Cecilia Valenzuela

Bajo la batuta de Keiko Fujimori, Fuerza Popular ha lanzado un petardo contra los derechos constitucionales y civiles que rigen nuestro país, por los que en la década de los noventa luchamos, unidos, peruanos de distintos credos políticos, edades, profesiones y niveles de ingreso. ¿Por qué un partido que se había esforzado en mostrarse renovado, lejos del populismo autoritario y la corrupción que lo signó, se empeñaría ahora en una ley mordaza, abusiva, vulgarmente inconstitucional? ¿Por qué proponerla en medio de la desgracia que vive nuestro país?

Aparentemente, lo único que este despropósito ha motivado, además del rechazo y los cuestionamientos de las instituciones que velan por la libertad de expresión en la región, ha sido un ejercicio de recordación tenaz de lo peor del fujimorismo. Pero, ¿es Keiko Fujimori tan ingenua? ¿Tan autodestructiva? O es que una intención mucho más perversa se esconde detrás del proyecto presentado por Letona y Aramayo.

Una abogada reputada como Letona tenía que saber que no podría, por ley, prohibir a un investigado desempeñar un cargo. La Constitución protege la presunción de inocencia, ella lo vive día a día en el Congreso y en su propio partido, donde hay un montón de investigados. Entonces, ¿lanzó lo de “los investigados” para tener con qué negociar? ¿Cuál es su objetivo? Imponer una veeduría que revise contenidos, ¿manejada por ellos?

El proyecto Letona-Aramayo es un globo de ensayo, por eso lo han lanzado cuando la ciudadanía está consternada por los desastrosos efectos de El Niño costero. Por eso no les ha preocupado evocar, de un solo brochazo, el pasado vergonzoso de su partido político, el mismo que a solicitud de la propia parte habrá que refrescar:

El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori envió tropas armadas a todas las redacciones y detuvo a periodistas: la reacción internacional lo obligó a retroceder públicamente, pero por debajo de la mesa le encargó a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que se hiciera cargo de controlar a la prensa.

Montesinos tuvo carta abierta para intimidar utilizando al grupo Colina, que enviaba amenazas de muerte hasta en arreglos florales, y para ahogar económicamente a los periodistas y a los medios incómodos.

La publicidad estatal fue utilizada como arma por el Servicio de Inteligencia y la publicidad privada, administrada por publicistas que servían de intermediarios entre el gobierno y los medios, también. Aun la Sunat se usó como herramienta de presión a través del ‘RUC sensible’.

Las primicias de los logros obtenidos por la policía, la cancillería, las FF.AA. se sorteaban en el SIN y las ‘geishas’ eran las únicas que tenían autorización para preguntarle al presidente sobre sus “éxitos”.

Ni siquiera durante la guerra del Cenepa se hizo una pausa en el favoritismo que descolocaba a los medios independientes. Solo los periodistas que no confrontaban al gobierno llegaron al PB1 en un avión de la FAP, los demás tuvimos que ir hasta Bagua en auto y luego, desde Santa María de Nieva, en peque peque. Eso sin contar con que los teléfonos de nuestras casas y de nuestras oficinas estaban intervenidos.

La prensa chicha, creada para difamar a opositores, fue financiada con parte del presupuesto asignado a las FF.AA. Y como vimos en los videos de la salita del SIN, el gobierno pagó millones en efectivo a los dueños de los canales de televisión y de algunos diarios, a cambio de su obsecuencia editorial. Tener sometida a la televisión le permitió a Montesinos diseñar el plan de la re-reelección y, de no mediar su propia ambición –le vendió armamento a las FARC en medio de la ejecución del plan Colombia–, casi lo consigue.

El populismo, cada vez más evidente en el sector keikista de Fuerza Popular, pretende cambios abusivos y autoritarios. Parece que del nuevo fujimorismo no va quedando nada.


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