manuel Burga Zamora, Luz Victoria Sánchez Espinoza, Jorge Fernando Zavala Cerdán y Marco Antonio Angulo Morales. Sánchez Espinoza integró el subsistema anticorrupción que vio las investigaciones y juicios a la red Fujimori y Montesinos. Entre otros casos, tuvo a su cargo la investigación al grupo Colina.

En lo inmediato, estos dos colegiados de apelaciones verán la impugnación a la prisión preventiva del presidente regional del Callao, Félix Morenio, por los presuntos sobornos por la adjudicación de la vía Costa Verde, tramo Callao.

Los nuevos juzgados no afectan el trabajo del Ministerio Público, donde desde hace años funciona un sistema nacional especializado en casos de corrupción.


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