Magdalena Martínez

El Parlamento uruguayo se dispone a aprobar una ley con el apoyo de todos los partidos para reforzar el control sobre el consumo de alcohol. El proyecto busca prohibir la venta de licor entre las diez de la noche y las ocho de la mañana fuera de los bares, así como las happy hours y la publicidad en eventos deportivos. También pretende aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas, crear un estricto sistema de fiscalización y disponer la hospitalización automática de los menores que sean sorprendidos consumiendo licor de forma excesiva.

“No buscamos una ley seca, sino una política preventiva y educativa, con una política nacional de alcohol que apunte a la educación y la prevención”, afirmó la semana pasa en rueda de prensa la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, una de las integrantes de la comisión encargada de redactar el proyecto.

La batería de nuevas medidas viene a complementar la tasa cero de alcohol al volante que rige desde hace un año, con multas de más de 450 dólares y suspensiones de seis meses a un año del carné de conducir. Uruguay también ha reforzado las limitaciones al consumo del tabaco, con una de las legislaciones más estrictas de Latinoamérica y el mundo

En medio de este panorama de mayor control, la regulación de la venta de marihuana en farmacias, votada en el Parlamento hace más de tres años, sigue retrasada por causas indeterminadas. Cuando Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular la venta y producción de cannabis, el país sudamericano tomo la bandera en la región de la adquisición de derechos civiles, especialmente después de que legalizara el aborto y el matrimonio homosexual. Pero con la llegada al poder de Tabaré Vázquez, salido de la misma izquierda que su sucesor, el exguerrillero José Mujica (Frente Amplio), pero de talante mucho más conservador, la situación ha cambiado.

Vázquez, médico oncólogo de profesión, ha puesto la salud en el centro de buena parte de su gestión. Algunos resultados refuerzan el empeño: la lucha antitabaco que el presidente inició durante su primer mandato, entre 2005 y 2010, ha reducido el consumo de los adolescentes del 30,2% al 9,2% en un lapso de 11 años.

Pero el proyecto de ley sobre el consumo de alcohol que prepara el Parlamento se ha topado con críticas por su supuesto carácter “invasivo”. Una de las disposiciones más polémicas incluye la posibilidad de que los menores de edad sean trasladados a los servicios de emergencias de los hospitales si son sorprendidos bebiendo en la calle de forma abusiva. La ley ya prohíbe la venta de bebidas a los menores, pero no el consumo. Otra de las medidas dejaría a cargo de los propietarios de los bares la prohibición de la venta de alcohol a personas “en estado de embriaguez o con aparente anomalía psíquica”.

“Medidas restrictivas”

Para el sociólogo Sebastián Aguiar, profesor de la Universidad de la República, el nuevo Gobierno ha cambiado la política reguladora de las sustancias adictivas por una visión puramente restrictiva. El refuerzo de la fiscalización, la creación de un registro de infractores y una batería de sanciones y multas, planteadas en el proyecto, apoyan esa perspectiva.

“Hace ya tres años que el Ministerio de Salud, con diferentes subterfugios, incumple la ley de la regulación de la marihuana que incluye la venta en farmacias. Y eso es un síntoma de un Gobierno diferente donde se llegan a medidas contradictorias con la gestión anterior”, asegura Aguiar. “La regulación de la marihuana tenía como objetivo limitar el mercado negro y ahora sabemos que prohibir la venta de alcohol a los menores va a generar un mercado negro”. La nueva ley hace ante todo énfasis en los adolescentes, el sector de la población uruguaya que registra las peores cifras de pobreza y marginalidad. Uruguay tiene unas 260.000 personas, entre una población de 3,3 millones de habitantes, con problemas de alcohol, según cifras oficiales.


“Menos sal, más vida”

El Ayuntamiento de Montevideo prohíbe desde hace más de dos años la presencia en las mesas de condimentos con cantidades de sodio superiores a los 80 miligramos por cada cinco gramos de producto. Sólo pueden poner sal si el cliente lo pide expresamente; el incumplimiento de la normativa supone multas de unos 250 dólares. Una campaña oficial reza: “Menos sal, más vida, el consumo excesivo de sal de sodio es perjudicial para la salud”.


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