Karem Barboza Quiroz

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, debía resolver hoy el pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias solicitado por Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht para Latinoamérica.

Barata es procesado en nuestro país por el presunto pago de coimas que habría efectuado la constructora a cambio de ser beneficiada con la licitación de diversas obras públicas en el período 2005–2014.

Sin embargo, la audiencia se suspendió luego que el magistrado dio cuenta que por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), todo el Caso Odebrecht había pasado de la Sala Penal Nacional a los nuevos juzgados del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La decisión fue apelada por el fiscal anticorrupción Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo especial del Caso Odebrecht, quien la consideró ilegal y contra las normas establecidas.

–La medida–
Si bien la apelación fiscal será resuelta por los nuevos juzgados nacionales anticorrupción, la medida –que ya generó un desacuerdo en el seno del Poder Judicial– ahora también enfrenta al Ministerio Público.

A través de la Resolución Administrativa 131-2017-CE-PJ, publicada hoy en las normas legales de El Peruano, se ordenó que los procesos judiciales en giro donde se evalúen delitos contra la administración pública (peculado, concusión, colusión, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros) sean enviados al nuevo sistema; es decir, a los nuevos juzgados nacionales anticorrupción.

Esta decisión fue tomada en mayoría por cuatro de los seis integrantes del CEPJ. Los otros dos discreparon rotundamente y alegaron que la medida viola las normas.

–Jueces en contra–
El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y los magistrados Ramiro de Valdivia, Augusto Ruidías y Rosa Vera se mostraron a favor de que los mencionados casos de corrupción, incluido el de Odebrecht, ya no sean vistos por la Sala Penal Nacional. En contra estuvieron José Luis Lecaros y Alfredo Álvarez.

Lecaros, explicó en su voto que según la Constitución, “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción determinada por la ley”. Díaz, en tanto, manifestó que la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales no es una facultad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

–En la fiscalía–
Fuentes de El Comercio en el Ministerio Público ligadas al Caso Odebrecht dijeron que están en contra de que los casos pasen a los nuevos juzgados nacionales anticorrupción. “Los mismos magistrados del Consejo del Poder Judicial han discrepado, hay cuestionamientos por el juez predeterminado por Ley”, indicaron.

También pecordaron que los jueces de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional ya tenían conocimiento de toda la investigación del Caso Odebrecht. La nueva medida, acotaron, solo alargaría las diligencias.

“Por ejemplo, el arresto provisorio en marcha de Alejandro Toledo, su extradición, de por sí tan dificultosas, pasan a quienes no conocen el asunto”, remarcaron nuestras fuentes.

Finalmente, recordaron que la coordinadora del nuevo sistema nacional anticorrupción, Susana Castañeda, “ya adelantó opinión al sostener que la colaboración de Odebrecht no tendría amparo normativo”.

Ello, explicaron, constituye una desventaja para el Ministerio Público, que viene usando la colaboración no solo de la empresa, sino también de sus directivos. “Estamos muy preocupados”, concluyeron.


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