Escribe: Lupe Muñoz

Los procesados por el más grave y cuantioso desfalco cometido durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en agravio de la Caja de Pensiones Militar Policial, han conseguido “quebrar” hasta en tres ocasiones el juicio oral.

Debido a las artimañas procesales practicadas por los imputados para alargar el proceso y evitar la sentencia, los delitos de colusión, asociación ilícita para delinquir y falsedad que se atribuye a los acusados, prescribirán este año.

Entre los enjuiciados se encuentra el ex primer ministro fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller, el ex comandante general de la Fuerza Aérea Danfer Suárez Carranza, el ex presidente de la Caja Militar vicealmirante en retiro Francisco Duffó Boza y el contralmirante en retiro César Iglesias Caminatti, entre otros.

La tercera vez que se “quebró” el juicio –es decir, el juicio oral se debe volver a iniciar desde cero– fue el 17 de enero de este año, cuando ninguno de los procesados, ni sus abogados, se presentaron a la audiencia convocada con mucha antelación.

La presidenta de la Primera Sala Penal Especial, Carmen Placencia Rubiños, debido a la ausencia de los acusados, resolvió citarlos nuevamente para el 20 de marzo.

El proceso se ha reiniciado lentamente con la lectura del expediente que está fechado en el año 2001. Esto significa ni más ni menos que hace 16 años que el Poder Judicial no concluye este caso con una sentencia firme.

Incluso uno de los principales imputados, Vladimiro Montesinos Torres, quien instaló una organización criminal en la Caja Militar que se apropió de millones de soles de los recursos de la institución, se acogió a la figura de la conclusión anticipada. Es decir, que aceptó los cargos, por lo que en la sesión del 24 de setiembre de 2014 recibió una condena de 5 años y 10 meses de prisión.

El ex presidente de la Caja Militar, contralmirante en retiro César Chávez Jones, también se acogió a la conclusión anticipada y fue sentenciado a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

Y, sin embargo, a pesar de las evidencias, el proceso judicial avanza poco o nada.

Haciéndola larga

De los 20 juicios relacionados con la Caja Militar, el que se le sigue a Juan Carlos Hurtado Miller es uno de los más importantes.

Cuando el fujimorismo lo lanzó como candidato a la alcaldía de Lima, Hurtado pidió a Montesinos que resolviera una deuda que mantenía con la Caja Militar.

Montesinos ordenó al entonces presidente de la institución, César Chávez, que le pagara a Hurtado a precio sobrevalorado unos inmuebles que había puesto en garantía a cambio de un préstamo.

La Caja Militar perdió 30 millones de dólares.

Durante el juicio, Vladimiro Montesinos y César Chávez, reconocieron que se usaron fondos de la Caja Militar para satisfacer el requerimiento de Juan Carlos Hurtado Miller.

Por si fuera poco, Hurtado aparece en un “vladivideo” en el que se observa a Montesinos entregándole 334 mil dólares en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Los fondos robados al presupuesto de las Fuerzas Armadas fueron para financiar la candidatura del fujimorismo.

A pesar de la contundencia de los testimonios y evidencias que acreditan los actos de corrupción, Hurtado no ha sido sentenciado.

La presidenta de la Primera Sala Penal Especial, Carmen Placencia Rubiños, ha citado a audiencia para el 10 de abril próximo, pero los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción y de la Caja Militar temen que los imputados nuevamente falten a la citación y de esta manera buscar “quebrar” el proceso judicial.

El propósito de los imputados es ganar tiempo porque en 2017 prescriben los delitos que se les atribuye, con lo que uno de los más graves casos de corrupción del fujimorismo quedaría impune.

Implicados

Los ex testaferros de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido y Juan Valencia Rosas aparecen entre los procesados.

Los ex gerentes generales de la Caja Militar Javier Revilla Palomino e Isaías Figueroa Escalante se suman a los procesados.

Juan Carlos Hurtado de Asín, hijo de Juan Carlos Hurtado Miller, es otro de los enjuiciados.

Procuraduría alerta sobre el proceso

”Es lamentable la lentitud como se lleva este proceso, porque se trata de uno de los casos más grandes de la Caja Militar”, afirmó la procuradora adjunta anticorrupción, Guisella Salas Casanova.

“Se ha ‘quebrado’ por tercera vez y los hechos ocurridos entre 1994 y 1998 corren el riesgo de que no se puedan juzgar porque están por prescribir”, informó Salas.

“Efectivamente, la última vez que se ‘quebró fue porque los procesados no asistieron a la audiencia. Pero la Procuraduría va a insistir manteniendo este juicio. Lastimosamente, con el tiempo no podemos hacer mucho, porque no se puede detener el tiempo aunque quisiéramos”, apuntó la procuradora adjunta.

Durante el proceso, tanto los abogados de la Caja Militar Policial, como el fiscal superior, José Díaz Cabello y la Procuraduría Anticorrupción participaron activamente ofreciendo medios de prueba, tales como declaraciones de testigos y peritajes técnicos.

Las evidencias ofrecidas, empero, no han motivado a la Primera Sala Penal a acelerar el proceso.

Varios de los procesados ya presentaron pedidos de prescripción.


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