Wilber Huacasi

El proyecto de ley 1027, presentado por las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, con el aparente propósito de proteger “las libertades y derechos informativos de la población”, es no solamente inconstitucional y peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, según el constitucionalista Roberto Pereira, sino también presenta problemas de vaguedad y ambigüedad, en opinión del experto Samuel Abad.

Inconstitucional

“Es un proyecto notoriamente inconstitucional porque pretende regular, desde el Estado, la objetividad, veracidad, oportunidad y pluralidad de la información, a través de una medida que es manifiestamente absurda”, expresó, en diálogo con La República.

En su opinión, en el proyecto hay una “presunción absurda” de creer que las personas condenadas por corrupción podrían influir en la línea editorial de los medios. “No hay ninguna conexión conceptual, probada, ni lógica. Es una intervención manifiestamente ilegítima”, apuntó.

“La medida también es absurda porque la Constitución peruana, a diferencia de otras constituciones, extiende expresamente el derecho a la libertad de información y expresión al derecho de fundar y dirigir un medio; entonces, eso determina que la protección también recae sobre las personas que deciden fundar o dirigir un medio”, explicó.

Peligrosa y ambigua

La iniciativa legislativa va más allá, al plantear que los investigados por corrupción en el Ministerio Público tampoco puedan ser directores o ser accionistas o tener algún cargo gerencial en los medios.

Pereira consideró que esta idea es muy peligrosa. “En el Perú es muy fácil denunciar a alguien por corrupción y es muy fácil también que le abran una investigación. Además, el sistema de justicia padece de serios problemas de corrupción”, subrayó.

El experto en derecho constitucional, Samuel Abad, sostuvo que el proyecto es también ambiguo, pues no precisa cuáles serían los delitos específicos de corrupción a ser sancionados y tampoco apunta los plazos, dejando entrever que alcanzaría a los que ya cumplieron su condena.

“Aquí hay un problema de vaguedad”, sostuvo, al tiempo de considerar que no es necesario legislar en este tema. “Hay temas más importantes para luchar contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos o dar limitaciones a la inmunidad parlamentaria”, apuntó.

El presidente de la mesa directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, cuyo libro es citado entre los argumentos del proyecto, se encargó de precisar que solo lo mencionan para desarrollar el concepto de la libertad de expresión y más bien advirtió que la iniciativa legal no está “suficientemente justificada”.

Posturas distintas

Letona, ayer, defendió su proyecto y aseveró que legisladores de otras bancadas, como Marissa Glave, estarían parcialmente de acuerdo. Esta última señaló a La República que considera como un grave error incluir a los procesados, pero sí podría debatir para el caso de los ya condenados.

De hecho, en el fujimorismo no hay una postura clara, pues Kenji Fujimori lanzó un mensaje en Twitter intentando marcar distancia, aunque su colega de bancada, Daniel Salaverry, subrayó que “este es un miembro más del Congreso”.


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