En las próximas semanas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones deberá resolver la solicitud presentada por la defensa de Nadine Heredia para que se retiren las normas de conducta que le impiden, entre otras cosas, modificar su lugar de residencia sin autorización judicial. Como se recuerda, estas prohibiciones fueron dispuestas por el juez Richard Concepción –a pedido del fiscal Germán Juárez– luego de que la ex primera dama viajara a Europa en noviembre del año pasado para asumir el puesto de directora de la Oficina de Enlace de la FAO, en Ginebra.

Antes del controversial viaje, el Ministerio Público la venía investigando por el delito de lavado de activos, junto al ex presidente Ollanta Humala y otras trece personas, por presuntamente haber desviado parte del dinero del financiamiento de las campañas presidenciales del Partido Nacionalista del 2006 y el 2011. Según la hipótesis fiscal, ese dinero tendría un origen ilícito y provendría del tesoro público venezolano y de constructoras brasileñas envueltas en actos de corrupción.

Prueba de ello serían los depósitos hechos por empresas venezolanas (Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores) a personas cercanas a Heredia, así como los US$215.000 que ingresaron en la cuenta de la ex lideresa del nacionalismo entre el 2006 y el 2009 por supuestos donantes que –según una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera– carecerían de respaldo económico. A esto se suman, además, las cuatro agendas de la ex primera dama en las que se consignan anotaciones –muchas aún por esclarecer– que incluyen montos que superan los US$8 millones.

Sin perjuicio de los indicios, ha sido el comportamiento poco colaborativo y hasta obstruccionista de la señora Heredia lo que ha motivado que, desde junio del año pasado, afronte la investigación con una serie de reglas de conducta.

Así pasó, por ejemplo, con las mencionadas agendas, que transitaron por un sinuoso camino desde la negación rotunda de la ex primera dama (“las agendas y su contenido no son de mi propiedad”), hasta el reconocimiento de la propiedad mas no del contenido de los documentos, para finalmente –y una vez que los peritajes no dejaban dudas de que Heredia había escrito en dichos cuadernos– terminar con la versión de que había tomado apuntes a pedido de su esposo.

También cabe recordar el intento de Heredia por adulterar su caligrafía durante los peritajes grafotécnicos y el secretismo que acompañó a su postulación y posterior nombramiento en la FAO. Una designación que, además, llamó la atención por la ausencia de credenciales de la ex lideresa del Partido Nacionalista para el cargo y la cercanía entre el ex presidente Humala y el director de la institución, José Graziano, ex ministro de Seguridad Alimentaria durante el gobierno de Lula da Silva, ex presidente brasileño y hoy investigado por el Caso Lava Jato.

A todo ello, se deben sumar nuevos elementos que tendrían que tener en cuenta las autoridades judiciales. Como, por ejemplo, la nueva estrategia legal que ha manifestado el flamante abogado de la señora Heredia, Wilfredo Pedraza, consistente en buscar la invalidez de las agendas como pruebas en el juicio por haber sido sustraídas de su propietaria original. Una forma para evitar explicar las anotaciones de millonarias cifras que aparecen en las agendas.

Y, principalmente, la confesión de Jorge Barata –ex representante de Odebrecht en el Perú– dada a conocer a fines de febrero por este Diario sobre aportes de US$3 millones que la constructora habría realizado a la campaña del 2011 del entonces candidato Humala y que, según el propio Barata, fueron coordinados y entregados a la señora Heredia.

El premio Nobel escocés Charles Wilson decía que la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón es nuestra conducta. Así, a la luz del comportamiento mostrado por la ex primera dama durante toda la investigación, y los demás indicios inculpatorios que pesan sobre ella, no hay sino motivos para rechazar el pedido de la defensa de la señora Heredia.


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